Opinión

El presidente Juan Manuel Santos dijo cuando entregó el acuerdo de paz en el Congreso que cumplía con su promesa de poner a consideración del pueblo lo pactado entre el Gobierno y las Farc, y de entregarle a los colombianos el poder de la última palabra. Así afirmó, “no era necesario someterlo a refrendación. Lo hice porque soy un demócrata”.

¿Qué quiere decir esto? Este gesto político significa que en este momento trascendental de nuestra historia política, el representante del poder Ejecutivo reconoce el sentido más profundo de la Constitución de 1991 y el significado constituyente del pueblo como legislador primario. Un político demócrata debe defender y hacer valer la tesis del liberalismo que afirma que “el pueblo es el único que puede decidir cuál sea la forma de la república, es el único que puede darse una Constitución y es el único que puede cambiarla” (Locke).

Es decir, en el caso de la refrendación de lo pactado en La Habana, solo el pueblo puede, como constituyente primario, determinar, si con su voto en el plebiscito, aprueba o no estos acuerdos.

Los acuerdos han sido construidos atendiendo a las limitaciones que imponen los principios fundamentales establecidos en la Constitución. Estos límites absolutos establecen lo que puede ser denominado “el coto vedado”, el cual no puede ser restringido por la voluntad de cualquier mayoría, plebiscitaria o legislativa o de la autoridad ejecutiva.

El límite que establece “el coto vedado” a lo pactado en La Habana se puede apreciar en cada uno de los acuerdos. En el Acuerdo sobre Víctimas, este límite se traduce en que no habrá impunidad ni perdones incondicionales ni amnistías por delitos graves. El Acuerdo sobre Tierras permitirá la entrega de tres millones de hectáreas a los campesinos sin tierra en los próximos diez años. No habrá ninguna afectación a la propiedad privada.

En suma, en estos acuerdos se definen las condiciones mínimas de una paz por medio del derecho. A este proyecto se han opuesto de manera radical aquellos sectores interesados en hacer fracasar el proceso de paz y en continuar la guerra, mediante una campaña basada en afirmaciones falsas, en argumentos falaces para confundir a la opinión pública y en mentiras. Sus tesis más repetidas son que el acuerdo de justicia transicional es un pacto de impunidad, que el Acuerdo sobre Tierras destruirá el agro productivo, y otros. La oposición a los acuerdos en la forma del No al plebiscito, debe conducir, según el expresidente Uribe, a la renegociación de los acuerdos.

Pero esta es una falacia y una trampa política. El No a la refrendación conduce a Colombia de nuevo a la guerra. Las Farc no resistirían un nuevo proceso de negociación en el que los temas más difíciles, ya concertados, se revisen. ¿Qué buscan entonces los sectores interesados en hacer fracasar el proceso de paz? Simplemente, la continuación de la guerra. “El Si es la paz el No es la guerra. Esa es la disyuntiva frente a lo que estamos”, escribe Francisco Gutiérrez.

Este texto fue publicado en el periódico El Colombiano el martes 30 de agosto de 2016

Nota

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