Opinión

Este 27 de agosto termina el plazo para la inscripción de cédulas para las elecciones territoriales del 27 de octubre y el Registrador Nacional anunció el pasado 22 de agosto que 3.3 millones de personas han inscrito sus cédulas en nuevos lugares de votación.

Esto nos puede llevar a dos hipótesis: la primera es que, aunque parezca obvio y no muy novedoso, la participación electoral sigue siendo vital y dinámica en el país, la mala es que mucha parte de esas cédulas inscritas representan hechos de trashumancia electoral y serán inhabilitadas para elegir.

Llama la atención que en 2015 se haya dado la inscripción de cédulas más alta de las últimas cuatro elecciones regionales, sin embargo, de los más de 4 millones de cédulas inscritas en ese año (2015), hubo 1.6 millones de cédulas que fueron reportadas por la Registraduría con el apoyo de la Misión de Observación Electoral, MOE y otros organismos de observación, como trashumantes, un hecho común y persistente de fraude electoral.

Es clave recordar aquí también que las elecciones regionales generan mayor inscripción de cédulas por varios factores: por su naturaleza estos comicios instan a que el ciudadano inscriba su cédula en el lugar donde efectivamente vive, a diferencia de los presidenciales y parlamentarios en los cuales aunque la cédula esté inscrita en un municipio diferente al de residencia, ello no afecta la oferta de candidatos, pues son los mismos en todo el territorio nacional (a excepción de la Cámara de Representantes).

Es por esto que detectar el trasteo de votos se hace tan complicado, pues aún no hay suficientes mecanismos y herramientas que permitan con certeza cruzar información de residencia y uso de servicios por parte de los ciudadanos respecto al lugar donde tienen inscrita su cédula, para detectar si están votando en un municipio que no les corresponde.

En 2019, pese a que la Registraduría ha mejorado significativamente sus estrategias para que los ciudadanos se inscriban para ejercer su derecho al voto, como los puntos de inscripción en centros comerciales y el uso de las redes sociales y los medios masivos nacionales para promover ampliamente las jornadas de inscripción, la tasa es relativamente más baja respecto al periodo inmediatamente anterior de elecciones regionales (3.3 millones a una semana del cierre, frente a 4.2 millones registradas en 2015).

Esto podría darnos pistas de que hay cambios en la política electoral regional y siendo optimistas, pensar que la trashumancia (trasteo de votos) también es un fenómeno en lenta decadencia, gracias al fortalecimiento de la participación, principalmente en regiones donde el conflicto armado históricamente no ha dado tregua y donde el miedo o la falta de cultura política han coptado la más básica de las expresiones de la democracia: el libre ejercicio del voto, lo que a su vez se refleja en el enquistamiento de la movilización y la aspiración a cargos de elección popular.

Sin embargo, defender y poner en marcha el Acuerdo de Paz con las FARC nos ha traído beneficios lentamente evidenciables, por ejemplo, a nivel nacional se presentó un incremento del 7% de los candidatos a los concejos municipales y la cantidad global de inscritos para todos los entes territoriales (gobernaciones, alcaldías, concejos, asambleas y JAL) pasó de 111.675 en 2015 a 117.822 en 2019.

En departamentos como Antioquia, Bolívar y Caquetá, fuertemente golpeados por el conflicto y donde las FARC u otras estructuras armadas y narcotraficantes ya no están operando, la inscripción de candidatos aumentó entre un 4% y un 7%, mientras que, en Nariño y Guaviare, departamentos que aún presentan un conflicto territorial de organizaciones armadas, la inscripción de nuevos candidatos fue decreciente con -1% y -7% respectivamente.

¿Es entonces la participación un fenómeno limitado por la violencia? Por supuesto, pero podemos decir que el panorama nacional está cambiando y ese quiste de la guerra que no permite incidir de manera directa en la política más allá del voto, se está focalizando en ciertas regiones que mantienen conflictos de un talante diferente al del Estado contra las Farc.

Así mismo y aunque las cifras no sean plausibles, es notable que la política regional en las principales ciudades y departamentos está tomando otro tono, menos partidista, más independiente, pero sobre todo, más ciudadano. Destaco para ejemplificar que en Antioquia (Asamblea) hay candidaturas nuevas de movimientos que empiezan una carrera por el poder real, ya no solo con movilizaciones multitudinarias por la Avenida Oriental y en las organizaciones independientes de veeduría y control, sino en la política electoral regional.

Hablo de movimientos como “Queremos”, con 26 candidatos a la Asamblea de Antioquia, misma cantidad de candidatos que el Centro Democrático, partido que tradicionalmente ha tenido a Antioquia como su eje electoral. Y se mide allí también la Alianza Verde, un partido comparativamente reciente en la historia del país que cuenta con más candidatos a la asamblea antioqueña que el Conservador, partido de raigambre paisa, con 22 candidatos en esta contienda.

No es de menospreciar la oleada de movimientos alternativos que convocan este año para votarlos al Concejo de Medellín, “Queremos”, “Independientes” y “Estamos listas”, son ejemplos de ello, todos con más de 18 candidatos al Concejo de la ciudad frente a similar cantidad que presentaron partidos como el Conservador, el Liberal o el Centro Democrático, con orientación a la política tradicional y clientelista.

Además, Partido Farc tiene 5 candidatos al Concejo de Medellín y 3 a la Asamblea de Antioquia. Y así me pregunto: ¿Estamos ante un cambio en la participación política en Colombia? Yo creo que sí lo estamos, aunque parezca muy lento y sintamos en cada hecho público la urgencia de transformar las redes de clientelismo por activismo y diálogo ciudadano.

Les mostré aquí una lista de cifras que pueden o no ser dicientes sobre los cambios que estamos viviendo respecto a la participación para finalmente considerar que más allá de la cantidad de personas participando en política, que es definitivamente importante, debemos abogar por la cualificación de esas personas y de quienes votan por ellos, para que la decisión parta de la reflexión sobre las necesidades colectivas y no sólo de las particulares, para que presentarse a cargos de elección popular y ejercer el voto con plena convicción sea algo tan sagrado como recibir la quincena el día que es o para los católicos practicantes ir a misa el domingo.

Nos urge una agenda pública nacional y regional en torno al mejoramiento de nuestra relación con lo público, y dentro de ello la comprensión del ejercicio de la política y del poder, para entender cómo y por qué debemos organizar nuestra democracia si queremos llegar a un día a mirar para atrás y ver que, pese a la corrupción, al clientelismo, a la guerra, al miedo y a la indiferencia que nos genera la abrumadora realidad social en la que vivimos y seguramente viviremos por varios años más, estamos mejor que antes.