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miércoles, 27 de mayo 2020
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El PPI señala la importancia de la inclusión de los enfoques migratorios al Plan de Desarrollo

Después de que el Ministerio Público le solicitara al PPI revisar con un enfoque migratorio el Plan de Desarrollo del alcalde Daniel Quintero, se evidenció que existen diversas necesidades que aún no han sido incluidas en el documento titulado “Medellín Futuro”.

El Plan de Desarrollo Municipal(PDM) es el documento en el cual se orientan y planifican las diferentes acciones, actividades y proyectos a realizar, y sirve de base para proveer los lineamientos estratégicos y objetivos de Gobierno de la Alcaldía Municipal durante el período 2020-2023, al tiempo que debe dar cumplimiento a las competencias de ley en materia de desarrollo, incluyendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Dichos objetivos hacen parte de la Agenda 2030 de Naciones Unidas,  parten del principio de “no dejar a nadie atrás”, y reconocen que la migración debidamente gestionada favorece el desarrollo. Ángela Mesa, Astrid Osorio y Juliana Betancur del Programa de Protección Internacional de la Facultad, realizaron un texto en el que advierten al Ministerio Público y a algunos concejales de la ciudad, sobre posibles falencias que vieron en el documento, el cual podría ser insuficiente para atender la realidad migratoria de la ciudad.

Las docentes, señalan que el rol que desempeñan migrantes y refugiados en las sociedades receptoras no se debe desconocer, subestimar o estigmatizar. Al menos 7 de los 17 Objetivos de la Agenda 2030 contienen compromisos relacionados con la migración y el desarrollo. La educación de calidad e inclusiva que promueva las oportunidades para todos y en todos los niveles; la búsqueda de la igualdad de género y empoderamiento femenino junto a la promoción de la lucha contra todas las formas de violencia y la explotación, deben ser reconocidos desde los enfoques migratorios.

Dicen también, se hace necesario promover oportunidades inclusivas y sostenibles que promuevan el empleo y el trabajo decente que vayan a la par con el desarrollo económico de la ciudad, lo cual implica que los gobiernos deberán adoptar medidas para la incorporación laboral de la población migrante en condiciones dignas y erradicar el trabajo forzoso. Propósito, que se relaciona con los ODS 10, 16 y 17 que buscan reducir las desigualdades, promover sociedades inclusivas y fortalecer las capacidades de los gobiernos para el desarrollo.

En ese orden de ideas, “es indispensable articular estos compromisos en la gestión de las migraciones en el Plan de Desarrollo Medellín Futuro. El desarrollo sostenible que se busca para la ciudad, debe y puede lograrse con los migrantes y refugiados mediante un proceso de integración en las comunidades de acogida, que, de un lado, promueve y de otro, repercute en el crecimiento económico e intercultural de la ciudad y el país” señalan.

Es por ello que los programas y servicios de la Administración Municipal deben tener en cuenta, las necesidades de la población, de acuerdo a los grupos de especial protección a los que pertenecen, esto es, distinguir las necesidades de los niños, niñas, mujeres, hombres, personas mayores, personas con discapacidad, así como personas LGTBIQ y, promover la interlocución con las comunidades de acogida y sus propios contextos y necesidades, por lo que sugieren  integrar a la población migrante en cada una de las políticas, programas y acciones, de manera transversal mientras se desarrolla una política pública que responda a la migración mixta.

Paralelo a estas acciones señalan que, en lo posible, se debe coordinar con otras administraciones de la región, para ser lo más abiertas y garantistas con la población migrante de cualquier nacionalidad en todo el Departamento.  Es importante que la Administración de la ciudad advierta en esta situación una oportunidad para reconocer a profundidad el fenómeno social de los flujos migratorios mixtos, con el fin de generar una capacidad institucional que identifique las distintas causas de la movilidad humana, y diseñe programas que atiendan a las más complejas situaciones de migración, especialmente, para quienes migran por la violencia o amenaza de sus derechos fundamentales.

 Por los motivos que generan su migración, la condición de esta población tiende a presentar mayor precariedad, en tanto que abandonan sus países de origen sin planearlo, sin documentación de viaje o pasaportes y sin recursos económicos que permitan la estabilización socioeconómica en el país receptor. Esto les impide acceder a mecanismos de regularización migratoria, como las visas o el Permiso Especial de Permanencia, impidiéndoles finalmente la garantía de otros derechos y, reproduciendo en la ciudad receptora, algunos de los padecimientos que generaron su migración.

Otra de las preocupaciones que se manifestaron en el texto fue el de la situación de los niños migrantes que se encuentran en Medellín, dadas las exigencias de requisitos formales y barreras administrativas para el efectivo acceso a la garantía de derechos, especialmente al derecho a la educación y salud, pese a las medidas afirmativas desplegadas por el Gobierno Nacional para mitigar esta situación, así lo evidencia un informe de la Personería de Medellín en 2019 el cual dice que  los niños y adolescentes enfrentan obstáculos para ingresar y permanecer en el sistema educativo.

En este sentido, respecto a lo que plantea el Plan de Desarrollo - Medellín Futuro, las docentes consideran que “el Proyecto de Acuerdo del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2030 (PAPD) no responde a los desafíos que propone la migración mixta. El planteamiento del Programa alerta sobre la ausencia de participación de la población migrante en la construcción del Plan de Desarrollo, lo que prueba una ausencia de enfoque en derechos humanos, pues la efectiva participación de la población en los asuntos que los afecta es clave para promover sociedades más inclusivas y con ello cumplir con el propósito de no dejar a nadie atrás”.

En ese orden de ideas propusieron unas acciones en concreto entre las cuales se destacan la caracterización permanente de la población migrante en la ciudad, unida a una estrategia de identificación y acceso a servicios y derechos; la creación de un programa para la integración e inclusiones de la niñez migrante en espacios educativos incluyentes y la capacitación a los funcionarios, docentes, sociedad civil  e  institucionalidad con perspectivas y enfoques en migración mixta e interseccionalidad.

En materia de salud proponen integrar a la población migrante con la estrategia Medellín me cuida; implementar -con ayuda de la cooperación internacional e intersectorial- un banco de medicamentos para los migrantes y refugiados que no están afiliados al sistema de seguridad social, e incluir un Programa para la acogida de migrantes de tránsito o recién llegados, con el fin de proveer albergue, alimentación y acceso a derechos de primera necesidad, entre otras acciones que garanticen la protección de los derechos de esta población vulnerable.

La Coordinadora del PPI, Astrid Osorio, menciona que el texto fue solicitado por el Ministerio Público y también fue enviado a los concejales Daniel Duque y Dora Saldarriaga, así como al Presidente del Concejo Luis Bernardo Vélez, con el fin de que posean información pertinente en los debates que se desarrollan actualmente en el Concejo sobre el Plan de Desarrollo.  El periodo de sesiones se extenderá hasta el 31 de mayo, día del último debate de aprobación y mes en el que el reto será implementar medidas que permitan a la ciudadanía participar en las sesiones plenarias.

 

Publicado 12/05/2020

 


Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
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