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En diferentes países europeos y latinoamericanos, y en Estados Unidos, existen programas de educación superior dirigidos a poblaciones con determinados niveles de discapacidad intelectual. La educación superior incluyente es un frente que tiene más avance a nivel mundial que en el plano nacional, aunque legislativamente haya un marco dispuesto para este tipo de iniciativas, como la ley general de educación o la política de inclusión y discapacidad a nivel de educación.

En respuesta a este panorama nació UIncluye, proyecto de investigación de la Universidad de Antioquia que aborda la educación superior incluyente de esta población en articulación del Grupo Didáctica y Nuevas Tecnologías, de la Facultad de Educación, con el Grupo Rehabilitación en Salud, de la Facultad de Medicina.

Próximamente culminará la etapa financiada por Colciencias. Este semestre se explorará una propuesta formativa con énfasis en ciencias alimentarias y medicina veterinaria y zootecnia, para lo cual se han sumado las Facultades de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias y Ciencias Agrarias, con la Escuela de Medicina Veterinaria. La propuesta busca apoyar la formación y el acompañamiento de los 20 jóvenes participantes en la consolidación de pequeñas unidades de negocio.

La profesora Doris Adriana Ramírez, Coordinadora del Grupo Didáctica y Nuevas Tecnologías, dice que “el propósito es aportar a la disminución de las barreras que impiden que jóvenes con discapacidad intelectual se incluyan, no solo en el contexto educativo y social, sino también en el ocupacional”. También se espera construir recomendaciones específicas de utilidad para las instituciones de educación superior del orden nacional a partir de este modelo.

Retos y dificultades

El Índice de Inclusión para la Educación Superior (INES) es uno de los avances del Ministerio de Educación Nacional en materia de inclusión en educación superior como herramienta que a las instituciones de este orden identificar las condiciones en que se encuentran con respecto a la atención a la diversidad, analizar fortalezas y oportunidades de mejoramiento, y tomar decisiones que cualifiquen el aprendizaje, la participación y la convivencia de la comunidad.

De otra parte está el Decreto 1421 de 2017: “Atención educativa de los estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva”. De acuerdo con éste, las universidades deben gestionar su currículo, estructurar los contenidos de los cursos dirigidos a estas poblaciones y ajustar sus políticas de admisión. Aunque la norma aborda la discapacidad en términos genéricos, establece especificidades según sea la discapacidad (sensorial, motora o intelectual, etc.).

Sin embargo, una de las mayores dificultades en el desarrollo de programas de esta índole es que “en Colombia hay información insuficiente y desactualizada para caracterizar a las poblaciones con discapacidad intelectual –asegura la profesora María Teresa Rugeles, co-investigadora del proyecto–. Según el censo nacional de 2005, aproximadamente el 6.3% de la población tiene algún tipo de discapacidad, es decir cerca de 2 millones de habitantes, pero no hay una distinción clara del tipo de discapacidad”.

La profesora Rugeles añade: "El sector empresarial también debe comprometerse. Varias experiencias mundiales de procesos educativos conducen a la inclusión laboral a partir de convenios que las universidades realizan con empresas privadas, como ocurre con la Fundación Prodis, en España, donde dedican a la formación laboral en áreas específicas que la empresa privada ha demandado los últimos dos de los cinco años que dura su programa educativo”.

Otra de las barreras reconocidas por los expertos es el círculo familiar, que sobreprotectoramente impide con frecuencia que los jóvenes adquieran y potencien habilidades básicas relacionadas con el reconocimiento del entorno y la gestión financiera.

En el ámbito institucional, la profesora Doris Ramírez indica: “Hay asuntos que las IES deben analizar para concretar la consigna de la inclusión. Por ejemplo, la nuestra es una Universidad pública a la cual se accede por medio de un examen, criterio que no calificamos como bueno o malo pero que sí es una barrera más, pues existen otras formas de reconocer las capacidades de los jóvenes para acceder a la educación superior. También hace falta sensibilizar y formar a los profesores universitarios para desarrollar acciones formativas en el contexto de la diversidad. Algunos docentes nos han referido que en sus cursos tienen estudiantes que, sin un diagnóstico de discapacidad intelectual declarado, presentan dificultades cognitivas marcadas. Y es natural, pues algunas discapacidades pasan desapercibidas al no estar asociadas a condiciones físicas relevantes, pero se evidencian al enfrentar procesos de aprendizajes de mayor complejidad”.

Finalmente, la Dra. Vanessa Seijas Bermúdez, co-investiadora del proyecto UIncluye e integrante del Grupo Rehabilitación en Salud de la Facultad de Medicina, concluye: “El principal reto que tenemos es convencer a las universidades de que tienen un papel misional en la formación de estas personas, y con mucha más razón las universidades públicas. Hay quienes han considerado a la universidad como ajena al tema; se cree que por naturaleza solo los estudiantes de mejor rendimiento académico tienen derecho, y no es así. La universidad también está llamada a la inclusión”.

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Artículo publicado en el periódico Alma Máter de junio de 2018