Periódico Alma Máter

Si bien no se conoce un borrador de la reforma impulsada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación al Decreto 1279, que define el régimen salarial y prestacional de los docentes de las universidades estatales, sí fue difundido el Conpes —borrador 1 01/09/2020— Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2030.

Este Conpes define como acción para el logro de una mayor generación de conocimiento, en su numeral e 2.1., que: «el Gobierno Nacional, bajo el liderazgo del Ministerio de Educación Nacional y con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y del Departamento Nacional de Planeación, implementará las modificaciones necesarias al Decreto 1279 de 2002 para garantizar una estructura simétrica de incentivos al fomento de los 3 ejes fundamentales de la universidad consignados en la Ley 30 de 1992 e incrementar la calidad, impacto y productividad de la producción científica a nivel nacional. Esta acción deberá estar sustentada en un análisis histórico y prospectivo de la carga fiscal de la actual estructura de incentivos sobre las universidades públicas del país» (pág. 62).

Adicionalmente, el MEN abrió el Concurso de Méritos CM-MEN-09-2020, con el fin de «realizar análisis técnico de la normatividad que regula los asuntos salariales y prestacionales de los docentes en las universidades oficiales del país y formulación de escenarios del impacto financiero de la prestación del servicio docente».

Así las cosas, ante este escenario de posible reforma, es importante preguntarle al Minciencias, ya que no se explica en el documento Conpes: ¿qué significa una estructura simétrica de incentivos al fomento de los tres ejes fundamentales de la universidad? ¿Con la modificación del Decreto 1279 se logrará incrementar la calidad, impacto y productividad de la producción científica a nivel nacional?, ¿cómo? ¿Qué significa un análisis histórico y prospectivo de la carga fiscal de la actual estructura de incentivos sobre las universidades públicas del país?

Como profesorado debemos exigir que este Conpes y cualquier reforma al Decreto 1279 sea respetuoso de los derechos adquiridos de los profesores de las universidades públicas. En ningún caso podrán desmejorarse los salarios y prestaciones sociales —que tienen una relación directa en materia pensional—, atendiendo al principio de progresividad y no regresividad en materia laboral. Como estamento profesoral debemos rechazar reformas inconsultas que vayan en detrimento de las condiciones laborales del profesorado.

El hecho de que la Constitución establezca que las autoridades del Estado están encaminadas a garantizar los principios y derechos constitucionales tiene repercusiones fundamentales respecto de la interpretación constitucional, del alcance de las potestades de las autoridades estatales y, por lo tanto, también de la forma como dichas autoridades deben ejercer sus funciones. Precisamente, para la creación de nuevas normas, los órganos del Estado deberán optar por aquellas interpretaciones que mejor desarrollen los derechos, principios y valores constitucionales —ver sentencias C-634 de 2011 y C-539 de 2011—.

El Decreto 1279 consagra como factores que inciden en la modificación de los puntos salariales los títulos, categorías dentro del escalafón, productividad académica, direcciones académico-administrativas, desempeño destacado en actividades de docencia y extensión, y experiencia calificada. La productividad académica ha sido un factor que ha mejorado la asignación salarial de algunos profesores, y que debe mantenerse. Sin embargo, es importante resaltar que se deben dignificar las actividades de docencia y la extensión universitaria a partir de mejores incentivos en la asignación salarial, pero estas reformas deben ser de cara al profesorado y con su participación directa y activa.

Por último, dado que aún el Conpes citado está en fase de elaboración, es trascendental participar de manera crítica y propositiva en este asunto, que tiene que ver con la dignificación de la labor del profesorado universitario, la reivindicación del derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas y justas, y en la aplicación del principio de progresividad y no regresividad en materia laboral.