Opinión

En un país tan complejo y con tantos asuntos por resolver resulta muy exigente establecer un número reducido de prioridades para quien, en su rol de presidente de la República, oriente a la Nación en los próximos años. Desde la academia destacamos algunos que consideramos fundamentales y con los cuales el país podría orientarse en tratar de cerrar las brechas de desigualdad económica y social.

El fortalecimiento del sector agropecuario debe entenderse como un tema prioritario, tal como lo evidencian el Censo Nacional Agropecuario, 2014 y el informe sobre la Misión para la Transformación del Campo Colombiano, 2015. Pese a reconocerse como un país rural, históricamente Colombia no ha pensado en favorecer de manera consistente y sistemática a este sector. Darle al campo la importancia que se merece y, desde este punto de vista, incentivar, apoyar y proteger la agricultura familiar, resulta muy necesario.

La calidad de la educación superior y cómo hacer para garantizarla, se plantea como otro reto principal. La Ley 30, en la que se definen los mecanismos de financiación de las universidades públicas por parte del Estado, resulta insuficiente en la actualidad. Cuando se creó esta norma, hace 26 años, la situación de las universidades era muy distinta. Los recursos que se transfieren hoy no alcanzan para solventar las dinámicas actuales de la educación superior.

Resulta prioritario que el Estado fortalezca su sistema público de educación superior de excelencia, como evidente mecanismo de progreso social. En consonancia, es igualmente prioritario ocuparse de la calidad de la educación precedente, no es posible alcanzar niveles de desarrollo y excelencia en la educación superior, si los jóvenes no están preparados para la vida universitaria.

Frente al nuevo escenario político y social que se vive en el país, deberá ser tarea del nuevo Gobierno aportar a la construcción de paz, entendida no solo como el silencio de las armas, sino como la superación de las causas que nos han llevado a la conflagración interna durante más de cincuenta años. Avanzar en posconflicto implica reflexionar sobre el papel de la institucionalidad y de los ciudadanos en la democracia; conocer y entender otras formas de solucionar nuestros conflictos, de respetar nuestras diferencias; de construir memoria y encontrar la verdad para reconocer los derechos de las víctimas.

La sostenibilidad ambiental deberá incluir asuntos en los que tenemos que mejorar como país, entre ellos el ordenamiento territorial, el aprovechamiento responsable de los recursos naturales y el cuidado de nuestros ecosistemas.

Por su experiencia académica, científica, técnica, sociohumanística y cultural; la Universidad sabe el papel que debe desempeñar. En este sentido, ofrece sus buenos oficios para la consolidación del proyecto de Nación sea quien sea el nuevo presidente de Colombia.

Este texto fue publicado en el periódico El Colombiano el miércoles 13 de junio de 2018