Opinión

Colombia a partir de la Constitución de 1886 mantiene una forma de gobierno de carácter centralista, en nuestros días este sistema continúa vigente, pero se le ha concedido algunos privilegios en materia de decisiones a los departamentos. Sin embargo, esto parece ser simple apariencia, pues el Estado aún controla cada una de las decisiones a nivel territorial.

Así como en el poder central se les da manejo a las riquezas del Estado, también las decisiones más importantes son tomadas y controladas allí, pero por unas élites minoritarias que se han consolidado en el tiempo, en este sentido se da espacio y condiciones para que estas élites tomen partido, primero de la administración de recursos y segundo de su autonomía frente a las decisiones nacionales para inmiscuirse en una ola corrupta que está aumentando su tamaño en Colombia.

Se tiene en el imaginario que la concentración del poder genere un mayor control del Estado sobre el territorio nacional, y en materia de corrupción se piensa que puede reducir los casos de este fenómeno, pero es un hecho realmente contradictorio respecto a lo que se presenta en la realidad.

Se ha mencionado que en algunas regiones del Estado se ha establecido el mayor número de corrupción, tal es el caso de la Guajira, Chocó, Atlántico y Bolívar hecho absolutamente cierto. Sin embargo, la corrupción germina directamente en el centro, puesto que allí se establecen las instituciones más importantes, me refiero al Congreso y la rama ejecutiva del Estado, pues son quienes manipulan el poder con gran facilidad. 

La continua manifestación de estos hechos de corrupción se presenta básicamente por las garantías de decisión y de manejo de recursos que otorga el poder central a élites tradicionales. Casos como Interbolsa, Foncolpuertos, Agro Ingreso Seguro, el carrusel de la contratación entre otros, son desfalcos de gran envergadura que se han realizado directamente desde el centro.

Además de esto, la corrupción generada en el resto del territorio nacional es principalmente apoyada desde Bogotá y aplicada por pequeñas élites regionales, que se confabulan con las élites centralistas para así apropiarse de los recursos de determinado territorio nacional.

Aunque descentralizar el poder no es garantía de la desaparición de la corrupción, la autonomía del resto del territorio con respecto al manejo de ciertos recursos y  la opción de tener la autoridad para regular algunas instituciones, facilita el control de la corrupción impartida desde el centro.

Sería un grave error ignorar la corrupción por parte de los departamentos y simplemente culpar al centro pues es evidente que la corrupción no se limita frente a ninguna situación.

La desaparición de la corrupción en una nación es imposible de erradicar pero con la creación de mecanismos de control se puede disminuir de manera gradual brindándole garantías a los departamentos de regir sus propios destinos.