Opinión

Si el supuesto central del Acuerdo de paz fuera el cumplimiento completo de lo acordado por cada una de las partes suscribientes obligadas ellas solo por su voluntad, entonces no serían necesarias las cláusulas sobre las sanciones ante incumplimientos ni el papel de los países garantes.

En el Acuerdo de paz las sanciones ante incumplimientos son para ambas partes, sin embargo, en la opinión pública del país sigue pesando la idea según la cual las sanciones ante incumplimientos deben ser solo para una de las partes, la exguerrilla.

Los incumplimientos del Estado en cabeza del gobierno Duque no han generado en sectores de opinión el grado de preocupación e indignación como el incumplimiento de Santrich. Incluso no encuentran relación entre los incumplimientos estatales y la presunta acción delictiva del exguerrillero.

Santrich para un sector de la exguerrilla sigue siendo su comandante porque fue capaz de arriesgarse por sus compañeros de lucha tanto en la guerra como en la paz. Ante los incumplimientos estatales, el exguerrillero entró en huelga de hambre para presionar la liberación de sus compañeros todavía en prisión.

Ese compromiso, para otros fanatismo, no solo ha generado admiración entre parte de la base social de Farc sino que también lo perfiló para caer en una trampa.

Posiblemente Santrich consideró que el viejo negocio del narcotráfico con el cual financiaron parte de la guerra podría ahora generar los recursos que el gobierno Duque no ha girado para continuar con la reincorporación de los exguerrilleros y para el desarrollo de la actividad política del partido.

Lo que Santrich no contempló al incurrir en tan temeraria acción fue el escenario de una trampa; y era difícil que considerara esa situación porque confió en Marlon Marín, el sobrino de Iván Márquez, quien resultó ser parte del entrampamiento tendido por la DEA.

Para un sector de la base exguerrillera está fuera de toda duda que, si efectivamente Santrich estaba organizando un envío de cocaína para USA, el dinero sería para resolver los problemas de la organización en el posconflicto y no para usufructo privado. Este tipo de legitimación, sin embargo, resultó altamente costosa para el partido Farc e incluso los opositores al Acuerdo quieren extender la factura de cobro al proceso mismo de paz.

En efecto, en el marco del Acuerdo de paz existen sanciones para los incumplimientos, especialmente en el asunto del narcotráfico. Por ello, el Acuerdo estableció una fecha para dirimir las competencias entre las cortes de justicia ante delitos cometidos por los exguerrilleros antes o después de la firma de lo acordado.

Que Santrich dado su rango y representatividad no cumpla con el Acuerdo deja mal parado a su partido político, pero este incumplimiento no tiene por qué afectar el proceso en general siempre y cuando se apliquen las sanciones establecidas, las cuales también hacen parte del Acuerdo.

Sería deseable que tanto los exguerrilleros como el gobierno cumplieran con todo lo pactado, pero ese deseo no pasa de ser eso. La formulación realista del Acuerdo considera los riesgos de incumplimiento y las sanciones que deben aplicarse para evitar el fracaso. Y eso está pasando, ante el incumplimiento de un miembro de la exguerrilla, el Estado actúa para aplicar una sanción.

Del lado del partido Farc, el costo político del incumplimiento de uno de sus miembros con alto perfil la pone en los mismos aprietos que han vivido distintos partidos políticos cuando uno de sus militantes resulta ser un delincuente.

Ante casos como esos, bien representados por la parapolítica, los partidos comprometidos no decidieron desaparecer del escenario político, es más convirtieron el escándalo en una oportunidad para seguir haciendo política. Y lo han sabido aprovechar tan bien que ahora son partido de gobierno.

La mejor manera que tiene el actual gobierno para evitar otros casos tipo Santrich y también para evitar el fortalecimiento de las disidencias es cumplir con el Acuerdo.

Pero ese deseo contrasta con la tosca materia, la realidad muestra un gobierno interesado en cumplir con los aspectos mínimos que le competen y maximizar mediáticamente los incumplimientos de algunos miembros de la exguerrilla para mostrar que ellos sí están cumpliendo, pero los otros no. E incluso para afirmar que el problema de fondo es el Acuerdo mismo.

La implementación del Acuerdo de paz pasa por un periodo de gobierno crítico. En este primer año del gobierno Duque la característica principal ha sido la mutua recriminación entre las partes. Más que hablar de las realizaciones de la paz, los hechos positivos, la agenda mediática ha estado permeada por los incumplimientos, los hechos negativos.

Quedan tres años para cambiar esta tendencia o, como lo muestra la historia colombiana, para recibir nuevamente una vieja guerra re-encauchada. Ya tenemos neoparamilitares faltaría la neoguerrilla.

Este texto fue publicado en La Silla Vacía el jueves 11 de julio de 2019

Nota

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