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sábado, 22 de febrero 2020
22/02/2020
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A tener presente a la hora de marchar

El Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas crea espacios para la discusión entorno a las herramientas jurídicas que son de utilidad en caso de abuso policial y detención arbitraria en contextos de movilización así como la consolidación de una Red de Apoyo y Atención. 

El lunes 9 de diciembre, la conferencia dictada por dos asesores del Consultorio Jurídico Guillermo Peña Alzate llenó la silletería del Auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Horacio Montoya Gil (10-222). El profesor Fernando Velez Sepulveda y la profesora Lina María Noreña Castrillón se dirigieron a la comunidad académica para dotarla de herramientas jurídicas que podrían ser de vital importancia durante los procesos de movilización y protesta en los que viene inmerso el país.

Luego de las palabras del Decano, el asesor de práctica penal del consultorio y miembro de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Fernando Vélez Sepúlveda, felicitó a la institución por el acierto de crear un espacio para compartir el conocimiento que puede ser de utilidad en atención al momento que atravesamos y aclaró que la charla se dividiría en 2 momentos, uno que se concentra en las acciones prácticas e inmediatas en la movilización y frente a las agresiones, y la segunda estará más relacionada con el proceso legal que acarrean las detenciones y judicialización enmarcadas en este contexto. 

Según el profesor Fernando Vélez, el abanico de abusos y agresiones por parte de la autoridad denunciadas durante las jornadas de protesta del 21 de noviembre y el 4 de diciembre es amplio, van desde la retención de dispositivos celulares y la eliminación de información personal, pasa por las amenazas verbales de índole sexual hacia mujeres si continúan en su intención de protesta, hasta la agresión física y psicológica de quienes son conducidos y retenidos de manera arbitraria.

Es el Código Nacional de Policía la figura utilizada para justificar la mayoría de procedimientos y agresiones que tienen lugar en las movilizaciones, puesto que las detenciones registradas en estos contextos se amparan en la figura de “Traslado por Protección” consignada en el artículo 155. Dicha figura faculta a la policía para llevarse al ciudadano hasta un centro de traslado, entre otros casos, si se encuentra en estado de embriaguez o en estado de “exaltación o excitación” y represente un riesgo para su vida o la de terceros, perturbando la sana convivencia. Esta exótica figura es lo mismo que una captura, una limitación libertad y a la libre locomoción que no es presentada nunca ante un juez de control de garantías. 

El 4 de diciembre fueron conducidos hasta el CTP de Barrio Triste en Medellín un grupo de manifestantes que participaron de la marcha que finalizó en Ciudad del Río y que eventualmente se transformó en un bloqueo de la avenida las vegas. Algunos medios como El Tiempo y El Colombiano, hablaron en su momento de alrededor de 20 detenidos, el informe oficial de 45, el profesor Fernando Vélez asegura que se trató de 76. Sin embargo, dice él, la preocupación real la despierta el que es trasladado al bunker, pues lo más probable es que a este se le vaya a aplicar la figura de Captura en Flagrancia.

A quienes llevan a los CTP sólo pueden tenerlos retenidos por un plazo máximo de 12 horas y por lo general les suelen salir de allí con un comparendo por obstrucción a la vía pública o irrespeto a la autoridad. Frente al comparendo hay varias formas de actuar, primero se debe presentar un informe ante un funcionario de la defensoría, debe ser permitida la comunicación a los detenidos, no deben ser confinados en los espacios destinados para los infractores del código penal, y deben ser separados razón de su género, cosas que no siempre se cumplen, como que el traslado no debe hacerse efectivo si hay alguien que garantice el cuidado y control del sujeto en cuestión.

El profesor hace un llamado a acudir a un inspector de policía para evitar la sanción, puesto que el comparendo como tal no es una multa sino una orden a comparecer en los 3 siguientes días. Sin embargo, de las personas detenidas el 4 de diciembre, muy pocas se presentaron a comparecer para ver qué había por hacer frente a esa orden. Los asesores de práctica penal del Consultorio Jurídico se encuentra trabajando en la construcción de una cartilla que dote de argumentos y herramientas a los manifestantes para no tener que asumir una multa intransigente.

En caso de traslado, tener en cuenta 

El profesor Fernando recomienda hacer uso de lo que se tenga a la mano, si es previsible la agresión o el traslado hay que tratar de informar a la mayor cantidad de personas que la policía hará efectivo ese traslado. Gritar su nombre completo, número de identificación y número de contacto es una buena estrategia para que por solidaridad y ciudadanía las personas se contacten con familiares la víctima y con los superiores de los policías para garantizar un debido proceso, un buen trato y una pronta solución de la situación, y que no se quede ahí, sino que sean investigados los hechos y el posible abuso. 

Tenemos derecho a guardar silencio, a no responder interrogatorios de ningún tipo, los policías no son nuestros amigos; no firmen ningún documento, principalmente las llamadas actas de incautación, no se dejen incomunicar, estén alertas de los movimientos en el entorno, hay situaciones que pueden jugar a favor del detenido y en contra del procedimiento; cuiden sus pertenencias, en aras de la protección de información personal y para evitar falsas acusaciones. 

Traten de prevenir las detenciones, estén alertas de sujetos extraños, no anden solos, no anden incomunicados. Acérquense a las organizaciones competentes para la búsqueda de sus compañeros en caso de una detención o agresión, luego de ésta ser confirmada y debidamente registrada por los testigos. Hay un mecanismo consignado en la Ley 971 de 2005, el mecanismo de búsqueda urgente fue creado para prevenir una desaparición y puede ser activado.

La profesora Lina María Noreña empezó su conferencia aclarando que si bien la defensa de un procesado es labor de los abogados, es vital que se busquen los elementos probatorios que pueden favorecer a quien por motivos relacionados con la manifestación sea procesado y judicializado, que si bien no han sido muchos es imposible descartar que esa cifra no aumente. 

Pero… ¿Por qué motivos se judicializa en el contexto de la movilización?

El Terrorismo (art. 343, Código Penal) es un delito que tiene una pena de 10 a 15 años de prisión y se configura cuando se provoca o se mantiene en estado de miedo y zozobra a la población, mediante actos que pongan en riesgo la vida, la integridad física o la libertad de los individuos.  

Perturbación del transporte público (art. 353) quien por cualquier medio ilícito, imposibilite la circulación o dañe nave, aeronave, vehículo, o medio motorizado destinado para transporte público, colectivo o vehículo social. Pena de 4 a 8 años de prisión.

Obstrucción de vía pública (art. 353a) Quien por cualquier medio ilícito dirija, constriña, o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general las vías o infraestructura de transporte y ambiente o el derecho de trabajo, incurrirá en prisión de 24 a 48 meses.

Violencia contra servidor público (art. 329) el que ejerza violencia contra servidor público, por razón de sus funciones o para obligarlo a ejecutar u omitir algún acto propio de su cargo o realizar uno contrario a sus deberes oficiales incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años.

Esta figura abre campo a un elemento normativo que hace que el ejercicio de la manifestación social sea entendido como violencia contra servidor público en la medida que lo haga tolerar u omitir alguna de sus funciones, debido a la confrontación suscita, pero ¿bajo qué condiciones se  puede efectuar una captura? pues, cabe aclarar primero que la captura en flagrancia la pueden realizar particulares que deben dejar inmediatamente al capturado a disposición de la policía. Son 5 condiciones contempladas por el Código Procesal Penal:

  1. Cuando una persona es sorprendida y aprehendida durante la comisión de la conducta punible.

  2. Cuando la persona es sorprendida o individualizada durante la comisión o por señalamiento de la víctima u otra persona y capturada luego de persecusión.

  3.  Cuando la persona es sorprendida y capturada en posesión de objetos, instrumentos o huellas que permitan inferir fundadamente que ha cometido o hecho parte de la comisión de un delito.

  4. Cuando la persona es grabada cometiendo el acto punible.

  5. Cuando la persona es capturada en un vehículo utilizado momentos antes para huir del lugar del delito. 

La profesora Lina María llama la atención debido a que tenemos derecho a que se nos digan nuestros derechos, se nos informe el motivo de nuestra captura, se nos permita la comunicación y un abogado, pero también se nos debe garantizar nuestro bienestar y dignidad humana, por lo tanto, la omisión de uno de los anteriores constituyen una irregularidad en el procedimiento y puede dar pie a que un juez de control de garantías declare ilegal la captura.También es recomendable aprovechar de la mejor manera la entrevista concedida con el defensor en aras de que más adelante en el proceso sean más probables las irregularidades, no firmar el acta de verificación de derechos si se ha violado alguno. 

De igual manera, es importante que se haga efectivo el traslado y el examen pericial de medicina legal, documento que debe hacer la fiscalía cuando el capturado es maltratado o golpeado al sindicado y al policía. En audiencia, la policía argumenta que tuvo que usar la fuerza y ahí entra a jugar la justificación y la proporcionalidad en el uso de la fuerza. Hay que estar pendientes, cuando este tipo de eventos ocurren, de la presencia de cámaras de seguridad y de las grabaciones radiales de los policías, pues a ellos se pueden acceder los defensores para preconstituir la prueba. 

La identificación de los agresores y los capturadores es importante, pero suele ser ocultada por los mismos policías y agentes del esmad, razón que preocupa a la comunidad pues fue una inquietud recurrente durante el conversatorio. Los profesores aseguran que siempre es posible dar con el jefe del escuadrón, un cabecilla de la operación y que a partir de ahí es posible decantar hasta dar con el o los responsables de la agresión o el maltrato “alguien tiene que ser responsable de ese policía que estaba en Barranquilla con Ferrocarril, aquel día a esa hora”. 

Hay cámaras en todas partes, en cada local comercial, en casas, en vehículos, cada persona anda con una, es un buen apoyo pues así como sirven de material probatorio en el caso de un delito también sirven como evidencia en caso de abuso policial. Por último, se está trabajando en un proyecto de red de apoyo conformada por los profesores del área de penal departamento de prácticas dispuestos a abogar por nosotros en caso de ser judicializados -¡Ojo! Ojalá que no-, pero es importante que sepamos prevenir y reaccionar de la mejor manera frente a los acontecimientos y que podamos hacer todo lo posible para facilitar nuestra defensa

A continuación dejamos información de contacto de importancia que es importante tener con uno durante las épocas de manifestación. 


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