Sociedad

Política de reintegración social y económica para la paz. Cortesía: Agencia Colombiana para la Reintegración

Convertida en referente mundial, la política de reintegración social y económica de desmovilizados en el país desde cuando se creó en el 2003, ha contribuido a que grupos armados al margen de la ley y personas provenientes de estos logren hacer el tránsito a la vida en sociedad. 

Así quedó evidenciado durante el Foro sobre política de reintegración social y económica de desmovilizados en Colombia, realizado el 16 de octubre de 2019, convocado por el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia y que contó con la presencia de directivos de la Dirección Nacional de Planeación, quienes hicieron la presentación y evaluación de dicha política.

Durante la presentación de la política, que estuvo a cargo de Javier Augusto Sarmiento, se planteó la trayectoria que ha tenido dicha política en los 16 años de funcionando, mediante alternativas a las personas que dejaron las armas, apoyándolas en el proceso de construcción de un proyecto de vida en la legalidad y cómo las acciones llevadas a cabo por ellas aportan a la construcción del tejido social y la confianza comunitaria.

Además, la política fue concebida como una respuesta institucional de atención a la población en tránsito de reintegración así como a sus familias y las comunidades receptoras, situación que se convierte en una oportunidad de transformación colectiva, donde procesos de inclusión social y de confianza entre los ciudadanos y la institucionalidad, aportan a la construcción de paz.

Evaluación de la política 

La metodología utilizada fue cuantitativa y cualitativa. En el primer caso se aplicaron 1307 encuestas en 21 departamentos y 45 municipios. En el segundo, se realizaron 80 entrevistas a profundidad con profesionales y funcionarios, se efectuaron ocho talleres grupales y cuatro estudios de caso.

Entre los principales hallazgos que reportó la evaluación están: la duración promedio del proceso de reintegración está en siete años, la mayoría son hombres con hijos. En cuanto al perfil de los desmovilizados se encontró que el 84% son jefes de hogar, el 75% residen en zonas urbanas, tienen un promedio de 9.4 años de educación y cuenta con una edad promedio de 43 años.

Respecto al perfil de los desmovilizados el estudio encontró que el 34% tiene un proyecto de vida bien definido, el 84.5% están ocupados de los cuales el 30.6% cuentan con un empleo formal mientras un 10% están en el rebusque como fuente de ingreso. En relación con el estudio el 47.4% tiene título de bachiller; el 50.9% participan en elecciones y el 12% perciben riesgos contra su seguridad personal.

Para Lucas Gómez, de la Dirección de seguimiento y evaluación de políticas públicas, la evaluación de la política de reintegración social y económica de desmovilizados buscó identificar la manera como las personas desvinculadas y desmovilizadas de grupos armados ilegales se vinculan a la sociedad.

También, en cuanto a resultados del proceso se analizó el ejercicio autónomo de la ciudadanía en temas como proyecto de vida, las capacidades propias para seguir aportando al proceso individual y colectivo de ciudadanía y el deber de actuar en la legalidad.

La evaluación tuvo en cuenta el contexto sociodemográfico, la vinculación a grupos armados ilegales, la personalidad de los desmovilizados, la pobreza y el acceso a programas. También se consideró la participación en el proceso de reintegración, vulnerabilidades como esperanza de vida, estigmatización y discriminación, integridad personal, libertad de expresión y limitaciones físicas, cognitivas o conductuales.

El proceso de reintegración aporta a la construcción de tejido social y a la paz del país. Imagen cortesía Agencia Nacional para la Reintegración

Aciertos y cuellos de botella

Si bien el sector privado y el de cooperación internacional reconocen el nivel técnico de los funcionarios, la integralidad de la política y su enfoque individual, así como la transversalidad de la atención psicosocial, que abarca a la persona, su familia y la comunidad, también es cierto que hay otros asuntos que generan desconcierto entre los desmovilizados y los profesionales reintegrados.

En la fase de transición, momento en el cual los desmovilizados pasan a la reintegración en los Hogares de Paz, a veces la información de la Agencia no coincide con la que se entrega en los hogares, lo cual genera falsas expectativas entre los participantes. 

Además, los profesionales, quienes son el eje central de la ejecución de la política, presentan riesgos de seguridad, altas cargas laborales, horarios de trabajo excesivos y una carga emocional fuerte.

Entre las recomendaciones está reformar los equipos de profesionales con psicólogos que contribuyan a la atención en salud mental, establecer un programa formal de cuidado del cuidador para los profesionales reintegradores, otorgar el beneficio económico de educación del mismo valor de los otros beneficios y flexibilizar el apoyo económico a la reintegración para que más personas en proceso de reintegración accedan a educación superior.