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viernes, 27 de noviembre 2020
27/11/2020
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¿El Decreto 770 no es una reforma laboral?

Crisis en el mercado laboral obliga a todos los actores del sistema a repensar cuál es la salida más eficiente para garantizar los derechos de los trabajadores y atender las demandas de los empresarios frente al difícil momento que atraviesan.

 

Por: Lourdes Cruz Cárdenas -Facultad de Ciencias Económicas-

Yennifer Celin Camargo

La actual situación que vive el mercado laboral ha llevado a los gremios empresariales, sindicatos y al Gobierno Nacional, a estudiar alternativas viables para tratar de mantener el empleo formal y los derechos que a este atañe en medio de la crisis. En ese sentido, el Gobierno expidió el Decreto 770 de 2020 que, para algunos sectores y representantes de los trabajadores, supone una reforma laboral. Sin embargo, el Decreto tiene como fin mitigar los impactos negativos que la crisis por Covid-19 ha traído al empleo en Colombia, lo cual significa, que es la respuesta a una situación transitoria y no podría atribuirse como una reforma laboral. 

En la foto: la profesora Yennifer Celin Camargo

Así lo expresó Yennifer Celin Camargo, profesora y experta en empleo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, “algunas de estas medidas se pueden tener en cuenta a la hora de diseñar una reforma laboral en Colombia, pero es importante tener claro que una reforma laboral como la que requería el país antes de la emergencia sanitaria, debe ir acompañada de cambios estructurales en materia pensional y de salud”.

Y es que en Colombia, mientras el mercado laboral esté estrechamente relacionado con la financiación de la seguridad social, indicó Celin, se pueden presentar algunos efectos en torno a la participación laboral o el tipo de ocupación que se elija, así como, el incremento en los costos no salariales y en materia pensional, que cada vez sean menos las personas que logran una pensión en nuestro país: “se observa que de 23 millones de personas que están trabajando se pensionan aproximadamente dos millones, cabe entonces preguntar ¿qué pasa con los demás colombianos que no lograran obtener su pensión?”, recalcó la experta.  

Claramente, los impactos que la pandemia está generando deben atenderse con prioridad, de allí que el Decreto 770 tenga por objeto adoptar medidas en el ámbito laboral y la creación de programas que apoyen al empleo y protejan al cesante, pero como señaló Celin, “en el país hay un elevado número de trabajadores informales que no están siendo contemplados en este decreto y que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad”, donde la cifra para el año 2019 se ubicaba en el 47%. Una población representativa para el país y para el PIB.

Adicional, con la emergencia este porcentaje puede trasladarse a la cifra de desempleo, pues lo trabajadores informales dependen de la demanda que por estos tiempos es escasa; así que, en una eventual reforma laboral, también se tendría que considerar aspectos como este y diseñar estrategias que fortalezcan las condiciones laborales y estimulen el empleo formal, de modo que, el apoyo estatal no quede supeditado a un auxilio de $160.000. 

A propósito, para la profesora Celin la renta básica universal es una alternativa que puede ayudar a mitigar las necesidades de estas personas, como una acción justa ante la vulnerabilidad que enfrentan. Esta es una propuesta reiterativa por parte de sindicatos y algunos partidos de oposición al Gobierno, pero hay que considerar su aplicación y allí, el Estado deberá garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.

Entretanto, otro de los principales cambios que deben generarse en caso de una reforma laboral, es tener en cuenta la tecnología como un medio de trabajo que, en la actualidad, muchos ciudadanos utilizan a través de diferentes plataformas para trabajar y en las que según Celin, “no se está pagando seguridad social (salud, pensión y ARL) y las prestaciones sociales (prima, vacaciones, cesantías, entre otras)”. Asimismo, la desigualdad de género es un tema que se observa con mayor frecuencia en materia laboral y también deberá incorporarse. 

Por su parte, el Consejo Gremial Nacional presentó un paquete con 14 propuestas ante el Ministerio de Trabajo y el Gobierno Nacional donde planteaba, por ejemplo, la implementación de jornadas laborales por turnos con pagos proporcionales al tiempo laborado sin recargo nocturno y festivo, entre otros. Sin embargo, el Decreto 770 expedido por el Gobierno precisa en el Artículo. 5 / Parágrafo. 1 que: “serán reconocidos los recargos nocturnos, dominicales y festivos de conformidad con la normatividad vigente. El pago podrá diferirse de mutuo acuerdo entre el trabajador y el empleador, en todo caso, máximo hasta el 20 de diciembre de 2020”.

Igualmente, la jornada laboral semanal de 48 horas puede distribuirse en 4 días a la semana con turnos de 12 horas por día y previo acuerdo entre las partes, con el objeto de evitar aglomeración de trabajadores en las empresas y el sistema de transporte público. 

En ese sentido, Celin refirió que con este decreto, el Estado permite un diálogo entre las partes implicadas generando consensos en la distribución de las horas a laborar, el pago de recargos extra y que los empleadores cuenten con flexibilidad para el pago de sus obligaciones contractuales, toda vez que la situación de emergencia es evidente y, “se hace pertinente que todos los actores que componen el mercado laboral, lleguen a acuerdos donde no se vean afectados de manera drástica ninguno de sus intereses”, agregó.

Aunque, es importante tener presente que estas medidas son momentáneas e irán saliendo de curso a medida que pase la emergencia, manifestó Celin, dado que fueron creadas para este caso particular, por tanto, “no se deben convertir en algo permanente que deteriore los logros alcanzados en el mercado laboral colombiano”.  

Por último, una eventual reforma laboral deberá diseñarse en torno a una concertación nacional que garantice los derechos de los trabajadores y un balance entre empleadores y empleados, con el cual, sostuvo Celin, “se llegue a una relación que permita tanto a la oferta como a la demanda, transar en el mercado laboral y para lograrlo, es pertinente que las tres partes (Estado, empresas y trabajadores) interactúen en la construcción de esta reforma”, es decir, que las propuestas de lado y lado se hagan partícipes en dicho análisis a fin de que se logren acuerdos que beneficien el bien común. 

No obstante, la recuperación económica en materia laboral, también tendrá que pasar por el mejoramiento del aparato productivo y en esa línea, la educación será otro factor de estudio frente a la posibilidad de una reforma laboral, “la  productividad requiere de educación en todos los niveles (básica, media, técnica, tecnología y profesional), pero esta educación debe contar con la articulación y participación de universidades, empresas y el estado, con el fin de generar la capacitación que el mercado requiere”, finalizó la profesora.

Imágenes tomadas de https://pixabay.com/:

1. Imagen de Gerd Altmann en Pixabay 

2. Imagen de Gerd Altmann en Pixabay 

3. Imagen de Engin Akyurt en Pixabay 

4. Imagen de CUsai en Pixabay 

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