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martes, 12 de noviembre 2019
12/11/2019
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¿Cómo fundamentar el derecho a pensión de las personas con discapacidad?

El profesor Johan Andrey Rodríguez sustentó el pasado martes 13 de agosto su tesis doctoral, es el primer aspirante a doctor de la primera cohorte del Doctorado en Derecho de la Facultad

El 13 de diciembre de 2006 fue aprobada la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, modelo social de la discapacidad que invierte el panorama que antes se tenía de la misma. Desde ese momento se contempla la discapacidad no como una condición inherente de la persona, sino que está generada por los entornos –estructurales y sociales- que obstaculizan sus capacidades.

Para Johan Andrey Rodríguez Rodríguez, docente y estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, este modelo social de la discapacidad dio pie a grandes avances jurídicos en el reconocimiento de los derechos de esta población, muchos de los que son acreedores por el mero hecho de ser seres humanos, seres sintientes. Uno de esos derechos es la pensión.

En un principio, para hablar del tema de pensión, hay que esclarecer una diferenciación entre los conceptos de discapacidad e invalides: el primero, la discapacidad, es un asunto mucho más amplio puesto que arrastra consigo un estigma, una condición de exclusión estructural y social, mientras que la invalidez se ciñe únicamente a la perdida porcentual de la capacidad laboral.

La pensión más mentada en este país es la pensión de invalidez, concedida a quienes han perdido la capacidad laboral en un porcentaje igual o mayor al 50%. Lo anterior sugiere que las personas que acceden a esta pensión adquieren la invalidez trabajando o mientras se encontraban empleados y contribuyendo al sistema pensional, caso distinto al de una persona que no adquirió su discapacidad sino que nació con ella y le significó un impedimento para hacerse de un trabajo estable.

Otra pensión relacionada con la discapacidad es la pensión anticipada de vejez por hijo discapacitado, una prestación social a la que pueden acceder padres o madres que a su cuidado tengan una persona con algún tipo de discapacidad y que hayan cotizado un mínimo de semanas al régimen pensional al que se encuentren afiliados (1300 en el público y 1150 en los fondos privados).

Si bien la norma tenía un propósito bien intencionado –que la madre o el padre pudiera acompañar a su hijo con discapacidad-. Sin embargo, quien desee ser acreedor de esta pensión igual tenía que haber cotizado durante más de 25 años, en los cuales no pudo estar completamente presente en la infancia y adolescencia de ese hijo, desdibujandose así el propósito normativo.

No fue hasta la Sentencia T-623 de 2016 que la Corte Constitucional parece comprender el modelo social de la discapacidad. Pensando en la pensión de sobreviviente para hijo o hermano de persona con discapacidad, se llegó a la conclusión de que las personas con discapacidad han tenido históricamente  demasiadas barreras para acceder al mundo laboral y, por lo tanto, es de vital importancia que las personas con discapacidad puedan acceder a un trabajo que le garantice este y otros derechos.

La pensión anticipada de vejez por deficiencia es una pensión pensada –esta sí- para las personas con discapacidad. A través de esta se pretendía que las personas con alguna deficiencia física, mental o sensorial, tengan un menor requisito menor para acceder a una pensión. Así, pasaron de ser 1300 a 1000 semanas, 20 años de cotización –Cosa que en Colombia es dificilísima incluso para las personas sin discapacidad a quienes suelen emplear con mucha más facilidad que a las personas que sí.

Hasta ahora, han sido completamente obviadas del marco jurídico y del tema de pensiones aquellas personas que, aún con la absoluta disposición estructural requerida, nunca podrán ser empleados: las personas con discapacidades severas. Esto se traduce en la imperante necesidad de una alternativa a la cotización para poder pensionarse.

En estos antecedentes y en este contexto se apoyó el aspirante a Doctor por la primera cohorte del Doctorado en Derecho de la Universidad de Antioquia Johan Rodríguez, estudiante y docente de la Facultad, que el pasado martes 13 de agosto sustentó el proyecto de investigación que, tras ser aprobado por el “Post Doc” Jaime León Gañán y la Doctora Maria Cristina Gómez Isaza, será su tesis doctoral.

Los objetivos de Rodríguez son clarísimos: Fundamentar un derecho a la pensión para personas con discapacidad. Para esto primero deberá rastrear la historia de estos conceptos (discapacidad, dignidad y pensiones) y construir, de la mano de las personas con discapacidad y sus cuidadores el concepto de dignidad humana y definir la fundamentalidad de este derecho en cuestión.

Anexo a esto, el Magister en Derecho pretende crear una propuesta de pensión no contributiva para las personas con discapacidades severas. Este trabajo fue cimentado en una metodología hermenéutica que hace una interpretación de la ley ya existente, los referentes teóricos presentes en ese limitado nicho epistemológico y las experiencias, sentimientos, deseos e interpretaciones de las personas con discapacidad y sus cuidadores, en aras de definir esa dignidad humana.

Los jurados de este encuentro y el Coordinador del Doctorado, Gabriel Ignacio Sánchez, felicitaron al profesor Johan y reconocieron la pertinencia de este trabajo que, en palabras de la profesora Maria Cristina “busca develar que en el sistema de pensiones colombiano no hay cabida para las personas con discapacidad”.

 


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