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Sociedad

¿Cómo está la salud de la justicia colombiana?

05/09/2019
Por: Leonardo Álvarez A. / Alejandro Puerta C. - Comunicaciones - Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

La independencia judicial, junto con la libertad de expresión y el control al ejercicio del poder, son pilares de la democracia. Sin embargo, la deslegitimación, la presión mediática y la corrupción, son hoy graves amenazas para la salud de la Rama Judicial.

Imagen: Faustlawmarketing | Uso libre.

En América Latina la deslegitimación, la corrupción, el autoritarismo y la violencia se han constituido como las principales amenazas a la independencia judicial. A Colombia, bajo sus propias dinámicas, se le advierten otros factores.

En el país, según el Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos —Fasol—, las actuales amenazas externas a la Rama Judicial provienen de varios sectores. Una de esas amenazas es el proceso de deslegitimación, que en años recientes se ha dado también en países como Ecuador, según recalcó el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón.

Para el presidente de la Sala de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cúcuta y exmagistrado del Tribunal Superior de Antioquia, Benjamín Yepes Puerta, los medios de comunicación que controvierten decisiones judiciales sin ningún fundamento jurídico —cuando mucho ideológico o político— vulneran la independencia judicial y el debido proceso.

En ocasiones, la situación se agrava cuando son emitidas noticias sobre casos de connotación nacional y las decisiones del juez generan una inconformidad en determinados sectores de la población. La decisión es motivo de escarnio público, desacreditación y, como los mismos jueces lo han descrito, una destrucción moral de su oficio. Ejemplo de esto es la sentencia C-253 de 2019, de la Corte Constitucional sobre el Código de Policía.

Luquegi Gil Neira, Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, advirtió que por esa presión de la opinión pública ya no se le reclama a los legisladores por el endurecimiento de las leyes ni por el aumento de las penas; tampoco se le exige al poder ejecutivo el cumplimiento de los derechos fundamentales que le corresponden al Estado, sino que vierte en los jueces la responsabilidad de tomar decisiones rápidas, inclusive sin garantizar el debido proceso.

De esto se aprovechan quienes quieren sacar ventaja de la deslegitimación de la Rama Judicial, afirmó el exmagistrado Yepes. «A un ejecutivo no le interesa una Rama fortalecida, por ser un obstáculo para los abusos y atropellos de los gobiernos, y se aprovecha del poder mediático para deslegitimarla y pedir reformas que le quiten poder a la misma».

La directora del Programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso en Latinoamérica, Úrsula Indacochea, dijo que «en la región, los países con mayores amenazas y afectaciones judiciales son aquellos que tienen mecanismos políticos dependientes de las altas autoridades». 

La abogada peruana afirmó que esta relación entre poderes, combinada con pocas garantías y mecanismos de control que fomentan la corrupción, terminan afectando la independencia judicial.

La dependencia económica a la Rama Ejecutiva también afecta la independencia judicial, puesto que es la Presidencia la que determina cuánto presupuesto se le asigna a los jueces. Cuando la Rama Judicial necesita los funcionarios, herramientas e infraestructura necesarios para funcionar a cabalidad, es el poder ejecutivo el que decide los presupuestos y si estos no son del gusto del gobernante de turno, se corre el riesgo de condicionar sus recursos. Por eso, para el exmagistrado Yepes Puerta es imperativo que también exista una independencia económica.

La independencia en el marco de la paz

La restitución de tierras en el marco del acuerdo de paz entre el Gobierno nacional y las Farc también ha generado reticencias en la autonomía que tienen los jueces a la hora de dictaminar sentencias. Según datos de Fasol, entre mayo de 2018 y agosto de 2019 han asesinado a ocho jueces y cerca de 36 han recibido amenazas, atentados, desplazamientos o exilio, lo que según Yepes —quien también ha recibido amenazas por grupos antirrestitución de tierras— no solo afecta al sistema judicial, sino a todo el Estado y a la sociedad civil.

Indacochea relata que el crimen organizado trata de interferir en el poder político y el poder político trata de influenciar en el sistema de justicia —fiscalía y fuerzas públicas—. Es así como uno de los objetivos de algunas estructuras para burlar la ley es cooptar a las fiscalías y ministerios públicos, puesto que son ellos los encargados de perseguir a las estructuras criminales. Por eso se recalca la necesidad de ampliar la brecha que existe entre ambas ramas, por el bien de este pilar democrático.

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