El modelo de gobierno universitario colombiano, el más antidemocrático de América Latina


 

 

Por:   Edwin Mauricio Villamil Garzón
Historiador
Integrante de la Federación Universitaria Nacional, FUN-Comisiones
edwin1898@hotmail.com

 

 

 

 

 

  Los modelos de gobierno universitario en América Latina tienen diferentes matices de un país a otro, aunque hay un consenso, deben ser las comunidades académicas y los estamentos universitarios quienes orienten los destinos de las universidades. En Perú, México, Chile, Venezuela, Paraguay, Uruguay y Costa Rica, los estudiantes y profesores tienen importantes representaciones en los máximos órganos de dirección. Igualmente, las decisiones trascendentales como la expedición de normas, la elección de rector o los planes de desarrollo son aprobados por espacios amplios y no por un reducido grupo como ocurre en Colombia.

En el presente texto se tomaron como punto de comparación la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Chile, la Universidad de Asunción, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de la República de Uruguay, la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Antioquia. Aunque se tienen en cuenta dos universidades consideradas como macrouniversidades, la UNAM y la UBA, también se retomaron instituciones similares a la Universidad de Antioquia en número de alumnos, estructura organizativa y presencia internacional como la Universidad de Costa Rica, la Universidad de Chile y la Universidad de Guadalajara.1

Es común escuchar en Colombia voces que argumentan que una amplia participación de estudiantes y profesores en la toma de decisiones de las universidades es perjudicial y contraproducente, arguyendo que tales estamentos carecen de argumentos, de proposiciones y que desconocen el funcionamiento administrativo de las instituciones educativas. En ese sentido, es curioso observar como en la Universidad Nacional Autónoma de México, la mejor en el escalafón por América Latina, o las universidades de Chile y Buenos Aires, números ocho y once respectivamente de América latina, los estudiantes participan ampliamente. Por tal razón, es inadecuado expresar que la participación de los estudiantes es contraproducente, ¿Acaso dichas instituciones van al precipicio por la participación de estudiantes y profesores? ¿Son inviables académica, administrativa y financieramente? Evidentemente el prob lema no es la participación de los estamentos universitarios, ello nos conduce a otros interrogantes ¿Será qué las personas que elaboraron la ley 30 de 1992 carecen de los mínimos preceptos de democracia? ¿Desconocen que es democracia universitaria? ¿Temen a la participación amplia en la toma de decisiones de las universidades?

En ninguna universidad puesta como ejemplo el empresariado participa en las decisiones internas, y los únicos países donde hay delegados del ministerio de educación son Costa Rica y Venezuela. Para evitar ser tildado de “izquierdoso recalcitrante” tomemos la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en un país gobernado por un partido de derecha (al mando de Alan García), la participación del estudiantado en el Consejo Superior es de ocho delegados que representan un tercio del total de integrantes.

Es de resaltar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Chile existen instancias amplias, deliberativas y decisorias denominadas asambleas universitarias, que son las llamadas a modificar la normatividad, definir los planes estratégicos y de desarrollo, y elegir a los rectores. En el cuadro No 1 se presenta la composición por estamento de dichas asambleas universitarias:3


En la Universidad de Guadalajara el Consejo General Universitario es el organismo encargado de aprobar el estatuto general, el plan de desarrollo institucional, crear, suprimir o modificar carreras y facultades, además de elegir el rector. Tal corporación está compuesta por 175 personas. En ese sentido es valido preguntarse ¿Cuántas personas eligen al rector de la Universidad de Antioquia? Ocho es la respuesta, entre las que no hay un sólo estudiante, y cinco de ellas son personas ajenas a la dinámica cotidiana de la universidad.

En Chile, Argentina, Uruguay, Costa Rica, Paraguay, Venezuela, Perú y México los gobiernos respetan la autonomía de las instituciones educativas. Asimismo, hay alta participación de estudiantes y de profesores en las decisiones académicas, administrativas y financieras de las universidades. En ninguno de los países enunciados, el gobierno central orienta, maneja o decide, ni mucho menos es mayoría en los órganos de dirección. El cuadro N° 2 muestra la composición de los consejos superiores, se dividió en sectores que hacen parte orgánica de la universidad y sectores extrauniversitarios:


Es tal el cinismo de cómo están constituido los órganos de dirección de las universidades públicas colombianas que el gobierno central no contento con un delegado del presidente tiene un delegado del ministerio, acaso ¿el Ministerio de Educación no hace parte del ejecutivo? ¿Será qué el señor viceministro de educación superior Gabriel Burgos Mantilla no hace parte del equipo ministerial del presidente Álvaro Uribe Vé lez? De las instituciones empleadas en la presente comparación la única que tiene delegados del presidente es la Universidad de Chile.

Lo que rompe todos los esquemas de la ignominia y la infamia es la delegación de un representante del sector productivo. En ninguna institución seria de América Latina los empresarios hacen parte del principal órgano de dirección, aunque tienen relación con la universidad, no codirigen la misma, sino que establecen alianzas estratégicas en comisiones asesoras, comités de apoyo, a través de parque empresariales, entre otros.

En la mayoría de universidades que se pusieron como ejemplo los consejos de facultad son unidades fundamentales, no sólo en el funcionamiento académico de las instituciones sino en lo concerniente a lo administrativo y político, debido a que de ellos se eligen delegados para las asambleas universitarios o los consejos universitarios, tal es el caso de la Universidad de Guadalajara, la Universidad de la República de Uruguay o la Universidad de Chile.

Las universidades latinoamericanas hacen énfasis en su Estatuto General o Ley Orgánica de la autonomía que gozan, al respecto, son dicientes las siguientes líneas del artículo 5 del Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción en el Paraguay:

“La autonomía implica la plena capacidad de la Universidad Nacional de Asunción para dictar los estatutos y normas que la rijan, determinar sus órganos de gobierno, elegir autoridades, ejercer las funciones de docencia, investigación y extensión, y las actividades administrativas y de gestión que en consecuencia sean desarrolladas”.7

La definición es muy parecida a de la Universidad de Guadalajara que expresa lo siguiente: “El Estado debe garantizar: I. La autonomía de la Universidad y su facultad de gobernarse a sí misma; II. El respeto a la libertad de cátedra e investigación; III. El libre examen y discusión de las ideas, y IV.

La administración de su patrimonio”.8 Entre tanto el estatuto de la Universidad de Chile en su articulo 1 reza lo siguiente: “La Universidad de Chile, Persona Jurídica de Derecho Público Autónoma, es una Institución de Educación Superior del Estado de carácter nacional y público, con personalidad jurídica, patrimonio propio, y plena autonomía académica, económica y administrativa”. En lo referenciado son claras las descripciones que cada institución tiene sobre autonomía, tales postulados son refrendados en la composición de los cuerpos colegiados u órganos de dirección. La autonomía no es una falacia, ni demagogia.

 

 Lo particular de la Universidad de Antioquia

En el año de 1994 fue promulgado el Acuerdo Superior No 1 o Estatuto General de la Universidad de Antioquia. Documento que es la carta de navegación y norma suprema que traza lineamientos básicos en torno a la estructura académica-administrativa, el bienestar universitario, el régimen financiero, los órganos de gobierno, el personal universitario y la filosofía de la institución. Previo al articulado se hace una exposición de motivos, se presentan los antecedes del estatuto, la metodología de construcción y unos aspectos que a consideración de la comisión que lo elaboró son centrales. En la exposición de motivos hay un planteamiento claro frente a cómo se concibió los órganos de poder para la universidad, al respecto:

“El Consejo Superior […] considera que la Universidad es un patrimonio de la sociedad, de la cual la comunidad universitaria constituye una parte muy importante. La función primordial de la Institución es la académica e, inclusive, la actividad política en ella debe tener una esencia académica y no electoral o partidista. Los órganos de gobierno de la Universidad son legales y legítimos. El Consejo Superior fue integrado por el legislador, de manera tal que fuese representativo de la sociedad”.9

La anterior aseveración nos lleva a formular varios interrogantes, ¿A quiénes considera el Consejo Superior la sociedad? ¿Acaso al delegado del Ministerio de Educación, o al delegado del sector productivo, quizá al delegado de los ex-rectores? ¿Será que la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Chile, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Central de Venezuela o la Universidad Nacional Mayor de San Marcos no son patrimonio de las sociedades a las que pertenecen? ¿Será qué la designación del delegado del sector productivo no tiene connotación política? ¿Acaso en el actual Consejo Superior Universitario no se mueven intereses partidarios? ¿Están ajenos los intereses burocráticos de la coalición de gobierno en el actual Consejo Superior? ¿El Consejo Superior se rige por intereses académicos? ¿Acaso son las personas externas a la universidad los miembros más prestantes y connotados de la comunidad académica y científica nacional o regional?

A pesar de la buena fe de los miembros que integraron la comisión que elaboró el Estatuto General, que estuvo conformada por eminentes profesores de la universidad, la concepción de democracia que construyeron terminó volviendo a la universidad en sirvienta de sectores y personas ajenas a la vida académica y científica, excluyeron de manera exagerada a los estamentos universitarios, y la participación de la sociedad no apareció por ningún lado. Es cierto que la ley 30 de 1992 dejo amarrada la composición de los órganos de dirección, entonces, ¿Para qué mantener en el Estatuto General lo que expresa el artículo 7?:

“La Universidad tiene derecho de darse y modificar sus estatutos y reglamentos; designar a sus autoridades académicas y administrativas; crear, ordenar y desarrollar sus programas académicos; definir y organizar sus políticas y labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y administrativas; otorgar los títulos correspondientes; seleccionar a sus profesores, empleados públicos y trabajadores oficiales, admitir a sus alumnos, y adoptar los correspondientes reglamentos; y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional. La autonomía se extiende a los regímenes contractual, financiero, presupuestal y de control interno, y a la definición de los actos de los órganos de gobierno de la Universidad y de los recursos contra ellos”.10

 


 

1 En el ranking mundial de universidades del año 2009 efectuado por Universia, aparecen ubicadas del siguiente modo las universidades empleadas en el presente artículo: Universidad Nacional Autónoma de México, puesto 44 del mundo; Universidad de chile 227, Universidad de Buenos Aires 291, Universidad de Guadalajara 385, Universidad de Costa Rica 386, Universidad de la República 530, Universidad de Antioquia 761, Universidad Nacional Mayor de San Marcos 906 y Universidad Central de Venezuela 1416. Si se retomará el ranking efectuado por The Center for World-Class Universities, of Shanghai Jiao Tong University, la única universidad que aparece es la UNAM entre el puesto 152-200. Consultado el 05 de enero de 2010, tomado de:
http://www.webometrics.info/top100_continent_es.asp?cont=latin_america

2El portal Universia tiene un Top para Latinoamérica en el cual aparece la Universidad de Antioquia en el puesto 36. Consultado el 08 de enero de 2009, tomado de http://www.webometrics.info/top100_continent_es.asp?cont=latin_america


3En la construcción del cuadro se utilizaron los siguientes documentos: Estatuto de la Universidad de Chile; Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México; Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Estatuto de la Universidad de Asunción; Ley de Universidades de Venezuela; Ley orgánica de la Universidad de Guadalajara; Estatuto Universitario de la UBA; y Ley No. 12549, Carta Orgánica de la Universidad de la República de Uruguay.
4En la Universidad de Chile se denomina Senado Universitario. En la Universidad Nacional Autónoma de México se denomina Consejo Universitario y en la Universidad de Guadalajara Consejo General Universitario.
5Corresponden a los 20 decanos, al rector, el director de posgrados, y a dos vicerrectores

 

7“Titulo I, Capítulo II: Autonomía universitaria”, Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción. Asunción, 12 de agosto de 2005, consultado el 03 de enero de 2010. Tomado de: http://www.una.py/pdf/estatuto-una-2005.pdf

8“Título I: de su personalidad, autonomía, fines y atribuciones”, Ley orgánica de la Universidad de Guadalajara. Jalisco, 15 de enero de 1994, p. 1, consultado el 2 de enero de 2010. Tomado de http://secgral.udg.mx/normatividad/ngeneral/Leyorganica.pdf

9Universidad de Antioquia, Estatuto General. Acuerdo Superior No 1 del 5 de marzo de 1994, Medellín, marzo de 1994, p. 13.
 

10 Ibíd., p. 19


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