Opinión

El registro de las muertes violentas en Medellín es, una vez más, objeto de discusión pública. En una nota publicada en el portal de la Alcaldía de Medellín -en la que se comparaba la tasa de homicidios de enero de 2018 y la del mismo mes en 2019, y se anunciaba su “disminución”-, Andrés Tobón, Secretario de Seguridad y Convivencia, reconocía cambios en el Boletín del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) derivados de una unificación de “criterios” (un asunto “técnico”) con la Policía Nacional y la Fiscalía General para “la comprensión del homicidio”.

Se refería a la adición de una casilla en la que se registran las muertes provocadas por acción de la fuerza pública. A esta decisión respondió Maira Duque, integrante de No Matarás, quien reconoce que el cambio brinda más información sobre las muertes violentas, pero discrepa por la distorsión en la presentación del dato consolidado.

Según Duque, con esa modificación, el reporte trastocaba un incremento (del 10.4%) en los homicidios en un decremento (del 8.9%) en los mismos. Un cambio “técnico” que mostraba, artificiosamente, una tendencia favorable en el comportamiento de ese indicador y, por extensión, en el de la gestión de la seguridad de la ciudad. La polémica se resolvió pronto: se acordó mantener la casilla que diferencia la acción de la fuerza pública y, al tiempo, presentar la cifra consolidada de homicidios, incluidos los que resultan de aquella acción, una solución aceptada por colectivos como No Copio e iniciativas como Instinto de Vida.     

El conteo de las muertes violentas en Medellín ha sido objeto de discusión, por lo menos, desde comienzos de los años noventa del siglo XX, cuando el promedio diario de dichas muertes era entre 10 y 15 personas y los debates entre entidades oficiales, organizaciones civiles y académicos era escaso. La discusión, en esa época, la suscitaba la diferencia en el número de homicidios que reportaban, respectivamente, la Policía Nacional, el Instituto Nacional de Medicina Legal, Decypol y el Municipio por la vía de la Secretaría de Gobierno.

Las diferencias entre esas agencias derivaban de un registro desigual del mismo caso, motivado por ejemplo, por la anotación no coincidente del lugar de la ocurrencia del hecho homicida, del lugar del levantamiento del cadáver o del lugar aparecido en la noticia criminal. En algunos casos, el registro se hacía igualmente dudoso, cuando el hecho ocurría cerca a una difusa frontera entre barrios o a una imprecisa demarcación municipal. Con un promedio de muertes violentas altísimo, aquel registro desigual podía pasar inadvertido y, si acaso, emergía al final del año, cuando tales agencias debían ofrecer un dato consolidado y tenían que acudir a las denominadas reuniones de “conciliación”. No sobra advertir que, por una decisión “técnica”, un barrio podía pasar de ser un lugar relativamente tranquilo a uno sorprendentemente “violento” o viceversa.

El debate es pues importante aunque no nuevo ni suficiente. Permite reconocer la relevancia del registro, la veracidad del reporte, la validez de la información y la pertinencia del conocimiento que ésta produce para la política pública. Muestra que las muertes violentas suscitan una compartida preocupación pública que trasciende el duelo familiar: “todas las muertes importan”; “nada justifica el homicidio”; “el homicidio es la pérdida completa del Estado y la sociedad”. Incluso el cambio en la forma de registro del hecho homicida se valora positivamente porque hará visible lo que antes era difícil de registrar: la acción de la fuerza pública sobre civiles, así en la casilla se apele al eufemismo de “neutralizaciones”.

El debate pone en evidencia que en la ciudad las organizaciones y colectivos sociales se han apropiado de asuntos centrales en la agenda pública y que la voz y el dato oficial son controvertibles y controvertidos pese a una problemática necesidad gubernamental de aprobación que se gestiona usando redes sociales y construyendo “consensos” mediáticos.

Pero la discusión también es relevante porque anuncia la evaluación de la política de seguridad y convivencia del gobierno presidido por Federico Gutiérrez, que tiene menos de un año de su mandato para mostrar resultados adicionales a los de captura de jefes de organizaciones criminales y a los que se derivan de costosos despliegues de sofisticados aparatos de vigilancia.

Sin ahondar en lo que significa para su administración que Gustavo Villegas, ex Secretario de Seguridad y Convivencia, fuera acusado por la Fiscalía por concierto para delinquir y finalmente condenado por abuso de la función pública y abuso de autoridad, cabe evaluar el cumplimiento de las promesas de campaña, los avances del Plan de Gobierno y el cumplimiento de los compromiso del Plan Integral de Seguridad que aludía a una gestión -cabe reiterarlo- integral, pero que transcurridos tres años de ejercicio se ha advertido desequilibrada y especialmente orientada a la persecución de jefes de organizaciones criminales y golpes de aceptación mediática pero de escaso valor estratégico.

Igualmente importante es establecer el impacto de decisiones controversiales de la Secretaría tales como el desmarque de la Política Pública de Seguridad aprobada mediante Acuerdo 21 de 2015, la renuncia a aprendizajes valiosos puestos en práctica de durante varias administraciones locales, el abandono de programas que apuntaban a la prevención en población juvenil no clasificable como “adolescente en conflicto con la ley penal” o el desmantelamiento de la oficina de atención a víctimas. No menos importante es explicar lo que ha significado la entrada en vigencia del Código de Policía y la naturaleza de la desconfianza creciente en la Policía en algunos barrios de la ciudad. Y es hora, también de conocer los logros que aportan programas, pruebas pilotos y estudios emprendidos bajo la orientación de prestigiosas universidades del país y del extranjero.     

Pero el debate y la evaluación obligan a pensar en el problema de fondo que subyace al conteo de muertes violentas y a la gestión pública cuatrienal en materia de seguridad y convivencia: el lugar de la violencia en la ciudad, uno de cuyos impactos más directos y significativos se da sobre la población joven. María Teresa Uribe de Hincapié invitaba, desde finales del siglo pasado, a ahondar en los “ordenes de hecho”, en la forma como se yuxtaponían ordenes sociales e institucionales siempre contingentes y tentativos.

Para el caso de Medellín, la sugerencia sigue vigente e implica descifrar las tramas de un orden constituido históricamente de una manera violenta, algo que obliga preguntarse, una vez más, por esa porosidad tan notable en todos los sectores sociales entre lo público y lo privado, por esas zonas grises dónde se confunden intereses privados y propósitos colectivos, por las transacciones, intermediarios y beneficiarios últimos de la idea prevalente de inseguridad. Por esta vía, seguramente, llegaremos a una mejor comprensión del homicidio en Medellín.