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viernes, 13 de diciembre 2019
13/12/2019
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La caja negra del precio de los combustibles en Colombia

Por: Luisa Fernanda Castañeda Ruda -Facultad de Ciencias Económicas -

El Ministerio de Minas y Energía no tiene una fórmula clara para fijar ni el IP,  ni la sobretasa a los combustibles en Colombia, así lo aseguraron dos Economistas de la Universidad de Antioquia en su trabajo de grado, argumento con el cual, luego demandaron ante la Corte Constitucional.

En la gran mayoría de países del mundo los precios de los combustibles se establecen con base en las dinámicas del mercado, pero en Colombia no necesariamente. Aquí, el Gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Minas y Energía, conserva la facultad para determinar los precios de los combustibles. Sin embargo, la fórmula que hoy se utiliza es compleja y muchos no entienden de dónde sale dicho precio.

Elementos que componen el precio de los combustibles en Colombia

Lo que se paga actualmente por un galón de combustible en Colombia sea Acpm, gasolina corriente o extra, se compone de varias tarifas y tributos: en primer lugar,  casi el 50% corresponde al Ingreso al Productor (IP), el cual es un porcentaje que debe pagarse al refinador/importador del petróleo crudo, que luego termina en combustible líquido.

El segundo elemento que compone la tarifa final del precio de los combustibles,  radica entre el  6 %  0 12 % que se le debe pagar al productor del biocombustible.  El tercero, es un  20%  que corresponde  a los costos de comercialización, en el que se incluye el transporte,  márgenes de comercialización de los mayoristas y estaciones de servicios. Y en último lugar,  entre un 20 %  y 27 %  faltante para completar ese 100 % de la tarifa de los combustibles, se paga en tributos.

Pues bien, David Jiménez Mejía y Víctor David Bernal Pavas egresados del programa de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, decidieron analizar en su tesis de grado la forma como se calcula el IP de los combustibles en Colombia, la cual es fijada mensualmente por el MinMinas. Así mismo, evaluaron el comportamiento del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles -FEPC- mecanismo que fue creado por el Gobierno en 2009 como una forma de “ahorro y desahorro”.

En dicho análisis, Bernal Pavas destaca que «el FEPC es un mecanismo de sostenibilidad del IP y por lo tanto ambos buscan reducir la volatilidad de los precios de los combustibles, así que la problemática se evidencia en ambos mecanismos» .

Por lo tanto, «cuando el IP está por encima del precio de paridad internacional, se paga al refinador/importador el precio internacional y se ahorra el diferencial en el fondo y, cuando el IP está por debajo del precio internacional, se paga igual al refinador el precio de paridad, desahorrando en el fondo lo que falte para cubrir tal diferencia », explicó Jiménez Mejía.

Según los Economistas, la conclusión principal de su trabajo de grado es que «el Gobierno a través del Ministerio de Minas y Energía ha fijado discrecionalmente este ingreso al productor sin seguir parámetros claros». Y para ambos profesionales, esta tarifa del IP es un «precio de escritorio».  Es decir, un precio fijado por el Gobierno cada mes y que ha causado a su vez que el FEPC, «hubiese tenido un déficit acumulado de 5.5 billones de pesos para el 2016 y que para el 2019 ya va en 13,8  billones  de pesos», aseguró Pavas.             

economistas udea

De izquierda a derecha, los egresados del programa de Economía: Víctor David Bernal Pavas y David Jiménez Mejía                                                                                                                                                            

Paralelamente, Jiménez Mejía puntualiza que «lo preocupante aquí es que el Gobierno nacional puede comportarse con cierto riesgo moral en el cálculo mensual del IP y de los precios internacionales, toda vez que casi la totalidad de los combustibles líquidos que se refinan en Colombia provienen de una empresa predominantemente estatal como lo es Ecopetrol o Reficar».

Dado lo anterior, «cuando no se tiene claro cómo debe pagarse al refinador y es el Gobierno nacional quien calcula este precio, lo más probable es tener precios altos y un déficit como el que muestran los datos», añadió Jiménez.

Ambos economistas no sólo encontraron falta de claridad en la forma de cálculo del Ingreso del Productor en el precio de los combustibles, sino que también hallaron falta de claridad y «amaño» en la forma de cálculo, en lo que corresponde a los tributos que representa casi una cuarta parte del precio final.

De trabajo de grado a demanda

Dado que los egresados en su trabajo de grado encontraron que «la base gravable con la que se calculaba la sobretasa a los combustibles era un precio ficticio fijado de manera subjetiva por parte del Gobierno nacional a través de MinMinas y que ha estado congelado en el tiempo por más de 10 años en un mismo valor, sobre el cual siempre se ha calculado la tarifa correspondiente para la Sobretasa a los combustibles», ambos decidieron presentar una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional contra el artículo 121 de la Ley 488 de 1998, demanda que fue radicada por Jiménez Mejía, el 25 de septiembre de 2017.

Allí se argumentó que «en ninguna disposición legal relacionada con éste - artículo 121- hay una combinación de reglas o parámetros que permitan determinar y comprender cómo debe ser calculado este valor de referencia por parte del Ministerio de Minas y Energía» y tampoco «cuál es la fórmula o al menos las variables que deben tenerse en cuenta, lo cual conduce a una indeterminación absoluta de la base gravable del tributo y en consecuencia a una deslegalización total en la fijación de este elemento esencial en el cálculo de la sobretasa a la gasolina en nuestro país ».

Un tributo inconstitucional por dos años más

Ahora bien, el 30 de enero de 2019 la Corte Constitucional mediante Sentencia C-030 de 2019, declaró inexequible la base gravable de la sobretasa en aplicación del principio constitucional de legalidad tributaria según el cual, sólo el Congreso tiene la competencia para fijar tributos o indicar la forma como deben calcularse.

Al respecto, el economista Jaime Alberto Montoya Arbeláez, quien fue profesor asesor de dicho trabajo de grado, también se pronunció asegurando que «la Corte no la tumbó inmediatamente porque el tributo genera importantes recursos para los municipios del país, pero en términos estrictos debió hacer efectiva la medida inmediatamente, para que pudiera  entrar una pronta regulación sobre los precios del combustible en Colombia, que sea más clara para la ciudadanía»

Por su parte, Jimenez Mejía sostiene que «el efecto diferido de la decisión de la Corte es problemático, toda vez que obliga a que los contribuyentes sigan pagando el valor de un tributo que fue declarado inconstitucional, por lo menos otros dos años, hasta que el Congreso legisle sobre el tema. Dice que estudiará la decisión con el ánimo de evaluar otros mecanismos legales para evitar que se siga cobrando este tributo que ya fue declarado inconstitucional».

Es claro entonces, que la base gravable sobre la cual hoy se calcula la sobretasa a la gasolina no cuenta con una fórmula comprensible, por eso los colombianos seguirán pagando por dos años más un tributo que es ilegal, tras la decisión que tomó  la Corte Constitucional al  dar un plazo para que el Congreso de la República legisle un nuevo mecanismo.

 

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