Listado

Con motivo de la defensa de los derechos de las personas en contextos de flujos mixtos, el PPI y el Semillero en Movilidad humana, desarrollismo y nuevas violencias de la Facultad, solicitaron una audiencia ante la CIDH para advertir sobre las principales problemáticas de los procesos de protección internacional en el país.

Colombia enfrenta un duro reto en materia migratoria, pues se ha convertido en un punto de entrada de migrantes -por su frontera con Ecuador- y también de salida -por la frontera con Panamá- siendo esta última, la que reviste más riesgos por sus condiciones geográficas, económicas, políticas y de conflicto armado.

Dichas variables, configuran un escenario favorable para las redes de tráfico de migrantes y de trata de personas. Cuestión que a pesar de ser documentada, aún no cuenta con una respuesta sólida del Gobierno Central, lo cual demanda la garantía de procesos justos, eficientes y eficaces, que atiendan a los compromisos internacionales en la materia y la garantía de derechos sin ningún tipo de discriminación.

Por esta razón, el Programa de Protección Internacional y el Semillero en Movilidad humana, desarrollismo y nuevas violencias de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, solicitaron una audiencia al Secretario Ejecutivo Paulo Abrão y a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hablar sobre la situación de las personas en contextos de flujos mixtos en Colombia.

El propósito de esta audiencia temática, es advertir sobre las principales problemáticas de los procesos de protección internacional en Colombia relacionadas con: el debido proceso y el enfoque de género en los procedimientos de refugio; la no aplicación del interés superior del niño y el principio pro persona en la interpretación de normas y toma de medidas para el reconocimiento de nacionalidad por nacimiento o por riesgo de apatridia y, el aumento de las discrecionalidades de todos los procesos mencionados en el marco del COVID -19.

También, el equipo de trabajo, se propone evidenciar que esta problemática no solo atañe a la población migrante venezolana, sino también a las personas provenientes de Cuba, Haití, Camerún, India, Bangladesh, Congo, Nepal, Pakistán, Ghana, entre otros, que huyen de los conflictos políticos, económicos y sociales de sus países de origen y que transitan por el Golfo de Urabá rumbo al norte de la región para obtener un estatus de refugiados.

Un ejemplo reciente acontece en el municipio de Necoclí, donde hay cerca de 300 personas provenientes mayoritariamente de Haití en una medida temporal de aislamiento denominada Zona de Aislamiento Preventiva Temporal (ZAPT). Situación que en la cotidianidad enfrenta retos de sostenibilidad, condiciones de dignidad en albergue, atención a salud, salud mental y ocupación del tiempo libre, medios de vida, educación en emergencia, entre otros sectores de atención humanitaria que la Alcaldía de Necoclí ha tratado de resolver con apoyos limitados del departamento de Antioquia y algunas organizaciones internacionales como ACNUR, OIM, CICR. Sin embargo, esta zona no cuenta con una presencia estatal sólida que permita guiar a las administraciones locales con escasos recursos y alta demanda de acceso a derechos.

Esta información ha sido recogida por el Programa a partir de tres años de asistencia legal a población refugiada y migrante en Colombia. Durante este tiempo han acompañado casi 5000 mil casos de los cuales el 10% se refieren a solicitudes de condición de refugiado. Unida a la asistencia legal se han realizado diferentes acciones de litigio estratégico relacionadas con: la demanda de inconstitucionalidad del procedimiento de refugio en Colombia, acciones en sede de Corte Constitucional, respecto del reconocimiento de la nacionalidad por nacimiento y por riesgo de apatridia de niños y niñas migrantes en Colombia, entre otros.

Sin embargo y pese a los esfuerzos, incluso en sede de Altas Cortes, persisten interpretaciones restrictivas y discriminatorias que impiden el pleno ejercicio de derechos, en particular los derechos a: no discriminación, debido proceso, plazo razonable, identidad y nacionalidad. Así como los conexos relacionados con acceso a la salud, educación y trabajo. En ese sentido, proponen evidenciar en la audiencia que se realizará entre el 27 de septiembre y el 6 de octubre de 2020, las circunstancias en las que identifican vulneraciones graves a derechos humanos de la población refugiada y migrante en Colombia en relación a lo anteriormente mencionado.

La solicitud fue firmada por la Coordinadora del PPI, Astrid Osorio Álvarez, como por las abogadas Ángela María Mesa González y Juliana Betancur Vásquez, la trabajadora social Paola Andrea Londoño Muñoz, y el abogado y politólogo Alejandro Gómez Restrepo, miembros del equipo de trabajo del Programa de Protección Internacional, que cuenta con el apoyo de la agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR.

Publicado el 23/07/2020

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Espíritu Crítico y Compromiso Social
Correo electrónico: derechoypolitica@udea.edu.co
Síguenos en facebook,​ en instagram, en twitter y en YouTube