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El grito que se volvió coyuntura

31/10/2018
Por: Jorge Eduardo Suárez Gómez, profesor Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, UdeA

"Fue una victoria del movimiento social que creamos para que nos escucharan y vieran lo que venimos haciendo bien hace años con presupuestos recortados: investigación, docencia y extensión de calidad. Muchos afirman que no es suficiente (3,3 billones adicionales entre recursos de funcionamiento, inversión y regalías).  Es cierto..."

 "Si la apariencia fenoménica y la esencia de las cosas
coincidieran totalmente, la ciencia y la filosofía serían superfluas" J.O.

Desde una perspectiva basada en las apariencias, el anuncio hecho por el presidente y los rectores el pasado 26 de octubre ha tenido dos interpretaciones. Una es la que afirma la claudicación de los rectores ante el gobierno y el otro es la benevolencia del gobierno frente a las universidades públicas. Ambas visiones maximizan la responsabilidad o los méritos de quien no los tienen o al menos no completamente.

Lo anunciado el pasado viernes es el punto de llegada de una serie de procesos que devinieron en coyuntura en la medida en que se juntaron problemáticas de mediana duración con algunos acontecimientos.

La problemática de desfinanciación de las universidades públicas es un proceso de décadas. La forma que la Ley 30 del 92 calculó las transferencias del Estado a las universidades públicas aseguró la crisis futura. Lo rectores de ese periodo (con algunas honrosas excepciones) prefirieron buscar recursos en el mercado para solventar la crisis en vez de exigir recursos adecuados por parte del Estado. Algunos le atribuyeron la crisis al salario de los profesores. La crisis crecía, sin embargo, la comunidad universitaria no parecía alarmarse.

El 23 de marzo de 2017 en el periódico El Espectador, quien para ese momento rector de la UPN  Adolfo León Atehortúa, diagnosticaba así la crisis financiera de las IES públicas:

“mientras el incremento promedio de los gastos de funcionamiento e inversión del SUE en las últimas cinco vigencias supera el 10%, el incremento promedio de los recursos de la nación solo llega a la mitad de dicho crecimiento”. Hacía un llamado al gobierno anterior para que girara en ese momento “una suma que haga posible recuperar al menos un mínima porción de la deuda acumulada por las universidades; un aliciente que ayude a enfrentar la crisis ya estructural.”

Sin embargo, nada pasó. La comunidad universitaria y la opinión pública seguía eclipsada por otros temas. ¿Qué pasó un año y medio después para que la evidente crisis deviniera bandera de un nutrido movimiento nacional por la Educación Pública? Inicialmente los profesores de la Universidad de Antioquia llamaron la atención de la comunidad universitaria regional y nacional sobre la grave situación financiera de las universidades públicas y la pérdida de salarios de los profesores vía aplicación de la nueva reforma tributaria. A partir de esa chispa iniciaron más de dos meses de creativa, enérgica y pacífica movilización universitaria nacional. Con algunos acentos regionales, los profesores, estudiantes y hasta los rectores del país han desplegado todo un repertorio de acciones colectivas que han ido desde masivas marchas hasta performances, pasando por huelgas de hambre e intervenciones en el congreso.

Toda esta movilización encontró eco. El grito de S.O.S Universidades Públicas fue tan fuerte y alegre que los medios de comunicación, la sociedad en general y el nuevo gobierno no pudieron obviarlo. Esa suma “mínima” que pedía el profesor Atehortúa y no le fue concedida  en 2017 fue conseguida parcialmente en 2018, no por benevolencia presidencial o claudicación rectoral. Fue una victoria del movimiento social que creamos para que nos escucharan y vieran lo que venimos haciendo bien hace años con presupuestos recortados: investigación, docencia y extensión de calidad. Muchos afirman que no es suficiente (3,3 billones adicionales entre recursos de funcionamiento, inversión y regalías).  Es cierto.

Estos recursos aunque le dan un “respiro” a las universidades públicas no son suficientes para solucionar el problema de mediano y largo plazo. De lo demandado en el movimiento, en el acuerdo sólo se concede el 34% para funcionamiento y el 8% para inversión. Nada se habla de la problemática de los deudores del Icetex, del reencauche de Ser Pilo Paga ahora llamado “Generación E” y nada se dice de la sobrecarga tributaria de los profesores universitarios. Consideramos que debe discutirse una política de Estado para la Educación Superior Pública que no esté al vaivén del gobierno de turno. La discusión del Plan Nacional de Desarrollo será una buena oportunidad para ello. Los profesores y estudiantes están maduros para eso. El papel que tuvieron en esta puja por la financiación así lo demostró.

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Nota

Este es el espacio de opinión del Portal Universitario, destinado a columnistas que voluntariamente expresan sus posturas sobre temáticas elegidas por ellos mismos. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores y no reflejan una opinión o posición institucional de la Universidad de Antioquia.

 

 

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