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domingo, 26 de enero 2020
26/01/2020
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Movilización, pulso y defensa de la Educación Superior Pública

Movilización, pulso y defensa de la Universidad Pública

Hace algo más de un año se podía percibir en el ambiente una tensión derivada de las movilizaciones y el paro promovido por los profesores y secundado por los estudiantes de las Universidades Públicas de todo el país. El movimiento, aunque en un principio era en defensa de las condiciones laborales y salariales de los docentes, fue más allá de las preocupaciones que tenía el gremio docente de las universidades públicas, puesto que todos los estamentos de las instituciones son conscientes de que el desfalco que sufre la educación deja una mella algo más grande.  

El espectro de la problemática se puede rastrear hasta la adopción de la Ley 30 de 1992, ley que prometía ser el verdugo de la educación superior pública desde un principio por concebirla como “servicio público”. Si bien la Sentencia T-068 de 2012 de la Corte Constitucional sostiene que “la naturaleza de derecho fundamental del derecho a la educación superior, contiene dentro de su núcleo esencial la garantía de que su goce efectivo está a cargo del estado”, en 2018  el panorama planteaba una situación muy distinta.

Según el medio Universitario De la Urbe “Entre 2005 y 2016, los recursos públicos que recibió la Universidad de Antioquia disminuyeron 26%, mientras que los recursos propios aumentaron un 88%. Para 2018, el déficit financiero de la institución era de 181528 millones de pesos”. Lo anterior nos obliga a cuestionarnos ¿qué tan pública se mantiene una Universidad que en un 48% se sostiene de la venta de servicios? ¿Tan pública la recibimos? ¿Tan pública la entregamos? 

A propósito del aniversario de la marcha del 10 de octubre de 2018 y de las recientes manifestaciones que han venido aconteciendo en la Universidad, la ciudad y el país, Debates de Coyuntura celebró una sesión especial el miércoles 13 de noviembre. Movilización, pulso y defensa de la Universidad Pública fue el nombre de este conversatorio y exposición fotográfica de la que participaron la profesora María Rocío Bedoya de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el profesor Juan Camilo Escobar del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de la Universidad Eafit y los estudiantes de la Facultad Paula Andrea Gómez y Ricardo Castro Cano, fotógrafo de la exposición.

En el evento apoyado por el semillero de investigación Diálogos sobre formación política, en coordinación del profesor Luis Alfredo Atehortúa -quien también hizo algunas de las fotografías de la exposición- abordó  principalmente 2 temas fundamentales: La fotografía como herramienta política y el papel de la misma en la manifestación y, por otra parte, los alcances de la movilización del año pasado y un balance sobre cumplimiento y deudas a más de un año de haber llegado a un acuerdo con el gobierno de turno. 

La charla la comenzó Ricardo, con un discurso sobre la marcha en el que nos contó sobre su llegada algo indiferente a la universidad y sobre cómo poco a poco la universidad fue moldeando la persona que hoy es, razón por la cual ahora le guarda tanto afecto y por la que entiende la importancia de defenderlo. Para él el aporte más valioso que le ha hecho la universidad son las personas que ha conocido y las pasiones que ha adquirido: viajar y tomar fotografías. 

Las fotografías de esta exposición fueron realizadas durante las marchas y actividades del paro celebradas los días 11, 15 y 28 de septiembre y 2 y 10 de octubre. Según Ricardo, su objetivo principal era retratar la diversidad y particularidad de los individuos que conformaban la inmensa maza que se regaba por las calles durante esa fecha. Para él la fotografía ya es, hace mucho tiempo, un medio que transmite los sucesos de una forma mucho más emotiva y empática que los textos, y es también una poderosa herramienta política en la medida a que es un formato excelente para el ejercicio de la memoria y para llevar los logros de la academia a otras esferas. 

Por último, el compañero Ricardo hizo un llamado a la empatía, haciendo una autocrítica a aquellos estudiantes que son incapaces de ponerse, o al menos intentar ponerse, en el lugar de un policía, o de un uribista. “sé que es una apuesta difícil de aplicar la de la empatía, pero creo que Colombia y nuestras vidas, serían diferentes si intentaramos comprender al otro, al diferente y construir juntos como país”.

Para el profesor Juan Camilo Escobar Villegas, las fotografías no son un reflejo puro de la realidad, para él, la fotografía, aunque dotada de esa capacidad de asir los momentos, no deja de ser una perspectiva. De hecho -afirma el profesor- el primer término utilizado para referirse a una fotografía fue acuñado por el ingeniero francés  Nicéphore Niépce y traducía al español “punto de vista”. 

En esta medida, la fotografía premeditada que hace un fotógrafo de profesión como el registro realizado por un asistente a la manifestación con su teléfono celular son puntos de vista tan válidos y reales como las lecturas que las fuentes oficiales hacen de la movilización. La abrumadora cantidad de fotografías que se toman en estos contextos son necesariamente parte de un discurso histórico que mezcla elementos de la objetividad y la subjetividad. 

Como todo discurso, la fotografía se restringe a lo que encuadra, lo que se queda afuera no existe, por lo menos en ese punto de vista. Por eso es una preocupación compartida el hecho de que en los grandes medios de comunicación se retrate pobremente o se omita completamente al arte y al derecho ejercido de la protesta por concentrarse en las expresiones violentas de disconformidad o el vandalismo sin fondo, de ser el caso. 

Es importante para la academia que empiece a cuestionarse no sólo por los motivos y los resultados de la protesta social, sino también por las formas en que se protesta, cómo se manifiesta el descontento. “Uno de los aspectos más interesantes de estas fotografías que tenemos en este salón, es que allí hay un archivo gestual que permite entender y comprender el arte de protestar, resistir, movilizarse que está en constante creación. 

Pese a que en varias ocasiones se intentó acercarse a la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad de Antioquia para consultar por la situación financiera de la u a casi un año de los acuerdos firmados por la mesa de negociación el 14 de diciembre de 2018, fue imposible obtener una respuesta. Sin embargo, la profesora María Rocío Bedoya presentó durante el evento un balance de los logros, los retos y las perspectivas de los acuerdos. Ella rescata los siguientes asuntos:

No se trata de un asunto nuevo, es una línea histórica que ha dejado muchos estudiantes y profesores asesinados en el marco de acciones en pro de la defensa de la u pública en el 54, el 71, etc. Desde la ley 30 del 92 se viene acumulando un déficit financiero en la Universidad Pública derivado del crecimiento de la demanda y la insuficiencia de los recursos que la ley asigna. 

En los últimos gobiernos se han estado tomando medidas regresivas, como lo son la amenaza de reforma al decreto 1179 que es el que regula el salario de los docentes a quienes se les endilga injustamente el déficit que azota a la u pública en Colombia. Adicional a esto la Ley de Financiamiento del año pasado amenaza con retirar la exención de renta que gozaban los profesores, obligándolos a declarar un monto mayor. 

El movimiento del año pasado fue supremamente creativo, tuvo elementos de acción colectiva muy novedosos, articulación con formatos digitales como el video y la fotografía a través de la difusión por redes sociales, el uso alternativo de los medios de comunicación y un verdadero compromiso de los estamentos. Lo anterior se vio traducido en la legitimación del movimiento desde distintas esferas de la población colombiana que estaban de acuerdo con tesis de que es la educación el único camino hacia vencer la inequidad que prima en Colombia. 

Los logros más significativos del movimiento fueron sacudir el entorno universitario, hacerse del apoyo de la sociedad colombiana, lograr una conciencia de la situación de la educación superior pública a través de procesos de politización y cultura política que apenas empiezan, el apoyo de artistas y personalidades como Shakira, Residente y Roger Waters, la sinergia con otros actores sociales como los obreros y los pensionados y, por supuesto, la instauración de una mesa de diálogo. 

En un inicio la mesa de diálogo estaba pensada para ser un escenario de interacción y creación entre las plataformas estudiantiles y profesorales, y el gobierno nacional. Un espacio para discusión de los problemas estructurales relacionados con la formalización laboral del profesorado, la reforma del ICETEX, la valoración de las revistas científicas, la reforma del Sistema General de Regalías (SGR) y la reforma de los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992.

Sin embargo, lejos de ser un lugar para el diálogo, tal como lo afirma la Declaración del V encuentro de la Mesa Amplia Nacional de Profesoras y Profesores de Universidades Públicas, “esta Mesa ha sido un escenario de información sobre las acciones que adelantan los representantes del gobierno nacional, sin que las propuestas presentadas por los demás actores fueran tenidas en cuenta”.

Si bien se sabe que el gobierno ha cumplido parcialmente con lo acordado en materia de destinación de recursos, incumplió lo establecido en los puntos 8 y 9 sobre los recursos de “saldos apropiados y no comprometidos”, dado que no fueron asignados en 2019 y hay serias dudas sobre su asignación en los siguientes años. La destinación de los recursos adicionales que ingresaron a la base presupuestal de las IES públicas, estos no han sido asignados para avanzar en la formalización laboral docente.

El Gobierno se ha negado repetidamente a la reforma estructural del ICETEX que se había acordado. Sigue avanzando la idea de ajustar los servicios de esta “banca de segundo piso” en que se ha convertido el ICETEX, y se hacen propuestas de reglamentación de la ley 1911 de 2018 sobre Financiación Contingente al Ingreso (FCI), cosa que convertiría a la educación superior en un bien privado por el cual debe pagar el estudiante o su familia.

Por esta y otras múltiples razones, MANPUP -conformada por 12 docentes de diferentes IES públicas del país, incluida la profesora Maria Rocío- decidió durante su V encuentro celebrado en la Universidad Nacional de Bogotá el 1 y 2 de noviembre, retirar de la Mesa de Diálogo a su “representante de la mesa nacional de profesores UN” y, en consecuencia también a sus delegados de las mesas técnicas.
 


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