Opinión

Desde el momento en que la ciencia y tecnología se convirtieron en factores determinantes para el desarrollo económico y para el control de la geopolítica mundial, los estados de los países desarrollados y con mayor tradición científica incorporaron en las políticas públicas y provisión de bienes públicos las actividades científicas y tecnológicas, siendo necesaria la financiación permanente y sostenida con recursos de los presupuestos de fondos estatales. El desarrollo científico y tecnológico moderno demanda significativos recursos financieros, en tanto es una actividad compleja, con incertidumbre y  no siempre se obtienen retornos económicos y sociales en el corto plazo.

Con la creación de Colciencias en 1969, el Estado colombiano se alineaba con la tendencia mundial de hacer de la ciencia y tecnología un asunto de política pública, sin embargo esa decisión  no ha sido acompañada de esfuerzos por legitimar la actividad científica en los diferentes sectores de la sociedad, ni tampoco reconocerla como referente ineludible para abordar y resolver grandes problemas  nacionales complejos, ni mucho menos  de una financiación decidida, adecuada y ascendente con  el trascurrir del tiempo.

En materia de financiación, históricamente se han observado  inversiones con  orden de magnitud exiguo al  medirse como porcentaje del producto bruto interno (PIB) y en relación con los diferentes rubros de los prepuestos para el funcionamiento del Estado; así  por ejemplo, en el  presupuesto general de la Nación para  2018  que asciende a un valor total de 235,6 billones de pesos colombianos, a  Colciencias se la ha  asignado 0,222 billones, es decir el 0.094 % del presupuesto general,  mientras que  a Defensa y Policía 32.4 billones   y al servicio del pago  de  la deuda pública 51,6 billones.

La Ley de Ciencia y Tecnología 1286 de 2009 que suplía la Ley de 1990, avanzó en darle institucionalidad a Colciencias, al considerarlo el órgano rector del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Pero posiblemente la correlación de fuerzas en el Congreso de la República, la falta de sensibilidad de la dirigencia nacional en relación con la importancia de la ciencia y tecnología para el desarrollo económico y social de país, y la ausencia de una expresión más vigorosa de las comunidades académicas cuando se estaba discutiendo la ley, llevaron a que el tema de financiación no hubiese sido abordado; de haber acontecido  se hubiera resuelto en parte este problema estructural de la financiación con cargo al presupuesto nacional fijado por la ley.

Después de aprobada la ley, el presupuesto de Colciencias ha quedado en manos de los ministros de Hacienda de turno, que ante dificultades fiscales lo primero que recortan son los recursos para la ciencia y la tecnología. La situación nacional dista de las experiencias internacionales exitosas en materia de financiación en algunos países en los que el  estado ha garantizado una financiación ascendente, sostenida en el tiempo y sin discontinuidades.

Lo que la experiencia internacional enseña es que en el campo de los recursos mineros energéticos, estamos hablando de recursos no renovables y la discusión pasa por criterios de sostenibilidad y responsabilidad intergeneracional, en el sentido de qué les vamos a dejar a las futuras generaciones y qué es lo que tenemos que sembrar en el presente para ser responsables con ellas en el futuro.

Sin duda que las estrategias de poner tributación a la explotación de recursos naturales son válidas, porque posibilitan la financiación durante la explotación y vida útil de estos recursos. Es una estrategia que no es nueva. En Brasil por cada kilo vatio hora (KWh) de energía que se transa en el mercado se ha  colocado  un impuesto para promover la financiación de actividades de investigación y desarrollo en el sector energético; en el caso de Chile con el cobre. Es una estrategia que responde al lema de convertir recursos no renovables en recursos renovables, al sembrar en neuronas, con lo cual se siembra en capacidad científica y tecnológica endógenas.

Cuando se financian programas de formación de recurso humano al más alto nivel científico, se promueven programas de investigación estratégicos  de interés nacional   y se  impulsa  la consolidación  de infraestructura experimental moderna para abordar problemas de gran complejidad científica o para coadyuvar a innovaciones tecnológicas radicales.

Los investigadores colombianos hemos  consagrado  gran parte de nuestra vida laboral  gestionando recursos y generando conocimiento  para mantener una agenda de investigación activa. Entendemos  que  la continuidad en el quehacer  científico  es determinante  para consolidar curvas de aprendizaje, generar impactos en la sociedad y  formar generaciones de relevo.

Destruir capacidades  científicas por falta de financiamiento  estatal  tiene un costo social muy alto. Cuando se quiera  volver  nuevamente a activar agendas de investigación, la brecha científica y tecnológica del país con respecto al estado del arte internacional  se habrá profundizado. Entre otras, estas preocupaciones son las  que nos motivan a hacer un alto  en nuestras actividades  en centros de cómputo,  laboratorios y otros espacios de investigación, para participar hoy en el gran plantón  nacional  por presupuesto  para  la ciencia y la tecnología.

Nota

Este es el espacio de opinión del Portal Universitario, destinado a columnistas que voluntariamente expresan sus posturas sobre temáticas elegidas por ellos mismos.  Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores y no reflejan una opinión o posición institucional de la Universidad de Antioquia.