Opinión

A raíz de la detención de Gabriel García Morales, exviceministro de Transporte y director encargado del Inco en el gobierno del expresidente Alvaro Uribe Vélez, por el proceso abierto en Colombia por supuestos sobornos ofrecidos por la multinacional Odebrecht para asegurar contratos públicos, de nuevo emerge la pregunta sobre cuáles deben ser las calidades personales y profesionales de los funcionarios que llegan a estos altos cargos del Estado.

En el caso en mención se dice que las calidades profesionales se respaldan por un título de pregrado obtenido en la Universidad de los Andes y un título de posgrado en una universidad norteamericana; en cuanto a las calidades personales se menciona que proviene de una familia distinguida de Cartagena y que no presentaba alguna inhabilidad de las señaladas por la ley. Ante los diferentes casos de corrupción suscitados en Colombia y que vinculan a prominentes profesionales egresados de prestigiosos colegíos y universidades colombianas a lo que se suma la realización de posgrados en universidades norteamericanas, principalmente, queda claro que una cosa es la preparación académica, técnica y/o científica para desempeñar una función al frente de un cargo público y otra es la idoneidad profesional que requiere el individuo para desempeñarse como funcionario del Estado.

La idoneidad va de la mano de valores como la honradez, la fortaleza, la integridad, la prudencia y la dignidad, pero también va de la mano de un profundo convencimiento de que la labor que se desempeña al frente de un cargo público se enmarca en principios éticos que buscan el bien común y el progreso de la sociedad. Mientras la preparación académica puede circunscribirse a la duración de los estudios universitarios, conseguir la idoneidad en el servicio de lo público se puede extender a lo largo de la vida de la persona.

De aquí que resulta insuficiente que a los ciudadanos se les diga que el nombramiento de un alto funcionario del Estado se realizó atendiendo a su trayectoria académica y a continuación se listen instituciones y títulos universitarios, como si esto fuera todo lo que se requiere para conceder idoneidad profesional. De igual manera que se abusa en las propagandas sobre medicamentos, alimentos y cosméticos cuyos efectos “han sido científicamente” comprobados, hoy otorgamos credibilidad sin reparos a profesionales que se “han formado en las mejores y más prestigios universidades nacionales y extranjeras”.

Está haciendo carrera que cargos de alto nivel del Estado sean ocupados por personas muy jóvenes en la mayoría de los casos sin la experiencia suficiente que garantice la adquisición de la idoneidad para el desempeño del cargo, a pesar de que se tengan los pergaminos académicos de ley. Es acaso el desempeño de un cargo de ministro o viceministro el inicio de una carrera pública o debería ser la culminación de un ciclo de vida laboral con el Estado en donde quien ejerce el cargo pone al servicio de la sociedad su experiencia, compromisos éticos y morales comprobables con el manejo de lo público.

La reciente ley aprobada el 30 de diciembre de 2016 que modifica la edad del retiro forzoso para el desempeño de funciones públicas, elevando de 65 a 70 años ¿acaso no es un reconocimiento a la necesidad de retener, para el servicio del Estado, a las personas que han logrado introyectar, gracias al ejercicio profesional, principios y valores del ejercicio público de cara a la responsabilidad social y el compromiso con el país?

Este texto fue publicado en el periódico El Mundo el martes 17 de enero de 2017
 

Nota

Este es el espacio de opinión del Portal Universitario, destinado a columnistas que voluntariamente expresan sus posturas sobre temáticas elegidas por ellos mismos.  Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores y no reflejan una opinión o posición institucional de la Universidad de Antioquia.