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Abejorral y las paradojas del patrimonio material

28/02/2020
Por: Yénifer Aristizábal Grajales- Periodista

Parte del casco urbano de Abejorral —municipio del Oriente antioqueño— fue declarado bien de interés cultural en el año 2002. Desde entonces, habitantes e instituciones locales conviven con las paradojas para su protección. Su experiencia refleja los retos que la sostenibilidad patrimonial les plantea a muchos otros territorios del país.

Los rasgos arquitectónicos dejados por la tradicionalidad antioqueña y de la colonización, están impresos en buena parte de los 579 bienes inmuebles declarados de interés cultura en Abejorral. Foto: cortesía Armando Correa.

A 84 kilómetros de Medellín se encuentra un pueblo colorido, donde el sol brilla a pesar del frío y algunas ruinas conviven con generosas casas que tienen la impronta —en cada baldosa, cada fachada, cada rincón— del paso de la Colonización Antioqueña.

El centro histórico de este pueblo es, desde el 2002, bien de interés cultural de carácter nacional, una etiqueta que reconoce su valor patrimonial, entre otros aspectos, por su planimetría, homogeneidad en las construcciones, valor artesanal y distribución del espacio.

El proceso de esta declaratoria empezó en 1997, cuando Mónica Pabón Carvajal y Catalina Lema Ortega —entonces estudiantes de Arquitectura de la Universidad Nacional Sede Medellín—, realizaron un estudio acerca de la arquitectura tradicional antioqueña y de la colonización. El trabajo indagó por el valor patrimonial de las casas del centro histórico del municipio y, con base en él, el Ministerio de Cultura expidió la Resolución 0619 de 2002.

En esta resolución quedó claro el valor estético, histórico, de autenticidad, de originalidad y la representatividad cultural de los 579 bienes inmuebles que expresan este modelo de construcción popular. El Ministerio resaltó su representatividad cultural en tanto «el desarrollo social que vivió Abejorral en su época de esplendor permitió el arraigo del espíritu comercial en el interior de sus habitantes, característica de esta región del país y que ha sido su motor de desarrollo».

Desde entonces, Abejorral ha vivido un proceso de apropiación de su patrimonio y de la conservación necesaria de los diferentes bienes. Al igual que la mitad de los centros históricos declarados en el país, este municipio cuenta hoy con un Plan Especial de Manejo y Protección —PEMP—, cuya duración es de 12 años.

Las paradojas

Nadie duda de la importancia de conservar este y otros cascos urbanos declarados patrimonio, en condiciones apropiadas para observar, reconocer, proteger y apropiarse de todos los valores culturales que le son pertinentes. Sin embargo, los propietarios y las administraciones locales son testigos directos de una serie de paradojas en cuanto a la protección del patrimonio material, no solo en este municipio del Oriente de Antioquia sino también en otros del país.

Camilo Jaramillo Acevedo —periodista, magíster en Gestión Cultural de la Universidad de Antioquia y quien estuvo al frente de la gerencia del PEMP en Abejorral—, consideró que la primera paradoja asociada a la protección de este patrimonio es que, aunque la norma sea muy clara, «es muy engorroso y costoso para el propietario hacerla cumplir». Jaramillo explicó que es en este en quien recae la responsabilidad de la protección, exigida por el Gobierno nacional.

«El Estado se escuda en que no puede invertir en bienes privados», dijo, mientras que los propietarios se quedan sin cómo realizar inversiones en estos por su nivel de protección e intervención mínima y porque ante entidades financieras, por ejemplo, la gestión de recursos resulta completamente limitada. Al mismo tiempo, el exfuncionario señala que los beneficios fiscales a los que estos tendrían derecho en su declaración de renta no son lo suficientemente claros y que los dueños no cuentan con capacitaciones al respecto.

A esto se suma que parte del mantenimiento de los bienes requiere materiales que no son populares ahora, como el bahareque —muy usado en la época de construcción—. Hoy en día, su utilización se percibe como un atentado contra el medio ambiente: «Estas casas fueron construidas con las maderas de la región y ya no podemos cortar esos árboles porque las entidades ambientales no lo permiten», resaltó Jaramillo Acevedo.

Ante este panorama, que a veces se torna conflictivo, el gestor señaló la peligrosidad no solo de una visión del desarrollo asociada a la construcción, donde «solo ve en su demolición una salida», sino también en aquella «visión romántica del patrimonio que no se debe tocar y donde cada mínima intervención se toma como ofensa».

Otra paradoja tiene que ver con la norma, que aunque está clara, la aplicación de esta no lo es y «son muy pocos los casos donde se hacen efectivas las sanciones» ante cualquier intervención no autorizada por el Ministerio.

El antropólogo Emilio Piazzini Suárez, investigador del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia —Iner—, coincidió con Jaramillo en que no se presenta aún una adecuada articulación entre las políticas nacionales y las realidades locales. Explicó que en el tiempo de la declaratoria en Abejorral —en el 2002— aún no había mucha madurez en el manejo de la relación previa con la comunidad, lo que puede generar —o ha generado en este caso— dificultades para la sostenibilidad del patrimonio.

La aspiración de un patrimonio sostenible

Esta sostenibilidad también pasa por un aspecto económico que en muchas ocasiones se proyectaba en el turismo. Sin embargo, para Piazzini, este no fue el renglón económico que permitió que Abejorral prosperara y así los bienes pudieran generar recursos. «La promesa de que lo importante del patrimonio es el turismo no se cumplió, y no debe cumplirse siempre, porque este también puede traer graves afectaciones sobre el patrimonio».

Para el doctor en Historia, algo que va más allá de los réditos económicos relacionados con el patrimonio tendría que ser «la posibilidad de tener un repertorio cultural propio, que ayude a resignificar la historia local, las identidades culturales y que promueva la función social del patrimonio cultural». Es decir, enmarcar la riqueza patrimonial dentro de políticas públicas de educación que promuevan el conocimiento propio del territorio.

Por su parte, Camilo Jaramillo Acevedo contempló entre las soluciones y una aspiración de sostenibilidad patrimonial, una relación más cercana entre los propietarios y el Ministerio de Cultura, pues los primeros «no rechazan el patrimonio, solo quieren adaptarlo a su estilo de vida», señaló. Para esto requieren que se reconozcan las particularidades de cada territorio y que la norma no insista en una homogenización a la hora de proteger el patrimonio material. 

Iglesia Nuestra Señora del Carmen, en el parque principal de Abejorral. Foto: cortesía Edison Stiven Suarez/@suarezs1331.

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