Academia

Mientras distintas universidades que participan en el movimiento nacional por la defensa de la educación superior pública retomaron las clases, la Asamblea General de Profesores de la Universidad de Antioquia levantó la figura de asamblea permanente para realizar asambleas escalonadas —desde el 17 de enero del 2019—, y en un comunicado emitido el pasado 21 de enero el Consejo Académico llamó a retomar las actividades académicas en los pregrados. Entretanto, los estudiantes tendrán su Asamblea General el 24 de enero.

Tras los acuerdos para el fortalecimiento de la educación superior pública, suscritos el 14 de diciembre del 2018 por representantes de las comunidades educativas de diferentes instituciones públicas de educación superior y el Gobierno Nacional, se inicia una nueva etapa en el proceso de defensa de la educación. 

«En términos presupuestales, ningún movimiento había logrado obtener lo que logró este, 5.8 billones de pesos para la educación», apuntó John Mario Muñoz Lopera, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, Asoprudea, y representante en la mesa de diálogo con el Gobierno. 

En opinión de Muñoz, además de los financieros, los principales logros fueron políticos y se dieron gracias a la movilización de estudiantes y profesores, con el apoyo de rectores de universidades, egresados y ciudadanos. «Logramos proyectar el concepto de defensa de la educación pública. Emergió una ciudadanía que apoyó el movimiento y unos jóvenes estudiantes que van a estar vigilantes de que los acuerdos de fortalecimiento de la educación pública se cumplan».

De otro lado, William Estrada Cano, profesor de la Facultad de Educación, resaltó la importancia de no suspender el proceso. «Es importante que los estudiantes sigan reflexionando, pero deben darle continuidad a las actividades misionales de la Universidad y seguir como sujeto político tanto en las marchas como en las clases, la investigación y la interacción con las comunidades. No puede ser un discurso sin práctica».  

¿En qué consisten los acuerdos?

Según el acta del acuerdo, el Gobierno Nacional se comprometió a gestionar reformas al Sistema General de Regalías y al Icetex, así como a buscar una reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, con el fin de garantizar financiamiento de la educación superior pública a largo plazo.

En el acuerdo se contempla que 1.3 billones de pesos sumarían a la base presupuestal de las universidades. El aumento, que antes solo se daba según el Índice de Precios al Consumidor de cada año, se daría de la siguiente manera: 

- 2019: IPC + 3,5%
- 2020: IPC + 4%
- 2021: IPC + 4,5% 
- 2022: IPC + 4,65 %.

Además, el presupuesto del cuatrienio aumentará en más de 4.5 billones de pesos. Los recursos saldrían de las reformas mencionadas y de estrategias como los excedentes generados por las cooperativas, los saldos presupuestales no comprometidos —por ejemplo, los recursos que no fueron ejecutados por los ministerios—, o el reconocimiento del 100 % de descuento por votación para las instituciones de educación superior públicas. 

Según el acuerdo, 1.5 billones de pesos del Presupuesto Bienal de Regalías se usarán para financiar proyectos regionales de las universidades. También se destinarán 1.3 billones de pesos para inversión —infraestructura, dotación, equipos…— y para el saneamiento de pasivos. Para hacer seguimiento a estos compromisos se instalaron mesas técnicas que garanticen su cumplimiento. 

«Me parece un buen acuerdo, pues las universidades pasarían de funcionar del 30 al 60 % de sus ingresos por vía de la Nación», añadió Muñoz Lopera, quien también resaltó que se logró la recuperación del beneficio tributario de exención de gastos de representación de los profesores.  

Según William Estrada Cano, la movilización profesoral y estudiantil favoreció la discusión nacional sobre lo que debe ser la educación superior pública. «Con responsabilidad financiera del Estado y como un derecho que se tiene que desarrollar de acuerdo con la realidad y necesidades del país: construir sociedad, procesos de paz y volver al campo, que ha estado abandonado». Estrada resalta el trabajo de los estudiantes y el apoyo de los egresados a la causa. 

Por su parte, el Consejo Académico se pronunció sobre distintas garantías para el ingreso a clases, como son el contratar a los profesores de cátedra, autorizar las excepciones al Reglamento Estudiantil para cancelaciones y reingresos solicitados por los estudiantes, mantener el sistema de estímulos académicos y orientar a los consejos de facultades, escuelas e institutos para la elaboración de los calendarios académicos.

El reto para la comunidad universitaria será volver a clases sin dejar de hacer seguimiento a que los acuerdos se cumplan, que las reformas se den y formulando propuestas para que la educación superior pública sea una política del Estado colombiano, y no una apuesta de cada gobierno.