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viernes, 14 de diciembre 2018
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La Facultad participa en Audiencia Pública de la Corte Constitucional

Viernes, 9 de noviembre, 2018
Por Carolina Sánchez Álvarez - Periodista 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UdeA 

En el marco de las estrategias de seguimiento al estado de cosas inconstitucional, declarado por la Corte constitucional por primera vez en 1998, mediante la sentencia T-153, ante la crisis de hacinamiento y vulneración masiva y sistemática de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, el cual fue ratificado posteriormente mediante las providencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015, en tanto consideró la política criminal colombiana como reactiva, populista y subordinada a la política de seguridad, la Corte Constitucional realizó una audiencia pública en la cual la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UdeA participó en compañía de otras instituciones académicas, la Comisión de seguimiento de la sociedad civil a la Sentencia T-388 de 2013, órganos de control y autoridades estatales relacionadas con la problemática.

La corporación convocó a esta audiencia pública dentro del seguimiento al estado de cosas inconstitucional, y así propiciar la discusión “entre los actores de la política con relación a los logros, estancamientos o retrocesos en la efectiva protección de los derechos de las personas privadas de la libertad en el país”, asegura.

La audiencia giró en torno a cuatro ejes temáticos los cuales fueron: el estado actual de la vida en reclusión en Colombia; las medidas contingentes o de choque para la garantía de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad; el estado de los cuatro bastiones del seguimiento; y la coherencia en la política criminal.

En este último tema se enfocó la intervención de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, representada por su decano Luquegi Gil Neira, que fue invitada a participar de esta audiencia llevada a cabo el 25 de octubre de 2018.

Si bien en 1998 cuando se habló del estado de cosas inconstitucionales por primera vez, del cual su mayor expresión es el hacinamiento, la primera solución que se pensó fue la creación de más cárceles, hoy, 20 años después, aunque efectivamente hay más cupos carcelarios, está claro que la medida no ha sido efectiva, pues persiste una situación grave de hacinamiento y vulneración de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, además hay más personas que pueden llegan a prisión, en tanto se han creado nuevas conductas punibles, aumentado las penas y restringido los beneficios penitenciarios, sumado a una crisis de legitimidad de la justicia, por lo que la solución no pasaría por hacer más cárceles sino por revisar a fondo y seriamente la política criminal del Estado colombiano, explica el decano de la Facultad Luquegi Gil Neira.

Por esto, lo que propone la Facultad a la Corte Constitucional es que comience a intervenir en la política criminal, haciendo por ejemplo llamados al Congreso de la República y al Consejo Superior de Política Criminal, o en los juicios de constitucionalidad individuales que realiza la Corte sobre normas de carácter penal, pues es fundamental que empiecen a prevalecer principios constitucionales como el de proporcionalidad al momento de analizar la expansión punitiva, teniendo en cuenta que es la legislación penal colombiana una de las causas que originan y conllevan al mantenimiento del estado de cosas inconstitucionales en materia penitenciaria y carcelaria.

De esta manera, la crisis carcelaria que se expresa en el hacinamiento, es realmente el efecto de la llamada política criminal, por lo que la necesidad no pasa por seguir paleando los efectos de una situación que se origina, no en que las personas están hacinadas sino en la política criminal que está adelantando el Estado y que tiene como uno de sus efectos ese hacinamiento.

Por esto se vuelve de vital importancia que la Corte Constitucional mantenga el seguimiento a la situación penitenciaria del país, no solo por la posibilidad de visibilizar la misma, en el sentido en que son muchas las personas privadas de su libertad que sufren la vulneración de sus derechos fundamentales, sino porque la Corporación como guardiana de la constitución, tiene el poder emanar órdenes al Estado para superar este estado de cosas inconstitucionales.

En la audiencia participaron además de expertos de la academia, los órganos de control, la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la Sentencia T-388 de 2013, la Ministra de Justicia y del Derecho, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), el director general del INPEC, la directora general de la USPEC, el Fiscal General de la Nación, un delegado del Congreso de la República ante el Consejo Superior de Política Criminal y el Ministro de Hacienda y Crédito Público.

Se espera que en los próximos días la Corte Constitucional expida un pronunciamiento en el cual recoja lo que valoró de esta audiencia.

Trasmisión de la Audiencia Pública

Primera parte:

https://www.facebook.com/corteconstitucionaldecolombia/videos/164521497828351/

Segunda parte:

https://www.facebook.com/corteconstitucionaldecolombia/videos/257627974898144/

Tercera parte:

https://www.facebook.com/corteconstitucionaldecolombia/videos/2162425660715679/

 


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