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lunes, 18 de noviembre 2019
18/11/2019
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Excluir a las comunidades, el primer obstáculo para no firmar concesiones

Por: Luisa Fernanda Castañeda Ruda -Facultad de Ciencias Económicas -

Ecuador se ha caracterizado en los últimos años por ser el país líder en Latinoamérica que busca mecanismos para garantizar la protección de sus ecosistemas. Estos programas nacionales de conservación continúan siendo un reto para el Gobierno.

*Refugio de Vida Silvestre Manglares del Estuario del Río Muisne-Cojimíes

Tomada de: http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec 

El programa Socio Manglar, esquema similar a lo que en Colombia se conoce como “pagos por servicios ambientales”: que son básicamente una remuneración económica que se les otorga a las comunidades a cambio de conservar y proteger voluntariamente los bosques; Además, de las concesiones, que son acuerdos de uso sostenible y custodia de los manglares entre el Gobierno y la población rural o comunidades indígenas, donde se les entregan los derechos de propiedad de los territorios. Son los dos mecanismos que el país vecino ha implementado para frenar el deterioro de sus manglares.

Los manglares, son quizás uno de los ecosistemas más productivos y funcionales que existen en el planeta. Sus bosques protegen la línea costera de fuertes oleadas  y maremotos, contribuyen a enfrentar el cambio climático capturando carbono (azul) que absorben desde la atmósfera y acogen en sus raíces a los peces mientras terminan su proceso de crianza y salen al mar. También contribuyen al bienestar de miles de personas cuya forma de vida depende de los bienes y servicios del manglar.

Pese a lo anterior, en los años 70's comenzó una “tendencia” mundial de talar los bosques de los manglares para implantar cultivos de camarones, entre otras razones, la cual tuvo más afectaciones en países como Colombia, Ecuador y Tailandia. En Ecuador, por ejemplo, hay estudios que demuestran que se ha perdido entre 45 y 75 mil hectáreas en los últimos 45 años y que el restante de las hectáreas se ha ido degradando.

“Dueños” de una diversidad biológica

Se estima que en 2017 había cerca de 59 mil hectáreas bajo concesión con 49 acuerdos firmados con las comunidades ecuatorianas. La iniciativa logró que la mayoría de las personas manejaran sosteniblemente los recursos del territorio durante un tiempo.

Posteriormente, el Gobierno ecuatoriano registró una disminución en la firma de estos acuerdos por parte de la población que podría deberse a que «La concesión los obliga a excluir a otras personas que también dependen del manglar para sobrevivir porque no tienen los títulos de propiedad; así que estos no podrían seguir haciendo uso de los territorios»,  explicó el profesor de la Universidad de los Andes, Jorge Higinio Maldonado, quien junto a Rocío Moreno, Juan Pablo Henao y Aaron Bruner, investigaron el fenómeno y dieron cuenta de las condiciones ideales de un contrato de pago por servicios ambientales que le garantice al Gobierno que los campesinos sí estarían interesados en firmarlo e ingresar a una concesión con incentivo económico.

Según los resultados del análisis de los investigadores, en donde realizaron juegos económicos experimentales y experimentos de elección con 230 habitantes de los sectores aledaños al Refugio de Vida Silvestre Manglares del Estuario del Río Muisne-Cojimíes, esas personas estarían dispuestas a firmar un contrato que fuera el equivalente a 234 dólares por persona y por año más barato, si les garantizaran que pueden decidir las reglas sobre las cuales entrarían terceras personas a la concesión. Pero, si tuvieran que elegir un convenio que restrinja el acceso radical a sus vecinos,  el Gobierno tendría que pagarles 200 dólares más por aceptarlo. 

El informe también destaca que las percepciones de la comunidad fueron tan diversas que recomiendan que los entes gubernamentales en cabeza del Ministerio de Ambiente no deberían “imponerles” contratos que excluyan completamente a otras personas, dado que la dinámica actuaría como un acelerador de conflictos sociales.

*Conozca más de los manglares de Ecuador haciendo clic en el siguiente mapa:

¿Y Colombia cómo va?

Mientras que Colombia pensó en crear un sólo esquema oficial para preservar sus formaciones vegetales llamado “Áreas Protegidas”, que son territorios naturales con altos índices de biodiversidad y que proveen diferentes servicios ecosistémicos como regulación del clima, provisión de alimento y reducción y mitigación de riesgos naturales; Ecuador implementó varios esquemas de eco manejo como “Socio Manglar”, “Socio Páramo”, “Socio Bosque” y las concesiones.

El Ministerio de Medio Ambiente colombiano ha trabajo en la regulación de los pagos por servicios ambientales a través del Decreto 1007 de junio de 2018, sin embargo, «les sigue representando un reto asignar derechos de propiedad a comunidades dado que dichos territorios son considerados terrenos baldíos y allí no existen derechos de propiedad», mencionó Jorge Higinio Maldonado.

El legado ambiental que se quiere dejar en el segundo país más mega diverso del mundo, también se le debe al trabajo que las minorías indígenas y afrodescendientes, los colectivos ambientales y las corporaciones han realizado con sus iniciativas.

Si bien la existencia de una compensación monetaria por parte del Estado ecuatoriano hacia los campesinos que viven de la pesca, de la extracción de moluscos y cangrejos en los mangles hacen más atractivo el cuidar sus ecosistemas, las entidades territoriales deberán complementar el incentivo teniendo en cuenta las preferencias colectivas y las capacidades individuales para enriquecer  y darle continuidad a sus exitosos instrumentos.

*Reservas naturales de la sociedad civil (Palmarito - Casanare) Río Cravo sur 

Tomada de: http://www.parquesnacionales.gov.co

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