Periódico Alma Máter

La tradición silletera y los cultivos de flores en las veredas Santa Elena, atraen a miles de turistas al año. Foto: cortesía Daniel Romero.

El 70 % de Medellín es territorio rural. Pese a esto, durante décadas la actividad y el modelo de desarrollo ha estado centrado en la zona urbana, lo que ha generado una gran densidad poblacional, efectos en la calidad del aire y complejas problemáticas relacionadas con la seguridad ciudadana. Algunos de estos factores han propiciado, en los últimos años, la migración de habitantes urbanos hacia zonas rurales de la ciudad.

«Lo que está pasando alrededor de grandes ciudades como Bogotá y Medellín es que la gente tiene mucha intención de moverse. Son procesos migratorios que se intensifican en momentos de confinamiento como este, por ejemplo», explicó Olga Elena Jaramillo Gómez, investigadora del Grupo Cultura, Violencia y Territorio del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia —Iner—.

Es justamente esta experiencia de confinamiento, vivida de manera muy diferente en la ciudad y en la zona rural, la que ha intensificado una problemática que ya venía siendo alarmante en un corregimiento como Santa Elena, ubicado a 35 minutos en vehículo del centro de Medellín, y en donde diariamente se generan múltiples ofertas y demandas de vivienda.

Para Jaramillo Gómez, esto conlleva a una preocupación: los nuevos habitantes que se desplazan a este corregimiento, o a otras zonas del llamado «Oriente cercano», «mantienen unos modos de vida muy urbanos y vivir en estos territorios no significa que se conecten con sus dinámicas y procesos, y mantienen los usos y consumos propios de la vida urbana».

¿Tierra sobrevalorada?

Lina Díaz Orrego, además de vivir en Santa Elena desde hace dos años, es estudiante de la maestría en Antropología de la Universidad de Antioquia. Actualmente investiga los conflictos socioambientales de este corregimiento, por lo que explica que la nueva densidad poblacional en la zona, junto con el turismo de fines de semana, demanda una significativa cantidad de servicios, especialmente de espacio —o acceso a la tierra— y al agua.

«El campesino no puede vivir del agro y comienza a vender las tierras que tenía. Los hijos comienzan a pedir el pedazo que les corresponde para vender, también para construir vivienda y alquilarla, aprovechando la alta demanda y la prosperidad de ese negocio. Esto genera una especulacion de la tierra», advirtió Díaz Orrego.

Son múltiples las discusiones que se observan en los canales virtuales donde se publica la venta y arrendamiento de propiedades, por cuenta de lo que algunos señalan como una «burbuja inmobiliaria» en esta zona rural, pues propietarios y comisionistas que ofrecen inmuebles a nuevos clientes son señalados de inflar los precios, especialmente en este tiempo de pandemia.

El incremento en las valorizaciones también es un dolor de cabeza para los residentes del corregimiento, quienes advierten aumentos de hasta el 600 %. Wbeimar Cano Urrego, corregidor de Santa Elena, señala que allí «la tierra se volvió carísima; de pronto hay gente que, aprovechando este boom de vivir en Santa Elena, ha sobrevalorado la tierra y hay gente que quiere sacar provecho de esta situación vendiendo lotes y casas a precios muy altos, y predios que incluso puede que no cumplan la norma para construir».

No hay agua —ni recursos— pa’ tanta gente

Foto: Yenifer Aristizábal Grajales.

La carga ambiental generada por la tendencia migratoria que se vive en esta zona, que contempla varias áreas protegidas, es cada vez mayor. «Las personas que venden o alquilan necesitan hacer construcción de vivienda y eso requiere una tala de árboles y adecuación del espacio. Ahí ya hay un impacto», dijo Diaz Orrego.

«Los nuevos residentes necesitamos ese acceso al suelo y al agua, muchas veces se ha notado que en un mismo predio puede haber cinco o seis casas y alimentar de agua cada casa, para cada habitante que en promedio se gasta 20 litros de agua en necesidades básicas, implica un alto impacto ambiental», explicó.

De acuerdo con el corregidor, la llegada de extranjeros, de artistas y en general de nuevos habitantes no campesinos, ha enriquecido culturalmente al corregimiento. Pero la dinámica ocupacional también está vinculada con nuevas problemáticas: «Muchos quieren instalarse de manera legal y tranquila — aseguró Cano Urrego—, pero otros están talando bosques, dañando la flora, los nacimientos de agua; o explanando y dañando la capa vegetal. Cada día son más los problemas sociales y entre vecinos por temas de convivencia».

Una muestra de ello es la reciente medida preventiva de suspensión de obra para un proyecto urbanístico que se venía construyendo en la zona del Parque Arví. La medida, impuesta por Corantioquia el pasado 25 de junio, se dio tras verificar «serias afectaciones a los recursos naturales y el incumplimiento de la normatividad ambiental», declaró la entidad por medio de un comunicado oficial.

El proyecto, señaló la corporación ambiental, incumplió las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín —POT—, en cuanto a densidades poblacionales máximas permitidas para el área rural y, además, intervino 4800 metros cuadrados del área ubicada en suelo protegido.

«Encontramos una afectación considerable en materia ambiental desde la remoción de capa orgánica: 400 toneladas que se removieron y que ya no prestarán su servicio ambiental en una zona de recarga hídrica, en un suelo de protección. De igual forma, la tala de más de 12 especies de árboles nativos que, en la sumatoria, afectaría aproximadamente a 11 hectáreas de bosque natural», declaró Ana Ligia Mora Martínez, directora general de Corantioquia, quien además aseguró que la recuperación de lo que se ha degradado allí podría tardar alrededor de 40 años.

Por ahora no hay un plan de contingencia concreto para remediar los efectos de esta dinámica poblacional. Mientras tanto se continúan adecuando vías, ampliando acueductos frente a la alta demanda y generando otros servicios requeridos por unos residentes cada vez más diversificados.

Sin embargo, en la ciudad se reclama la debida implementación del Distrito Rural Campesino, que de acuerdo al Plan de Desarrollo de Medellín y a las organizaciones sociales que lo promueven, es una herramienta para proteger a los más de 50 000 campesinos que por años han vivido en condiciones de desigualdad frente a la zona urbana, o que, como los de Santa Elena, sienten sobre su teritorio y cultura múltiples amenazas.