Opinión

El proceso de paz ha sido cuestionado por diferentes actores desde su inicio. Muchas críticas son válidas. Otras son muy problemáticas porque no aceptan el sentido político de la negociación, por ejemplo: la impunidad que resultará de los acuerdos y la participación política sin que los guerrilleros hayan cumplido las penas impuestas por los tribunales.

Pero el más sofisticado y temible ataque contra el proceso proviene de los Estados Unidos, y consiste en utilizar la extradición como arma política para minar la posibilidad de la paz que Colombia aspira realizar.

Sobre la detención de Santrich no conocemos más que un vulgar espectáculo, dramatizado por el fiscal Martínez mostrando unos videos y billetes marcados. Aunque sostenga que hay pruebas concluyentes, jurídicamente no pueden ser calificadas como tales sino por los jueces. Aclaro que considero que si un guerrillero, que se ha acogido al Acuerdo, delinque, debe perder los beneficios contemplados en la JEP y ser juzgado por la justicia ordinaria. Desde el punto de vista del derecho tenemos aquí una confrontación entre dos órdenes jurídicos: el colombiano y el de Estados Unidos.

Los Estados Unidos en el ejercicio de su soberanía han desplegado una política de drogas para enfrentar el consumo masivo interno y una legislación antidrogas que se extiende más allá de sus fronteras y contempla la extradición para el delito del narcotráfico.

Colombia, que es un Estado soberano, tiene como todos los Estados su propio sistema de derecho (Constitución, leyes, poderes estatales). De este, en virtud de las negociaciones de paz, con los paramilitares y luego con las Farc, se ha derivado el sistema de justicia transicional.

Los elementos de justicia penal y restaurativa que están contemplados en el Acuerdo fueron autorizados por varias leyes, que a su vez fueron autorizadas por la Constitución, cuya autoridad viene del pueblo. Y en virtud del control de constitucionalidad de las leyes, la Corte Constitucional ha afirmado en sus sentencias que es la autoridad última que dice qué es el derecho -respecto a estas normas transicionales-.

La consecuencia que se sigue de esto es que el Estado, que tiene el monopolio de la fuerza, el cual realiza sancionando a aquellos que violan las leyes, no puede permitir que otro Estado u otra instancia supraestatal ejerzan este poder. De esto debería seguir el rechazo de la política de extradición y la legislación antidrogas de los Estados Unidos que interviene en nuestro orden jurídico.

Esta política antidrogas ha sido considerada como injusta para los países latinoamericanos porque Estados Unidos los ha forzado a adoptarla para penalizar una actividad que sus propias leyes han sido incapaces de impedir. En este sentido, el ataque contra la paz, que amenaza la cúpula de las Farc, expresa una realidad de la política internacional -realpolitik-: Estados Unidos como gran potencia se impone sobre el Estado colombiano. Y lo hace gracias a la reiterada práctica del arrodillamiento de nuestros dirigentes ante la gran potencia. De los candidatos solamente de la Calle no se inclinó. Mostró dignidad.

Este texto fue publicado en el periódico El Colombiano el martes 8 de mayo de 2018

Nota

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