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martes, 26 de mayo 2020
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Comunicado del Área de Derecho Penal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UdeA

Medellín, 06 de abril de 2020

Ante el peligro grave e inminente que supone la actual crisis del Covid-19 en el sistema penal y penitenciario de nuestro país y conscientes de que se requiere una intervención inmediata y radical como corresponde a una situación de EMERGENCIA, los profesores y profesoras del Área de Derecho Penal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, queremos hacer públicas las siguientes consideraciones,  al tiempo que hacemos un llamado a las autoridades para obrar con diligencia y responsabilidad ante esta situación.

Estamos frente a una situación en la que no se trata de evocar el estado de cosas inconstitucionales (ECI) en nuestros establecimientos carcelarios, declarado por la Corte Constitucional hace más de veinte años, y que ha sido objeto de incumplimiento por todas las instancias institucionales,  sino de una situación sobreviniente, gravísima, que requiere medidas extraordinarias y no da tiempo para pulir exquisitas medidas jurídicas que solo buscarían aplacar populismos baratos y peligrosismos trasnochados. Es un verdadero estado de necesidad, que impone un momento decisivo de inflexión en la tradicional discusión cultural sobre la cuestión. No debería haber ningún resto supuestamente legitimario en torno a la pena y a la detención preventiva intramural que estorbe a la decisión urgente de la “excarcelación” que efectivamente responde a los riesgos que corremos.

La declaratoria de un estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, por parte del Presidente de la República el pasado 17 de marzo, no puede excluir a estas personas, bajo ningún criterio.  

Es intolerable que el Estado colombiano permanezca impasible ante esta situación y, sobre todo, que dé respuestas tan violentas y sangrientas como las que tuvo ante las protestas de los detenidos el pasado 21 de marzo, donde dolorosamente y según datos oficiales, en la cárcel La Modelo de Bogotá murieron 23 personas y casi un centenar resultaron heridas. Estas respuestas irracionales y desproporcionadas no pueden repetirse.

El INPEC declaró el pasado 22 de marzo, el estado de emergencia penitenciaria y carcelaria en los establecimientos de reclusión del orden nacional; a partir de lo cual se ha generado una expectativa de regulación por parte del Gobierno nacional de lo que se ha denominado "detención domiciliaria transitoria”. Sin embargo, de acuerdo con el proyecto de decreto que se conoce este apenas sería un paliativo burlón, porque contiene un número tan exagerado de excepciones, que su realmente aplicación apenas sería simbólica.

Una decisión que implique una excarcelación masiva de las personas recluidas en Colombia no riñe con el precedente constitucional en materia de ECI carcelaria, porque desde la misma Sentencia T- 388 de 2013 se estableció, ante la discusión en torno a un cierre definitivo o parcial de un establecimiento carcelario, que: “La Sala considera que la primera solución se puede dar, pero solo en un caso excepcional, extremo y evidente, en el cual se sepa que la única solución posible es esa; que no existe otro camino”. 

Es obvio que hoy estamos ante una situación excepcional, extrema y de un peligro inminente y estas medidas deben tomarse sin que para su concesión se realice clasificación de conductas delictivas, o antecedentes de las personas, o clase de condenas. No se puede olvidar que en Colombia tenemos un 99% de impunidad, así lo reconoció y sustentó el exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira, cuando se posesionó como tal, en el año 2016, y ¿qué ha cambiado desde aquel momento? Nada. Poco pasará entonces en materia de seguridad si se aplica esta medida. Pero si no se aplica y el virus llega a las cárceles, será imposible contenerlo, perderemos el esfuerzo de la cuarentena y el aislamiento preventivo, y todos estaremos en riego.

Ahora ante la necesidad de minimización del riesgo de propagación del COVID-19 en personas privadas de la libertad deben tomarse las medidas necesarias para reducir el hacinamiento carcelario, pues la cercanía en el confinamiento se convierte en un caldo de cultivo para la propagación del virus, al respecto se propone que de manera expedita se concedan los beneficios y subrogados penales ya planteados en la ley penal sin mayor dilación, y teniendo en cuenta criterios de racionalidad en vista del peligro. Beneficios que se deben extender a todas las categorías de reclusos y a todos los lugares de reclusión. Particularmente llamamos la atención sobre los centros de detención transitoria en la ciudad de Medellín, en los cuales el hacinamiento, la falta de baños y de ventilación, han generado en esos lugares hace ya muchos meses, situaciones dantescas y de suma peligrosidad para los detenidos.  
 
Ello no implica que no se deban tomar medidas sanitarias y de salud frente a la población que continúe privada de la libertad (que en todo caso debe ser la mínima posible), pues es urgente que se brinden garantías de atención a la posible contingencia de una propagación del virus en las prisiones y centros de detención. Considerando además que cualquier decisión que se tome sobre la población penitenciaria, incide directamente en sus entornos familiares, en los miembros del cuerpo de custodia y demás funcionarios carcelarios (personal sanitario, de tratamiento, administrativos, etc.), por lo que las medidas de protección también deben estar enfocadas en ellos.

Debido a la urgencia en la toma de decisiones para la protección de la población privada de la libertad (PPL) frente a la posible propagación del COVID-19 en sus centros de reclusión o detención preventiva consideramos que todas las medidas no pueden ni deben provenir del Gobierno nacional. Hoy más que nunca necesitamos del papel protagónico de nuestros jueces, quienes cuentan con plenas facultades legales para, en estos momentos de crisis, tomen decisiones constitucionales, teniendo en cuenta la desprotección y riesgo que corren los privados de la libertad. Es el momento para hacer valer el Estado Social de Derecho y basar sus decisiones en la Constitución y los convenios sobre derechos humanos suscritos por Colombia. 

La detención preventiva en los centros carcelarios, que es una medida cautelar por medio de la cual, a una persona imputada de un delito, pero no condenada, se le priva provisionalmente de la libertad mientras se tramita el proceso, es una medida que hoy no tiene soporte legal ni constitucional, y mucho menos convencional. Se trata de un cambio de lugar para cumplir la medida de aseguramiento, no se trata de concederles libertad. Las personas que hoy están detenidas, así se mantendrán, pero en el domicilio.  La ley lo permite, la Constitución y los Tratados Internacionales lo reivindican, además la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional lo vienen reclamando todos los días.  

Es la oportunidad para reconocer que otras alternativas como la prisión o detención domiciliaria transitoria en esta época de crisis por esta grave contingencia pueden también cumplir los fines y funciones propias de la pena o de la detención preventiva. Es el momento de decidir teniendo en cuenta la dignidad humana y la protección de la vida de las personas privadas de la libertad que se le exige al Estado emitiendo decisiones oportunas y racionales desde la situación que el mundo entero está viviendo. 

Hay que recordar que otros países, como Irán y Argentina en nuestro entorno más cercano, ya han adoptado medidas radicales frente a este problema.

Finalmente, no podemos pasar por alto este complejo momento y la incertidumbre que nos genera lo que pueda acontecer, para insistir en la necesidad de pensar en las personas privadas de la libertad pues no podemos agregar a su situación actual, una invisibilidad social y política que puede tener graves consecuencias para toda la sociedad. Y, sobre todo, rechazamos las oprobiosas declaraciones del Fiscal General de la Nación, que en una mezcla de ignorancia y cinismo, dijo que “nuestra criminalidad es más peligrosa que la pandemia”.

Reivindicamos además, que el derecho a la protesta social como garantía política (art. 37 constitucional) permanece vigente para las personas privadas de la libertad, aún con las limitaciones propias del contexto de encierro, y así lo ratifican diferentes instrumentos internacionales, por lo que rechazamos la represión violenta e irracional del Estado a las manifestaciones de los detenidos, que no solo no resuelven las dificultades intrínsecas del sistema penitenciario sino que fácilmente resultan ser aplicaciones de sanciones por fuera de la legalidad, e insistimos en el valor del disenso pacífico y las salidas negociadas que permitan una efectiva protección de los derechos fundamentales de los detenidos.  Ante una crisis de esta magnitud no se puede apelar a medidas de fuerza, que solo traen más dolor y sufrimiento, aparte de que muestran una indiferencia criminal por la suerte de estos compatriotas.
 

Profesores y profesoras Área de Derecho Penal
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Universidad de Antioquia


Facultad de Derecho y Ciencias Políticas: Espíritu Crítico y Compromiso Social
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