Opinión

La pregunta sobre por qué algunos sectores —o miembros— de la sociedad atacan a la Comisión de la Verdad es tan válida como vieja la respuesta: porque todo lo que signifique verdad (sobre quiénes, por qué, cómo y cuándo participaron en ciertas otras violencias durante el conflicto con las FARC) representa un peligro para un amplio sector del país que aglutina en infeliz mescolanza a narcotraficantes, empresarios, políticos y sectores del Estado que no es que estén cómodos con el aspecto actual de las cosas, sino que no podrían ser lo que son si estas fueran diferentes.

La eventual finalización de la guerra y el también eventual desvelamiento, no tanto de los crímenes, como de sus determinadores, amenaza su existencia misma. Desde este punto de vista, la pregunta que se plantea la columna está respondida de antemano y, sin embargo, resultan muy válidos los análisis que constituyen un elemento que le da valor al texto por su desglose de los componentes de la respuesta.

No obstante, tras la lectura del análisis queda la sensación de una cierta ingenuidad en algunos argumentos que deja un sinsabor de estancamiento. El argumento de la “persistencia del conflicto armado en la mentalidad de muchas personas”, por ejemplo, casi que presupone la no persistencia del conflicto armado en un país devastado por la guerra.

El conflicto persiste en esas mentalidades porque existe real y objetivamente como guerra de factores armados contra la sociedad y como situación sociopolítica de profunda desigualdad. Esta persistencia es consecuencia, además, de que el anterior presidente haya engañado al país vendiendo como paz lo que no fue más que el desarme de uno de los factores de la guerra. Uno de los factores de mayor peso, talvez el de mayor peso, sí, pero solo uno entre muchos. Aun con la disminución de muertos y heridos y con la desocupación del Hospital Militar, permanecieron intactos los factores que atizan y perpetúan la guerra. Triste, terriblemente, el conflicto nunca paró.

Los argumentos que presenta el académico para intentar explicar el ataque del exministro Juan Carlos Pinzón son certeros, pero insatisfactorios: ignorancia sobre la Comisión —aun cuando con acierto aclara que es bastante difícil que una persona como el exministro sea ignorante sobre el tema—, sesgo ideológico y proximidad de las elecciones. ¿Pero por qué son insatisfactorios? Porque reiteran un discurso que no está llevando a ningún lado. De cierta forma, es como si se sumaran a una masa discursiva que no avanza, porque genera la impresión de una Colombia que permanece atrapada en una conversación eterna sobre unas causas más bien oscuras de la guerra a la paz.

Hubo un tiempo cuando en el país se trataba de imponer la idea de unas razones inescrutables sobre el conflicto y sus causas. Se buscaba generar la impresión de que había unos locos a los que les había dado por salir a matar gente y ya. Hoy se sabe que no, que los ejércitos que masacran, violan y desplazan, están haciéndole la tarea a otra gente. Y, sin embargo, ahora que los factores están, por así decirlo, expuestos, esta forma de interrogarlos es más bien la que correspondería si no lo estuvieran.

Y esto quizá sea así porque lo que hay que cambiar es la pregunta inicial. No se trata de responder a la pregunta sobre por qué atacan a la Comisión o por qué atacan cualquier cosa que tenga que ver con la paz. A lo que hay que apostarle es a invitar a la sociedad a preguntarse qué es lo que se necesita para aspirar a lograr la paz. Evidentemente, desarmar un ejército entre varios mientras que se dejan intactos los factores que lo alimentaban (o, peor todavía, a los ejércitos enemigos de ese ejército desarmado) ha demostrado ser una fórmula para el desastre. Una posible pregunta sería, en mi opinión, ¿cómo restaurar la justicia? Porque lo que Colombia necesita como prerrequisito indispensable, antes que la paz, es justicia.

Justicia en el sentido más amplio de la palabra. Justicia como administración efectiva, es decir, como garantía a la sociedad de que los criminales reciban un castigo acorde con la ley. Justicia, como igualdad ante la ley, es decir, que se castigue a los criminales por sus crímenes y no en función de su estatus social o de su riqueza. Justicia, sobre todo, en lo que respecta a los grandes criminales del país, tanto aquellos que matan por cientos de miles, como aquellos que saquean el erario. Pero, fundamental y urgentemente, justicia en tanto justicia social, es decir, como garantía de derechos fundamentales y de una vida digna para todos los habitantes del territorio colombiano.

Nota