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lunes, 23 de septiembre 2019
23/09/2019
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Solicitante de refugio asesorado por el Programa de Protección Internacional recibe Protección Internacional del Estado Colombiano

 

En Resolución Nº 3762 del 15 de Julio de 2019, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en facultades constitucionales y legales, concedió el reconocimiento de la condición de refugiado a un solicitante asesorado por el Programa de Protección Internacional a Migrantes, adscrito al Consultorio Jurídico Guillermo Peña Álzate de la Universidad de Antioquia. Esta es la primera decisión que se emite por parte de Estado Colombiano, a uno de los casos acompañados por el Programa desde 2017.

Este reconocimiento significa que el migrante ahora es acreedor de una visa tipo M, la cual lo autoriza para ejercer cualquier ocupación legal en el país, incluida trabajar, así como acceder a la protección internacional pactada por diferentes países -incluido Colombia-. Esta decisión da luces para las demás solicitudes hechas y asesoradas desde el Consultorio Jurídico, puesto que el acceso a un tratamiento de salud es una de las razones más recurrentes por la que los usuarios que se acercan al Programa argumenta que debieron abandonar su país. 

El solicitante argumentó el 23 de Julio de 2018 que su principal motivo para salir de su nación fue la falta de condiciones para la adecuada atención en centros públicos de salud, aduciendo que en 2014 fue diagnosticado con una enfermedad que comprometía seriamente su vida y que por la situación que atraviesa su país le era imposible adquirir los retrovirales que requiere su tratamiento. 

Si bien la Convención Sobre el Estatuto de Refugiado de la ACNUR en 1951 y la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984 no mencionan directamente el padecimiento de enfermedades graves como un motivo para otorgar protección internacional, interpretaciones de la Declaración de Cartagena por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- y la Agencia de la Organización de Naciones Unidas –ACNUR-, a la par del análisis jurídico realizado por estudiantes y asesores en el Programa, permite argumentar que la situación que viven como Venezuela, donde se evidencia una crisis política, económica y social  que se refleja, entre otros aspectos, en la escases de alimentos, medicamentos y tratamientos médicos, permite elevar la solicitud de protección internacional por motivos de salud. Esto ha obligado a que personas con enfermedades catastróficas y ruinosas, incluso con enfermedades de atención básica no encuentren la atención que requieren en los centros hospitalarios de su país. Y se vean obligadas a huir de su país, pues de otra manera su vida e integridad personal se verían comprometidas.

El pasado 13 de mayo de 2019 -casi un año después- la CONARE (Comisión Nacional para los Refugiados) sesionó para estudiar, entre otras, la solicitud del asesorado en cuestión, y recomendó el reconocimiento de la condición de refugiado. Luego de haber gestionado con dificultad un salvoconducto y de hacerlo prorrogar en varias ocasiones, la resolución firmada por Adriana Mejía Hernández, Viceministra de Asuntos Multilaterales Encargada de las Funciones del Despacho del Ministro de Relaciones Exteriores resolvió la solicitud de manera positiva otorgando el reconocimiento de la condición de refugiado.

Desde el año 2018, el Programa de Protección Internacional viene ejecutando una estrategia de litigio e incidencia, respecto del procedimiento de refugio en Colombia. De un lado, se inició una investigación que, desde el Programa de Protección Internacional y el Semillero de Movilidad Humana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en 2018, encontró las debilidades normativas en el Título III, del Decreto 1067 de 2015, entre esas la no respuesta de las solicitudes en los plazos definidos y razonables.

Actualmente el Programa de Protección Internacional se encuentra ejecutando una estrategia de litigio en la que busca intervenir mediante acción de tutela, cada una de las solicitudes de condición de refugiado presentadas al Ministerio de Relaciones Exteriores desde el año 2017, partiendo de la afirmación de que la solicitud de condición de refugiado en Colombia está blindada por las garantías del derecho de petición, al ser esta una solicitud que se extiende al Estado, de ahí que, pese a que la norma 1067 no cuente con un plazo cierto para dar respuesta a tal solicitud, normas de jerarquía superior pueden llenar tal vacío.  

En este momento el Programa de Protección Internacional se encuentra esperando la respuesta de un derecho de petición interpuesto en aras de conseguir información actualizada de las solicitudes de refugio que ha recibido el Ministerio de Relaciones Exteriores, así como los fallos de segunda instancia de las tutelas interpuestas hasta ahora. Además, esperan presentar los hallazgos de la segunda parte de la investigación sobre el procedimiento de refugio en Colombia, la cual este año, se enfocó en los obstáculos administrativos del procedimiento. 

El Programa, sus estudiantes y asesores, siguen trabajando para que en Colombia se interprete de manera amplia y garantista la Declaración de Cartagena, se adapte el procedimiento de asilo a las obligaciones estipuladas en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y por lo tanto a la Constitución Política para proteger los derechos de todos los individuos que están en el territorio.


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