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jueves, 22 de octubre 2020
22/10/2020
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Durante ambos Estados de Emergencia no se priorizó el interés público

“La legitimidad tiene una relación directa con la democracia. Hace parte de la democracia, la participación activa. Y algunas formas de participación son la descentralización, separación de poderes y participación democrática del gasto público social”, Andrés Felipe Pulgarín Arias.

Por: Lourdes Cruz Cárdenas -Facultad de Ciencias Económicas-

No hay duda que los dos periodos de Estado de Emergencia declarados por el presidente Iván Duque Márquez mediante los decretos 417 y 637 de 2020, que hacen referencia a la protección de los efectos negativos ocasionados por la pandemia sobre la economía y la sociedad, se acogieron a la Constitución y la ley y, que sus motivaciones fueron acertadas. 

Pero durante los Estados de Emergencia no se priorizó el interés público sobre algunas medidas económicas y, además, se exceptuaron principios de legitimidad y principios democráticos entendidos como, la participación activa y la descentralización de los recursos destinados a contener los efectos de la emergencia sanitaria.

Andres PulgarinEn ese sentido, consultamos al profesor Andrés Felipe Pulgarín Arias de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, para ampliar el análisis en torno a la legitimidad y los principios democráticos exceptuados en algunos decretos expedidos por el Gobierno Nacional, en medio del Estado de Emergencia.

De acuerdo con el profesor, una vez el Gobierno declaró el Estado de Emergencia las acciones que en adelante ejecutara vía decretos legislativos expedidos, deben tener una proporción y protección de los derechos humanos acorde con la situación de emergencia preservando los principios de legitimidad. Sin embargo, decretos como el 558 del 15 de abril y el 802 del 4 de junio de 2020 asociados al aporte del 3% para pensión, “son decretos que rompen el principio de la proporcionalidad porque desmejoran derechos sociales de los trabajadores”, afirmó.

En la foto:  el profesor Andrés Felipe Pulgarín Arias

Es decir, el aporte a pensión es del 16% que, en el caso de los trabajadores dependientes, un 12% lo asume el empleador y el 4% el empleado. Con los decretos, el aporte pasa al 3% considerando la situación que atraviesan las empresas; pero según el experto, esto disminuye el promedio pensional de un trabajador en tanto, “al aportar menos a pensión se afecta el Ingreso Base de Cotización para una futura pensión”, dijo Pulgarín. Y aunque tres meses no sean representativos frente a toda una vida laboral, esto puede afectar a las personas próximas a pensionarse.

Así mismo, Pulgarín indicó que el decreto 677 del 19 de mayo de 2020, estuvo fuera de la proporcionalidad del tiempo ya que fue tardío en su objetivo de proteger el empleo y apoyar el pago de la nómina, pues las empresas debían cumplir con dos condiciones para acceder al subsidio a la nómina. Uno era la disminución del 20% en sus ingresos y dos, mantener la planta de trabajadores en un 80%. Situación poco probable para las empresas Mipymes, por ejemplo, “porque cuando el Gobierno anuncia el apoyo, estas ya han terminado los contratos por llevar mes y medio sin recibir ningún recurso”, sostuvo Pulgarín.

Cabe resaltar que, el país ajustó dos periodos de Estado de Emergencia el pasado 6 de junio y ahora; el estado es de normalidad, pero bajo una emergencia sanitaria, que no es lo mismo. Por eso, manifestó Pulgarín, “el presidente no tiene facultades especiales hoy y sólo puede expedir decretos ordinarios (no legislativos) para salir de la emergencia sanitaria”; así que, el Congreso es el único que puede expedir leyes.

Por lo tanto, principios democráticos como el control político y el ejercicio legislativo son objeto de críticas por estos días, toda vez que, “el Congreso de la República no ha hecho suficiente control político sobre los decretos legislativos y eso fragmenta la democracia desde el poder legislativo colombiano”, agregó Pulgarín. Y aunque el país se encontraba en Estado de Emergencia, eso no significó la suspensión del poder legislativo.  

Entretanto, parte de los recursos económicos del país se centralizaron en el Fondo para la Mitigación de Emergencias FOME, donde el Estado acudió a reservas provenientes, entre otros, del Fondo de Ahorro y Estabilización – FAE – que es alimentado en su totalidad por los recursos de regalías de los departamentos y para Pulgarín, esto permite descapitalizar empresas del sector público,  “lo cual hace que los entes territoriales se queden sin recursos de forma directa para sufragar la crisis y parte de lo que implica la asistencia en clínicas, es con recursos de los entes territoriales”, precisó el profesor.

Ahora bien, la crisis actual amerita prioridades y el cuidado de los recursos, pero el decreto 811 de 2020 plantea, de acuerdo con Pulgarín, la venta de empresas rentables para comprar otras que no lo son, situación que parece ir en contravía de las necesidades relacionadas con la emergencia sanitaria, pues se convierte en un riesgo económico para el país en un futuro.

Es decir, explicó Pulgarín, “si el Gobierno tiene vía libre en venta e inversión de activos, puede generar un aumento en el déficit fiscal y dificultades económicas futuras y es que, salir de un activo rentable para invertir en uno no rentable, es un riesgo para las finanzas públicas”. 

Adicional, el decreto 516 de 2020 habla de la disminución en un 20% de las cuotas de pantalla, esto significa, que la programación nacional durante el Estado de Emergencia debía ser del 20 % en su totalidad. Medida que no tiene relación directa con las acciones para contener los efectos de la pandemia y que, en días pasados, fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional por no encontrar motivación suficiente para su fijación.  

Finalmente, el Estado debe proteger los derechos de todos los ciudadanos en todo el territorio, evitando una función centralizada, además de priorizar el bien común y social antes que el interés económico de unos pocos; entendiendo que la crisis requiere ser atendida en todos sus frentes con políticas públicas que apelen al interés público, como valor superior para afrontar la emergencia sanitaria, social y económica que vive el país.

Imagen de índice tomada de: https://pixabay.com/es/

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