Opinión

El 2019 ha sido un año de grandes retos para el sector de la educación superior pública en Colombia. La discusión desarrollada en el segundo semestre del 2018 entre  profesores y estudiantes por un lado y el Ministerio de Educación en el otro, evidenció que este es un sector central en la vida social del país, el cual tiene fortalezas y dificultades.

Las primeras son conocidas aunque no sobra reiterarlas: las universidades públicas colombianas son mayoritariamente instituciones en las que se hace investigación, docencia y extensión de calidad, llegando a buena parte del territorio nacional focalizándo su oferta en los sectores de la base de la pirámide social. 

Las dificultades son varias, pero en el segundo semestre de 2018 estas fueron expuestas por el sector educativo en una reivindicación central y consensuada: financiación adecuada para un déficit que desde hace varias décadas tiene que ser solventado por medio de una creciente autofinanciación.

Los profesores y estudiantes hicieron suyos los diagnósticos y las propuestas que vienen haciendo profesores y directivos desde hace décadas como las realizadas por el profesor Atehortúa en 2017¹ y a partir de ellas tejieron un proceso de movilización social que llevó a una negociación con el gobierno.

El proceso no fue sencillo y no estuvo exento de dificultades. El 14 de diciembre después de varios meses de discusión pública y más de 15 sesiones de la Mesa de negociación, se firmó el acuerdo que en el tema de financiación logró algo inédito: romper la fórmula que estancaba el crecimiento de las transferencias estatales al presupuesto de las instituciones públicas y que profundizaba el déficit. 

Con la fórmula del punto 18 del acuerdo se lograron $1,34 billones adicionales destinados a la base presupuestal. En el acuerdo también quedó pactado que se transferirían recursos de regalías ($1,5 billones), excedentes del sector cooperativo ($300 mil millones) y que se destinarían $1,35 billones para inversión².

Después de la firma del acuerdo siguieron sesionando mesas técnicas (Derechos Humanos, Publindex, Icetex) a través de las cuales se ha pretendido, con mayor o menor éxito, desarrollar compromisos adquiridos y hacerle seguimiento a los acuerdos. 

A ocho meses de suscritos los compromisos, los actores han hecho sus balances. Cabe contrastarlos para ver coincidencias y diferencias y ubicar cómo se está cumpliendo lo pactado.

La ministra María Victoria Angulo entregó su balance en una entrevista que le concedió a La República³ publicada el 8 de julio, después de la reunión de la ‘Mesa de diálogo para la construcción de acuerdos para la educación superior pública’. 

De acuerdo con la ministra “fueron girados” los recursos adicionales para este año (IPC+3,5%) que van a la base presupuestal e implican “fortalecimiento institucional”^4.

Las organizaciones estudiantiles y profesorales que integran la Mesa se pronunciaron el 6 de julio de este año en una “DECLARACIÓN A LA OPINIÓN PÚBLICA Y AL GOBIERNO NACIONAL^5. Frente al tema de financiación y antes de mostrar su descontento frente otros puntos  afirmaron: “hay varios puntos del acuerdo firmado que a la fecha se han cumplido, especialmente lo que refiere a la financiación de las IES públicas y el aumento de su base presupuestal”. 

La jefe de la cartera de Educación se refirió en la citada entrevista a otros puntos del acuerdo que para esa fecha se venían implementando desde su perspectiva: recepción y evaluación de 31 proyectos (infraestructura y dotación) presentados por las universidades para competir por los recursos de regalías⁶, apertura de convocatoria para proyectos que permitan fortalecer IES a través de Colciencias, cumplimiento de primera fase de Becas Bicentenario en las que se “recibieron 2.236 propuestas de tesis doctoral, de las cuales 744 (32%) corresponden a profesores catedráticos u ocasionales”⁷

De acuerdo con la economista Angulo, su cartera estaba distribuyendo los $15.664 millones adicionales para el funcionamiento de las instituciones técnicas la cuales han sido llamadas junto con las universidades “a formular su primera versión completa del Plan de Fomento a la Calidad 2019, para acceder a los $100 mil millones, en las 5 líneas de inversión propuestas.”⁸

Frente a estos últimos temas citados por la ministra, las organizaciones estudiantiles y profesorales no se pronunciaron. Expresaron sí su desacuerdo frente a lo que consideran un incumplimiento del punto 8 que establece: “una habilitación legal para destinar el 20% de los saldos presupuestales apropiados y no comprometidos en la vigencia anterior [2018] hasta por 300 mil millones de pesos. [...] siempre que el uso de dichos saldos no incremente el déficit del Gobierno Nacional central”⁹

De acuerdo con  la “Declaración”, en términos del punto 8  “no hubo presupuesto adicional según lo pactado y el Gobierno Nacional sostuvo en sesiones de la Mesa de Diálogo que de los $300.000 millones acordados sólo se destinarían $78.500.”¹⁰

El pasado 16 de julio el Viceministro de Hacienda y Crédito Público emitió un oficio en el que “explicaba” las razones por parte del Gobierno Nacional para no asignar  los recursos del punto 8 del Acuerdo, debido a que desde su perspectiva, era posible utilizar una “cláusula de escape” en ese tema en particular, dado que lo pactado en ese punto aumentaba el déficit fiscal, lo cual no implicaba incumplimiento¹¹ .

Frente a este pronunciamiento los Integrantes de la Mesa de Diálogo por el Movimiento Universitario respondieron en una segunda carta del 19 de que esta posición no respetaba “los términos y las condiciones firmadas en el Acuerdo. [El]  Gobierno Nacional debe establecer y comunicar a la Mesa de Diálogo el mecanismo legal y la fecha precisa en la cual pedirá al Congreso de la República, la aprobación de una adición presupuestal de $300 mil millones”, para no incumplir^12.   

Estudiantes y profesores llaman la atención en la “Declaración”  también frente al respeto de las garantías laborales, académicas y de Derechos Humanos pactadas en los acuerdos.

Del contraste de ambas versiones puede concluirse:

1. Una parte importante de los acuerdos (el tema de financiación y de presupuesto) viene cumpliéndose y eso confirma lo importante del proceso del año pasado en la medida en que se logró revertir una tendencia histórica de aumento del déficit de las IES públicas.

2. No hay cumplimiento en un punto accesorio referido a la transferencia de los saldos no apropiados del 2018 que eran una medida coyuntural. El Gobierno lo hace basado en la idea que esa erogación aumenta el déficit fiscal y que en el Acuerdo estaba planteada la posibilidad de “escapar” de ella si esa condición se cumplía. Los voceros de las IESP prueban que no hay tal aumento y para ellos esto configura incumplimiento.

3. Es prioritario velar por el cumplimiento del acuerdo, lo que para el gobierno implica hacer las erogaciones presupuestales necesarias, promover los cambios legislativos y estructurar las políticas públicas pactadas.

4. Para la instituciones de Educación Superior cumplir los acuerdos significa además de monitorear la implementación y denunciar los incumplimientos; mejorar en lo que se venía haciendo bien con recursos limitados, es decir, investigación, docencia y extensión de calidad, llegando a buena parte del territorio nacional, focalizando su oferta en los sectores de la base de la pirámide social, mejorando el bienestar de los estudiantes y los profesores.

Lo pactado, obliga. El negacionismo emparenta con la posverdad. Hay una universidad pública y una sociedad que más allá del tema de financiación que debe ser soñada, discutida y construida. Parafraseando a un filósofo italiano, para ella necesitamos de la inteligencia, el entusiasmo y la fuerza de la comunidad universitaria.

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Referencias bibliográficas

¹ “Mientras el incremento promedio de los gastos de funcionamiento e inversión del [Sistema Universitario Estatal] en las últimas cinco vigencias supera el 10%, el incremento promedio de los recursos de la nación solo llega a la mitad de dicho crecimiento. [...] Las universidades estatales requieren ajustar su presupuesto cuatro puntos por encima de la inflación para garantizar incrementos salariales [legales] para cubrir gastos administrativos, invertir en bienestar estudiantil, recursos académicos y de tecnologìa”. Atehortúa, Adolfo (2018). Escritos de Coyuntura. Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá. pp.38.

² Para el cuatrienio del gobierno actual
 

³ https://www.larepublica.co/economia/recursos-regalias-e-icetex-asi-avanza-lo-acordado-con-la-educacion-superior-2882302
 

⁴La fórmula pactada continua así “para 2020 IPC + 4.0%, año 2021 IPC + 4.5%, año 2022 IPC + 4.65%, lo que corresponde a un crecimiento presupuestal de $1,3” Op. Cit.

⁵ Declaración a la opinión pública y al gobierno nacional. Estudiantes, docentes y trabajadores delegados en la mesa de diálogo para la construcción de acuerdos para la Educación Superior Pública.

⁶ En la “Declaración” del 6 de julio, se afirma que en el proyecto de reforma al Sistema General de Regalías (SGR) no se incluye lo pactado en cuanto a que estos recursos sirvan para “…priorizar y estabilizar recursos para la Educación Superior Pública”. Declaración, Op. cit.

⁷La República. Op.cit.

⁸“Bienestar y permanencia estudiantil, Investigación, Formación docente, Fortalecimiento regional y rural, Adecuación y mejoras de infraestructura”. La República. Op.cit.
 

⁹ Mesa de Diálogo Para La Construcción de Acuerdos Para la Educación Superior Pública. 2018. Acta de Acuerdo. Bogotá.

¹⁰Declaración, op. cit. 

¹¹Integrantes de la Mesa de Diálogo por el Movimiento Universitario. (2019). Segunda Carta Abierta sobre incumplimiento del Acuerdo suscrito el 14 de diciembre de 2018. Bogotá.

¹²Integrantes, op.cit.

Nota

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