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Un acuerdo para la gobernanza ambiental de Latinoamérica

19/02/2021
Por: Natalia Piedrahita Tamayo - Periodista

La Comisión Segunda del Senado y Cámara debate si el país debe ratificar, o no, el Acuerdo de Escazú, que comienza a regir en abril. El Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, Iner, y la Corporación Académica Ambiental, emitieron su concepto al Congreso


Pese a que la ONG Global Witness contó 64 asesinatos en Colombia, aún el país no ratifica el Acuerdo. Foto: Unplash.

En septiembre de 2018 comenzó el proceso de firmas del Acuerdo de Escazú, un tratado dirigido a los 33 países de Latinoamérica y el Caribe que establece unos mínimos esenciales para el derecho a la información, la participación y la justicia ambiental, y que hace disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

A pesar de que el presidente de la República, Iván Duque, firmó en diciembre de 2019 el Acuerdo para que Colombia hiciera parte del grupo de países firmantes, el Congreso aún no lo ha ratificado. En el primer debate, que se realizó a principios de noviembre de 2020, se aplazó la discusión hasta que se hicieran nuevas audiencias para socializar con la comunidad.

El 19 de agosto de 2020, la Comisión Segunda Constitucional Permanente le pidió concepto a la Universidad de Antioquia sobre el proyecto de ley 057 de 2020, con el que se busca ratificar el Acuerdo. La respuesta de la Alma Máter se entregó el 26 de octubre a través de documento firmado por Harold Cardona Trujillo, del Instituto de Estudios Regionales, Iner, y Melissa Restrepo Villegas, de la Corporación Académica Ambiental, quienes expusieron las razones para que el país se sume a esta iniciativa.

El investigador Cardona Trujillo le explicó a este periódico que con el tratado «los países se comprometen a suministrar información amplia sobre las intervenciones que se hagan en su propio territorio, lo que significa que el Gobierno debe solicitar información que sea pública y detallada sobre la huella ambiental y social de todas las compañías y empresas». Estas condiciones han evidenciado otros sectores que se oponen al proyecto.

Debate

La fracción política y empresarial que promueve el no al Acuerdo de Escazú que ha liderado la coalición del Centro Democrático y ha señalado, entre otras ideas, la pérdida de la soberanía sobre decisiones relacionadas con la inversión privada en el suelo nacional y la entrega del control medioambiental a cortes internacionales. Una de las voces en contra es el presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, quien se ha referido en varias ocasiones en Twitter: «La soberanía colombiana sí queda en tela de juicio», publicó a finales de octubre.

En una columna de opinión publicada en El Heraldo el 21 de septiembre aseguró: «El Acuerdo afecta a la ganadería, ya amenazada por la “extinción administrativa de dominio por incumplimiento de la función ecológica”. Con Escazú el asunto es judicial y un propietario puede ser llevado ante un juez o ante instancias internacionales ideologizadas».  Además, dijo que Colombia ya cuenta con un marco normativo que le permitiría regular la protección medioambiental.

En contraposición, organismos como el Banco Mundial, la Comisión Económica de América Latina y el Caribe —Cepal—, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico —Ocde— y el Banco Interamericano de Desarrollo —BID— han pedido la suscripción al Acuerdo. El más reciente llamado para que se le dé trámite urgente al proyecto de ley lo hizo la Alianza por el Acuerdo de Escazú, organización de la que hacen parte entidades como la Asociación Ambiente y Sociedad, el Fondo Mundial para la Naturaleza WWF, por sus siglas en inglés), Dejusticia, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente —Aida—, la Red por la Justicia Ambiental de Colombia y varias universidades.

Así mismo sectores políticos que sí apoyan el Acuerdo también se han manifestado. La Representante a la Cámara Ángela María Robledo ha afirmado en medios nacionales y en su cuenta de Twitter que esta es una herramienta ambiental que puede ayudar a garantizar la justicia en los casos de conflictos ambientales que se dan en Colombia, entre otros problemas derivados.

«Gran parte de la economía colombiana está basada en la extracción a ultranza de los recursos naturales, por ello, al exigir este Acuerdo que las empresas brinden información amplia sobre sus acciones ambientales, puede resultar inconveniente a corto plazo para algunos desarrollos», explicó Harold Cardona Trujillo, del Instituto de Estudios Regionales, Iner.

Los líderes ambientales, guardianes de las selvas y los ríos, han sido constantemente amenazados por el conflicto armado. Según un informe de Global Witness publicado el año pasado, Colombia ocupa el ominoso primer lugar con 64 muertes de defensores del medio ambiente en el 2019, la más alta registrada por la oenegé. En palabras de la investigadora Melissa Restrepo Villegas «la cifra de líderes ambientales asesinados señala que en el país no se está haciendo bien la tarea de defender la vida y que los instrumentos legales que se disponen para ello  no son efectivos». Este tratado regional busca proteger la vida y el medio ambiente, amparados por la Constitución pero vulnerados constantemente en la práctica.

Qué sigue

El 22 de enero México y Argentina ratificaron el Acuerdo ante la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas —ONU—. Empezará a regir a partir del 22 de abril, Día Internacional de la Tierra, y aún Colombia sigue a la espera de que el Congreso dé vía libre al trámite. El sitio web de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, indica al cierre de esta edición que 12 de 24 países, han firmado y ratificado su vinculación.

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