Opinión

Hay violencias que se reciclan y que invariablemente cuando retornan producen un miedo paralizante, que es capaz de privarnos de nuestra capacidad de reacción y que invitan al silencio.

Algo de eso percibí hoy en la universidad cuando supe que alguien ingresó a la vivienda de la profesora Sara Fernández y atentó contra su vida. Tal vez por ello adquieren un valor especial las palabras de la profesora Fernández quien hace un llamado a defender la universidad pública, rechazar las amenazas y entender, por fin, la sin razón del ingreso del ESMAD a los predios universitarios.

¿Cómo explicar este peligroso retorno del miedo y las amenazas a los universitarios? Creo que son dos los tipos de situaciones que deberíamos tener en cuenta: una de tipo coyuntural y otra mucho más estructural.

Conforme a esta última, hoy la universidad y su comunidad es víctima de repertorios violentos que se reciclan, que, tal como aconteció hace varias décadas, recaen en personas concretas pero sus efectos les trascienden.

Es lo que ocurrió con profesores como Héctor Abad, Luis Fernando Vélez, Jesús María Valle o Hernán Henao, todos asesinados por sus labores de promoción y defensa de Derechos Humanos.

Pero decía, también hay una razón tipo coyuntural y esta la podríamos situar en el protocolo-comunicado que emitió el alcalde de Medellín el pasado 10 de febrero para conjurar algunas situaciones de orden público en los campus universitarios.

Como pudimos apreciar, en virtud de dicho anuncio, tras escucharse algunas detonaciones el pasado 20 de febrero, ingresaron agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD- a los predios de la Universidad de Antioquia sin que mediara autorización judicial o se contara siquiera con el asentimiento de las autoridades universitarias.

Dicho ingreso de la fuerza pública y las posturas del señor alcalde sobre el uso de la fuerza para conjurar algunas situaciones problemáticas produjeron diversos efectos.  

Por una parte, hizo que los estamentos universitarios se pronunciaran sobre temas como: los criterios jurídicos y políticos por virtud de los cuales se usó la fuerza estatal para conjurar amenazas derivadas del uso de explosivos; los alcances de la autonomía universitaria; la conveniencia del retiro de las mallas perimetrales del campus de la Ciudad Universitaria; y la (in)conveniencia de ciertos repertorios de acción colectiva violenta. En fin, sobre temas y problemas que probablemente estén emparentados, pero que si revisamos en detalle se refieren a cosas distintas.

Por ejemplo, los criterios de legitimidad jurídica y política del uso de la fuerza parecen aludir a la cuestión de las competencias y el sentido de usar la fuerza en la universidad cuyo único compromiso es con el conocimiento, mientras que la autonomía universitaria alude sobre todo a la garantía constitucional (Art. 69 Const. Pol.) de que sean las propias universidades las que gobiernen sus asuntos (tanto los académicos como los administrativos) sin injerencias externas. No es algo nuevo que en la comunidad universitaria estemos hablando de estas cosas.

Pero el referido anuncio también produjo un efecto mucho más peligroso. Reeditó el viejo relato de que la Universidad pública es un foco de subversión que es preferible cerrar a mantener abierta incubando desorden.

Si es que se habla de universidad abierta, es algo que ahora se plantea en términos urbanísticos -la Univerciudad- sin mallas que la protejan. Tal vez sin proponérselo, el señor alcalde estimuló la emergencia de fuerzas que estaban silentes, pero que ahora con el clima de opinión que desató la incursión del ESMAD al campus de la universidad, nos pone a los universitarios bajo sospecha.

No son nuevas las amenazas a miembros de la comunidad universitaria, su capacidad de intimidación y la probabilidad de su concreción. El reciente atentado a la profesora Sara Fernández nos devuelve a épocas oscuras que algunos ingenuamente creímos superadas, tiempos en los que se quería acallar la crítica por medio de la intimidación. Pero debemos superar la parálisis que produce el miedo, sobreponernos a ella.  

Tal vez sea el momento de que las autoridades entiendan que en la universidad no están los principales problemas de seguridad, y que la sociedad recuerde que los verdaderos problemas no están dentro del campus universitario, sino en asuntos como los que lograron visibilizar las movilizaciones sociales del año pasado: la precaria implementación de los acuerdos de paz, los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, las reformas pensionales y laborales, la desfinanciación de la universidad pública, la desigualdad, y un largo etcétera del que, como por arte de magia, ya no se habla.

Nota