Opinión

Aunque puede parecer un simple anuncio promocional, el llamado a una “paz territorial” en Colombia podría abarcar no sólo componentes ambientales, socio-culturales, económicos y legales, sino un incuestionable sustrato histórico, político y, si se quiere, filosófico. Porque, a título de hipótesis, la construcción de esa paz adjetivada sólo puede ser estable y duradera si se reinventa el estado-nación colombiano en clave de “fraternidad”.   

En el desarrollo formal de las conversaciones en La Habana, varios analistas, e incluso personas del grupo de negociación del Gobierno, han planteado que la justicia, la igualdad y la equidad, entre otros principios racionales, solo serían posible bajo una paz con enfoque territorial. Pero, ¿qué podría ser la paz territorial?

De entrada, se podría avanzar que esa paz -o mejor, sus condiciones para que sea posible- debe ser pensada, debatida y realizada para, desde y con todas las personas que ocupan una porción de tierra dentro de lo que hoy geográfica y políticamente se define como Colombia.

Al amparo de esta definición general, la paz territorial podría ser una manera alternativa de decir que las transformaciones que necesita Colombia para avanzar hacia una sociedad que dirime sus conflictos por vías diferentes a la violencia, no solo pasa por la constitución de un ciudadanía real, es decir, informada, activa y deliberante, sino por un Estado ejerciendo plenamente su misión sobre todo lo ancho y largo del territorio nacional. Por oposición, la paz territorial es otra forma conexa de insinuar que el mito fundacional del estado-nación colombiano que ha perdurado hasta el día de hoy, anclado sobre una visión elitista, discriminatoria y fragmentada de un ideal de sociedad blanca, católica y patriarcal, resultó ser un rotundo fracaso en el sentido de no incluir a todos sus integrantes en una real “república democrática”. Sí, Colombia aún insiste en ser “una nación a pesar de sí misma”.

En esta misma línea, algunos estudiosos del enfoque territorial de la paz han esgrimido la estrategia básica según la cual el Estado, tras los acuerdos de La Habana, deberá ejercer plenamente su soberanía política, particularmente en aquellos territorios donde la debilidad o cuasi ausencia de instituciones legal y legítimamente constituidas fue, entre otros factores, el detonante de la larga y cruenta violencia fratricida en Colombia. Además de la necesidad de hacer cuantiosas inversiones focalizadas para la construcción de ciudadanía, mercado y Estado en algunos territorios (455 municipios) donde existe un marcado déficit de institucionalidad y, por ende, una mayor vulnerabilidad de sufrir los horrores del conflicto armado (López, Claudia: “Adiós a las Farc. ¿Y ahora qué?”, Debate, 2016.), también se ha argumentado que la paz territorial debe, al menos, considerar tres importantes dimensiones: la ambiental, la propiedad de la tierra y el desarrollo rural en su eje productivo (Reyes, Alejandro: “La construcción de la paz territorial”, El Espectador, 20 de noviembre de 2015).

Tres dimensiones que tienen como centro uno de los puntos más críticos de la historia de la guerra y la violencia en Colombia: el conflicto agrario.

En efecto, los derechos de propiedad, la distribución-restitución, la vocación, el uso productivo y el acceso a la tierra rural son problemas estructurales que ha arrastrado nuestro país aun desde la época de la colonia. Es por ello que no es casual que el primer punto de la agenda de las negociaciones haya versado sobre la “reforma rural integral”, lo que implicará repensar no sólo la deuda histórica aún no saldada con la mayoría de las personas que viven en el área rural, sino un replanteamiento radical del actual enfoque de desarrollo productivo del agro colombiano.

Así las cosas, la paz territorial podría igualmente animar el debate en dos asuntos estrechamente relacionados: 1) la comprensión de las raíces históricas de las desigualdades sociales y 2) la reinvención del tejido societal del estado-nación en clave de “fraternidad”. Respecto a las desigualdades arraigadas históricamente en América Latina, un informe del Banco Mundial (En: Montenegro, Armando y Melendez, Marcela –comp.-, Equidad y Movilidad social. Diagnóstico y Propuestas para la Transformación de la sociedad colombiana”, UniAndes- DNP. Bogotá, 2015) plantea que para avanzar en la construcción de sociedades más equitativas y con mayor movilidad social, se impone la necesidad de una “ruptura” con una herencia histórica reproducida por una élite política dominante que, entre otras cosas, temía ofrecer una educación ilustrada para las mayorías y, en varios casos, promovía una forma de ocupar territorios proclive a la titulación de grandes propiedades en pocas manos.  

Y es en el marco de estos hechos que el estado-nación colombiano del posconflicto deberá reinventarse sobre la base de la igualdad en dignidad humana. Si, con Martha Nussbaum, el amor es clave para el ejercicio de la justicia, sin un auto reconocimiento de la igualdad entre seres humanos resulta vano practicar la fraternidad (amor recíproco entre seres humanos que son y se creen iguales). Así, la empatía, el amor cívico, la compasión, la solidaridad y el reconocimiento del otro como un igual ante la comunidad política se convierten en el punto de apoyo para que una sociedad aspire al desarrollo pleno de las “capacidades humanas” de todos sus integrantes.

Con todo, quizá el llamado a esa “paz territorial” sea, sin soslayar los vericuetos técnicos del concepto, una elocuente consigna invitando a los habitantes de un territorio a generar “rupturas históricas” con un pasado marcado por desigualdades injustas, discriminaciones de toda índole y humillaciones sin nombre, en pro de construir proyectos de vida donde se sientan fraternalmente iguales e incluidos en una gran familia como ciudadanos.

Nota

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