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miércoles, 16 de octubre 2019
16/10/2019
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Análisis de contexto

Análisis de contexto

El Observatorio de Seguridad Humana, del Grupo de Investigación Conflictos, Violencias y Seguridad Humana, articulado recientemente a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en un esfuerzo por acercar la academia a diversos actores (comunidades, las ONG, institucionalidad), realizó el pasado 2 de mayo un análisis de contexto. Estos espacios tienen como uno de sus propósitos fomentar el reconocimiento de diversas voces y miradas sobre la violencia, la seguridad y los derechos humanos.

En esta ocasión, la discusión giró en torno a la Política de Defensa y Seguridad (PDS), la manera como se recoge en el Plan de Nacional de Desarrollo (PND) del presidente Iván Duque y sus posibles efectos en relación con los derechos humanos y la implementación con los acuerdos de paz.

En el panel, se contó con la participación de Leidy Buitrago (Corporación Viva la Ciudadanía), Valeria Correa (Corporación Región) e Isela Quintero, investigadora comunitaria del Observatorio de Seguridad Humana. Los siguientes son algunos puntos para destacar de este encuentro:

La PDS del actual gobierno supone la reedición de algunos postulados de la ya conocida Política de Defensa y Seguridad Democrática, como cuando plantea que la seguridad es una condición necesaria para el ejercicio de los derechos y el crecimiento económico, o cuando señala que el combate a la criminalidad es una labor que no sólo concierne a la fuerza pública, sino que debería implicar también a los ciudadanos y que por ello deben conformarse “redes de participación cívica”.

Esta Política, tanto en el documento que presenta el gobierno al inicio del año como en como en el PND, opaca el Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado colombiano y la exguerrilla de las FARC. Si bien dicha Política alude a un enfoque multidimensional y se refiere a la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos, cabría preguntar cuáles son sus alcances, sobre todo en un contexto como el actual, de implementación de unos acuerdos de paz que no sólo implicaron el tránsito de la contienda armada a la contienda electoral de una organización como las FARC —hoy constituida como partido político—, sino también la expectativa de que, al fin, los defensores de derechos humanos y líderes sociales podrían participar políticamente sin temor a ser asesinados. Expectativa que comparten los desmovilizados de dicho grupo, quienes también están siendo atacados.

La reciente ola de amenazas y homicidios perpetrados contra estas personas hace suponer que, o bien las estrategias de protección no están funcionando, o no son cuestiones que en verdad preocupen al actual gobierno, sobre todo en un escenario donde se desconoce la existencia de conflicto armado en el país.

Esto se evidencia cuando asuntos relacionados con la construcción de paz apenas aparecen mencionados en la PDS y en el PND. Además, las partidas presupuestales para implementar programas en los territorios son muy bajas, sin contar con el hecho de que, en términos de reintegración, aunque un estimado habla de más de 12.000 excombatientes, sólo se busca reintegrar efectivamente a 2.250. En tal sentido, tanto la PDS como el PND carecen de un enfoque que piense en el postacuerdo y parecen desconocer que la no implementación de  dicho Acuerdo constituye un detonante para la reactivación de nuevos ciclos de violencia en el país.

La paz como derecho y como horizonte de convivencia constituye un asunto que implica a la sociedad en su conjunto y, en esta medida, más que una cuestión de gobierno, se refiere a un asunto de Estado. Por ello, desconcierta el desdén del actual gobierno con respecto a la implementación de los acuerdos y a la protección y reconocimiento de las víctimas del conflicto.

Es necesario, por lo tanto, que la sociedad civil proteja y exija la defensa de la paz. Se trata de una tarea compleja, pero todos los sectores deberían estar comprometidos con ella, incluida la academia.

 

 

Análisis de contexto 2 de mayo de 2019, Observatorio de Seguridad Humana, Grupo de Investigación Conflictos, Violencias y Seguridad Humana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas  

 


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