Sociedad

Con base en el rastreo, definimos como líder social a una persona cuyo trabajo es defender y promover los derechos humanos de cualquier ciudadano. Se trata de representantes de comunidades o de poblaciones específicas, de abanderados de procesos sociales y, también, de personas que, pese a no contar con reconocimiento público, integraban organizaciones de representación política, social, comunitaria, gremial, etc. 

Entre ellos hay campesinos, líderes afrodescendientes, indígenas, representantes de víctimas, miembros de juntas de acción comunal, líderes de organizaciones ambientalistas, periodistas, representantes de la población LGBTI, sindicalistas. 

Tienen especial presencia en las zonas periféricas y rurales, pero también se mueven en las urbes. Son los voceros de procesos comunitarios, trabajan en asuntos como la restitución de tierras y la sustitución de cultivos ilícitos o ejercen vigilancia y veeduría al proceso de paz. Son autoridades ancestrales, populares o ciudadanas.

¿Por qué los asesinan? La respuesta tiene muchos matices. Lo primero que es preciso reconocer es que Colombia está atravesando una situación coyuntural con la implementación de los Acuerdos de Paz. La salida de las Farc de muchos territorios donde antes ejercían control ha generado nuevas disputas para explotar diferentes economías ilegales en esos lugares. En algunas zonas, deja expuesta y en riesgo a una base social que la guerrilla consolidó durante décadas. En ese contexto, los líderes sociales adquieren especial visibilidad al ser quienes señalan y se oponen a estas nuevas dinámicas en sus regiones. 

Diversos analistas explican esta situación por la existencia de un poder hegemónico que busca mantener el statu quo. Uno de ellos es Alfonso Insuasty, profesor de la Universidad de San Buenaventura e integrante de Kavilando, un grupo autónomo de investigación. Él asegura que, con los Acuerdos de Paz, algunas élites ven amenazado el poder que han ejercido y hacen uso de la violencia para preservarlo.

Ejemplo de ello fue el exterminio de la Unión Patriótica. “Esa masacre —dice Insuasty— estuvo relacionada con el inicio de las elecciones populares de alcaldes [1988]. Hoy vuelven a estar en riesgo el poder regional y el poder económico. Ya no estamos hablando de un partido, sino de líderes sociales que pueden tener incidencia bajo la lógica de la participación en los asuntos regionales”.

Frente a este fenómeno, distintas organizaciones se plantean hipótesis sobre quién o quiénes son los responsables de estos asesinatos. Para el caso de Antioquia, la Defensoría del Pueblo, en su Informe de Riesgo N.° 10 de 2017, identifica dos grupos armados como fuentes de amenazas: el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

Por su parte, Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, cree que detrás de esos crímenes están “sectores que quieren tomarse las economías ilegales y sectores con miedo a la verdad que están pagando matones para que asesinen a los líderes”. 

A su vez, Insuasty habla de unas lógicas paramilitares heredadas por combos que actúan como mercenarios. “¿Cuál es el acuerdo? ‘Usted me controla la zona y, eventualmente, yo le doy la orden de que mate a alguien. Usted ni siquiera sabe quién es’, y resulta siendo el presidente de una junta de acción comunal”. 

Según datos de la Defensoría del Pueblo, Antioquia es el segundo departamento con más asesinatos a líderes sociales, solo superado por el Cauca. De los 156 asesinatos ocurridos entre el primero de enero de 2016 y el 5 de marzo de 2017, veinticinco ocurrieron en Antioquia. Además, este departamento está en el primer lugar en número de hechos victimizantes contra líderes, con 79 casos en veintidós municipios, entre los que hay amenazas individuales y colectivas, atentados y homicidios. 

En el contexto nacional, la Defensoría explica que por lo menos el 69 por ciento de las víctimas desarrollaban su labor comunitaria en zonas rurales y que un veinticinco por ciento eran líderes de pueblos y comunidades indígenas. Esa entidad expresa además su preocupación porque muchos de esos crímenes quedan en la impunidad. 

Carlos Jaime Taborda, director Seccional de Fiscalías de Antioquia, señala la relación que existe entre ese fenómeno y actividades como el tráfico de estupefacientes, la minería ilegal y, en general, las dinámicas criminales del departamento. A eso suma la salida de las Farc de algunas zonas para iniciar su proceso de desarme. Eso ha generado, según Taborda, que “otras organizaciones delincuenciales quieran entrar a cooptar [llenar los espacios que quedaron vacantes] el territorio. Eventualmente los líderes sociales no quieren que eso siga ocurriendo y es ahí donde los amenazan y, no en pocas ocasiones, los matan”. 

Frente a la sistematicidad del fenómeno también hay opiniones diversas. Imelda Daza, sobreviviente del exterminio a la Unión Patriótica y actual integrante del movimiento político Voces de Paz, explica que “la sistematicidad de los asesinatos la podría dar la frecuencia, el tipo de víctima y las formas en que se perpetúan. Para el asesinato de líderes sociales, se deben ver los motivos más que los perfiles. Es lo mismo un conservador que reclama su tierra que un socialista que reclama su tierra”.

Por su parte, el defensor Regional del Pueblo de Antioquia, John Jaime Zapata, aunque no afirma que se trate de un accionar sistemático, reconoce que sí hay elementos que se reiteran: “No solo la amenaza, no solo los homicidios, sino las agresiones, la estigmatización y los hostigamientos. El tema no es local, no es regional; es una dinámica que se está dando contra los defensores a nivel nacional”. 

Otros sectores de la oficialidad niegan esa sistematicidad. Así lo ha hecho el Ministerio de Defensa y con ello coincide la directora seccional de Fiscalías de Medellín, Claudia Carrasquilla: “Hemos podido establecer que no es un ataque sistemático ni sistémico a los líderes sociales, sino que, por el contrario, obedece a diferentes circunstancias”. 

Circunstancias todas ellas que, en cualquier caso, han costado la muerte de decenas de personas en toda Colombia durante los últimos meses. Como dice Ariel Ávila, “esto no es normal en una democracia”. Y lo es menos si recordamos que cuando pusimos en marcha este especial eran ocho las víctimas en Antioquia; unas semanas después la cifra subió a nueve y amenaza con seguir creciendo. Como ya dijimos, esos números son un campo de disputa.