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De tragarse algunos sapos y de otras garantías

15/07/2019
Por: José Luis González Jaramillo, Estudiante Maestría en Derecho, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, UdeA

« ... La extradición del exministro Arias al país recrudeció el ambiente enardecido producto del proceso de paz; es absolutamente claro que el proyecto de ley que presenta el Centro Democrático ha sido confeccionado para uno de sus miembros y permitirá que los episodios más oscuros de corrupción y violencia del último tiempo sean revisados nuevamente ... »

El Centro Democrático ha anunciado que el próximo 20 de julio radicará un proyecto de ley a través del cual buscará la aplicación retroactiva de la garantía de la doble instancia y la doble conformidad, es decir garantizar la impugnación de sentencia condenatoria fuera de primera instancia para cualquier ciudadano y la de única instancia para aforados constitucionales.

Este anuncio, realizado luego de la extradición del exministro Andrés Felipe Arias ha generado que algunos sectores denuncien que dicho proyecto ha sido elaborado para beneficiarlo.

Las garantías de la doble instancia y la doble conformidad tomaron relevancia gracias a la Corte Constitucional en sentencia C-792 de 2014 donde exhortó al Congreso para su protección. Dicho exhorto fue reiterado en la sentencia SU-215 de 2016; por otro lado, la Corte Suprema de Justicia advertía la necesidad de una reforma orgánica y una regulación detallada que prohijará tal protección.

La respuesta del legislativo fue el Acto Legislativo 01 de 2018, el cual garantizó la segunda instancia para aforados y –parcialmente– la garantía de la doble conformidad; no obstante, dicha norma prescribe que esta garantía no se aplicará a las sentencias expedidas con anterioridad a su expedición.

Para hacernos una idea: desde 1991 se han expedido alrededor de 260 sentencias de única instancia para aforados; entre estos casos como el proceso 8000, “yidispolítica”, Agroingreso Seguro, la contratación en Bogotá, el “cartel de la toga”, Odebrecht, entre otros; para las sentencias condenatorias fuera de la primera instancia, es decir para no aforados, no hay estimados, ya que estas son expedidas por Jueces de Circuito, Tribunales de Distrito y la propia Corte Suprema.

Paralelo a esto, la defensa del exministro Arias, defendió ante organismos internacionales la violación del Estado colombiano de estas garantías y, ante la Corte Suprema defendió infructuosamente en dos oportunidades la necesidad de una aplicación retroactiva de tales garantías.

Con estos antecedentes, en marzo el senador Álvaro Uribe anunció la preparación de un proyecto de ley que beneficiaría exclusivamente a los aforados a quiénes se les violó la garantía de la doble instancia; en este contexto, tal propuesta significó un despropósito al entregar beneficios a ciertos individuos en favor de otros; esto es permitir una aplicación indiscriminada de la ley en un Estado de derecho.

En mayo la Corte Constitucional anunció a través de un comunicado de prensa que a través de la sentencia SU 2017 de 2019 exhortará nuevamente al Congreso para que regule los efectos temporales de la doble instancia y regule el recurso que garantizará la doble conformidad.

Con el espaldarazo que avizora esta decisión –aún no publicada–  y producto de la extradición del exministro, el Centro de Democrático informó que el proyecto de ley anunciado por el senador Uribe comprenderá todas las sentencias condenatorias no apeladas que se dictaron desde 1991, de tal manera que no excluirá a los colombianos no aforados y que, así como el exministro Arias, no tuvieron la posibilidad de impugnar; situación que tendrá grandes repercusiones de cara a la seguridad jurídica, al presupuesto y la congestión de la Rama Judicial.

Durante la última parte de su mandato, el expresidente Santos utilizó reiteradamente una metáfora algo desafortunada pero muy ilustrativa para
caracterizar los Acuerdo de Paz, a partir de la cual afirmaba que “para que la paz sea exitosa hay que tragarse algunos sapos”, los cuales implicaban “darle todas las garantías a los delegados y miembros del Secretariado”.

La extradición del exministro Arias al país recrudeció el ambiente enardecido producto del proceso de paz; es absolutamente claro que el proyecto de ley que presenta el Centro Democrático ha sido confeccionado para uno de sus miembros y permitirá que los episodios más oscuros de corrupción y violencia del último tiempo sean revisados nuevamente.

Parafraseando al expresidente Santos: la protección de derecho y la existencia de garantías en el escenario democrático que implica un Estado de derecho requiere tragarse algunos sapos: entre otros exige que el sistema de recursos en el proceso penal no dependa de la cambiante voluntad del legislador, pues sobre el Estado se cierne un mandato y es el de asegurar, al menos, la existencia de un recurso que permita someter ante otra autoridad jurisdiccional toda condena impuesta a un ciudadano –sin importar su condición– fuera o no de la primera instancia jurisdiccional.


Nota

Este es el espacio de opinión del Portal Universitario, destinado a columnistas que voluntariamente expresan sus posturas sobre temáticas elegidas por ellos mismos. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores y no reflejan una opinión o posición institucional de la Universidad de Antioquia.

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