Opinión

Ahora que el Gobierno Nacional ha manifestado su decisión de introducir cambios en el Programa Ser Pilo Paga (Pspp), vale la pena retomar el informe de investigación publicado por el Banco de la República, con relación al valor agregado que aportan las universidades a sus estudiantes (Guaron, A.; Londoño, S.; Medina, C.; Parra, J.; Poss, C; Vélez, C. (2016) Estimating the Effect of Attending a Public versus a Private University in Colombia on Academic Achievement. Borradores de Economía, número 968).

En columna anterior, publicada en febrero de 2017, mencioné que el informe concluye “…que un estudiante que estudia en una universidad pública logra mayores niveles de rendimiento académico que uno que estudia en una universidad privada y en el caso de los estudiantes que provienen de medios socioeconómicos vulnerables el efecto de la universidad pública es un factor de alta relevancia. Dicen los investigadores que este resultado fue consistente al comparar las universidades públicas y privadas entre sí, atendiendo a factores como instituciones no acreditadas, instituciones con acreditación y universidades acreditadas de excelencia; siempre en esta comparación el rendimiento académico del estudiante que estudió en la universidad pública resultó mejor que el rendimiento académico del estudiante que estudió en la universidad privada.”

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Traigo a la memoria este informe del Banco de la República para apoyar el punto de vista del profesor Julián de Zubiría en la revista Semana (9/14/2018) al decir que le llegó la hora a las universidades públicas regionales; dice De Zubiría que las mejores universidades de Colombia son las públicas en el entendido que son las que mayor valor agregado aportan a sus estudiantes.

He insistido que no es posible comparar dos universidades entre sí y menos efectuar la comparación entre universidades públicas y privadas. No es posible comparar la Universidad Nacional de Colombia con la Universidad de los Andes; la primera de lejos tiene mayor capacidad institucional (presupuesto, profesores, investigadores, recursos, grupos de investigación, estudiantes, programas, entre otros) que la segunda. Sin embargo, los rankings permanentemente nos venden la idea de que la segunda es mejor que la primera.

No es posible comparar la Universidad de Antioquia con la Universidad de Nariño (ambas regionales); a pesar de ser dos universidades públicas, ambas están en contextos socioeconómicos diferentes y sometidas a presiones y estímulos del medio que han marcado su crecimiento, orientación y logros.

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El punto de vista del profesor De Zubiría es interesante y está respaldado por estudios como el mencionado del Banco de la República y el de la Universidad Nacional de Colombia (Muñoz, I. (2016) Modelo de Valor Agregado: una implementación para el caso de la educación superior en Colombia, Maestría en Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá), en donde se introduce la premisa de que “una institución debe ser evaluada respecto a la capacidad de actuar en relación al tipo de estudiantes que entran [sic] a la misma. Este es un primer paso para poder establecer comparaciones imparciales.”

Como no son equiparables los estudiantes que ingresan a la educación superior privada, principalmente proveniente de estratos socio-económicos medio y alto, que han realizado sus estudios de bachiller en colegios preponderantemente privados, algunos de educación bilingüe y que provienen de núcleos familiares con capacidad adquisitiva que les permite acceder al consumo cultural (libros, viajes, formación complementaria, entre otros), con respecto a los estudiantes que ingresan a la educación superior pública, tipificados en estratos socio-económicos con menos poder adquisitivo, lo que no les permite acceder al consumo cultural.

En un sistema de educación superior segregado por la procedencia de sus estudiantes, las universidades que reciben a los estudiantes con menos privilegios sociales, deben realizar un mayor esfuerzo para promoverlos en términos cognitivos, aspectos en los que coinciden las dos investigaciones mencionadas, pero además deben asumir un compromiso para disminuir los factores de fracaso, para lo que requieren de recursos financieros y personal preparado involucrados en programas de bienestar universitario.

Para la reestructuración del programa Ser pilo paga, la ministra de Educación tiene a la mano importantes insumos producto de la investigación, que muestran el aporte de las universidades públicas en el crecimiento cognitivo, aprovechamiento académico, y en la formación integral de los estudiantes, en relación con lo que aportan las universidades privadas, sobre todo cuando se trata de estudiantes que provienen de contextos socio-económicos vulnerables.

Este texto fue publicado en el periódico El Mundo el martes 18 de septiembre de 2018

Nota

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