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viernes, 24 de mayo 2019
24/05/2019
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Bajar el IVA de los combustibles del 19 % al 5 % no es una buena política económica

Por: Luisa Fernanda Castañeda Ruda -Facultad de Ciencias Económicas -

El precio de los combustibles debe reflejar el costo social que implica utilizar el petróleo como fuente de energía.

En días pasados el actual gobierno añadió en el Plan Nacional de Desarrollo 2019, una llamativa reducción del IVA a la gasolina de un 19 % al 5 %, lo que generó entusiasmo en los colombianos tras imaginarse que la propuesta se reflejaría en un galón de gasolina más barato, imaginario que ya el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla desmintió.

Sin embargo, expertos en macroeconomía, como Remberto Rhenals Monterrosa, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, aseguran que la medida no es adecuada, ni conveniente porque «no iría en la dirección correcta de una política energética de largo plazo, que busque diversificar las fuentes de energía y reducir la dependencia de combustibles fósiles».

La estabilidad del precio de los combustibles es un asunto que inquieta a los países que, por sus dinámicas de desarrollo económico, dependen altamente de su precio. Colombia intentó solucionar el problema cuando en 2009 creó el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles — FEPC —  como mecanismo regulatorio de la volatilidad del commodity. No obstante, años más tarde se dieron a conocer las escalofriantes cifras del déficit de los $14 billones que actualmente enfrente el FEPC.
 
A raíz de lo anterior, la iniciativa del Gobierno Nacional busca racionalizar los subsidios que ha tenido hasta ahora en materia de combustibles, a través del FEPC, lo que indicaría que el Fondo podría desaparecer.

Según Rhenals Monterrosa, Colombia no debió tomar como referente los mecanismos que han fallado en otros lugares: «en general los fondos de estabilización tienen un problema: tratan de estabilizar, pero generan déficit. Es el caso de Perú que el año pasado se estimaba que tenía un faltante de $250 millones de dólares y de Chile, que optó por el mecanismo en 1991 y desde entonces lo ha reformulado cuatro veces».

Es una realidad que los colombianos no están pagando lo que se debería por un galón de gasolina; en algunas ocasiones probablemente más, en otras menos, y esto es porque los precios internos del petróleo hasta ahora, han sido regidos por el Ministerio de Minas y Energías — MinMinas — arbitrariamente.  Autoridad que en meses pasados fue cuestionada por dos economistas de la Facultad de Ciencias económicas de la Universidad de Antioquia,  tras reclamar que la fórmula a la sobretasa que tenía trazada MinMinas era inconstitucional y que además no tenía claros los parámetros para hacerlo.

Ante este panorama, David Jiménez, quien demandó en 2017 ante la Corte Constitucional, se pronunció al respecto y dijo que: «el objeto de la propuesta si bien es reducir la carga tributaria en los combustibles — que actualmente es cercana al 30 % por cada galón —, también es cambiar la fórmula de fijación de los precios de los combustibles, lo cual puede implicar un aumento en los precios».

Jiménez también añadió que se debe tener en cuenta que el consumo de combustibles líquidos, es considerado un gasto básico para el transporte personal dentro de la canasta familiar: «según cifras del Departamento Nacional de Estadística  — DANE — en promedio, los hogares colombianos destinan un 2,91 % de sus gastos mensuales a este pago».

Pues bien, el país se enfrenta ante la incertidumbre del precio de los combustibles y los costos asociados a su distribución, tras la falta de una clara política económica sobre los subsidios de los combustibles, el déficit del FEPC que clama pronta solución, la discrecional fórmula que se utiliza para fijar los precios del crudo y el trasfondo de la propuesta que podría generar malestar social, al volcarse y traducirse en un aumento en el costo de los combustibles.

 

 

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