Ciencia

Foto: cortesía Periódico Alma Máter.

Durante cinco meses, desde el anuncio hasta la aprobación, la polémica sobre esta propuesta permitió a las partes enfocar las miradas en el problema central: la falta de articulación entre el mundo académico y el mundo político regional y las profundas y muy comentadas grietas del sistema diseñado en 2011.

La exdirectora de Colciencias, Yaneth Giha, había manifestado en febrero su preocupación por no poder encontrar suficientes proyectos que satisfagan al mismo tiempo las prioridades científicas y las necesidades de las entidades territoriales. También Moisés Wasserman, exrector de Universidad Nacional, señaló que la subejecución del 30 por ciento de recursos encontrada por el DNP no se debía a la “falta de proyectos, como se dijo, sino por falta de proyectos que interesaran a los gobernadores”.

Para la academia, el estancamiento y la baja ejecución de recursos son un problema con solución. Además de —como, según el Gobierno, se busca también con la reforma constitucional en trámite— exigir que los proyectos sean ejecutados por el proponente y no por quien los gobernadores decidan, y dar más peso a Colciencias en las decisiones, se requiere apoyar a las regiones con la capacidad científica concentrada.

Redistribuir la capacidad científica del país

“Hay capacidad investigativa, hay muchos grupos e investigadores de alta calidad, pero están concentrados en ciertas ciudades e instituciones”, afirma María Patricia Arbeláez, vicerrectora de Investigación de la Universidad de Antioquia. “La solución más práctica —dice— es dirigir dicha capacidad a los departamentos que no la tienen, como ya se está haciendo en muchos casos”.

Como ejemplo están los proyectos que la Alma Máter de Antioquia ha realizado en Amazonas y Vichada. Allí, grupos de la Universidad no solo se aliaron con las gobernaciones para realizar proyectos de gran tamaño, sino que desde el inicio se planeó dejar una capacidad instalada y personal formado para que dichos departamentos sean cada vez más autónomos en su trabajo científico. 

Como afirma Omar Cantillo, del grupo Biología y control de enfermedades infecciosas —BCEI—, en Vichada el principal objetivo fue “generar un laboratorio de referencia con personal capacitado en diagnóstico, análisis y salud pública”.

En Amazonas el Pecet de la Universidad de Antioquia implementó un sistema de alertas tempranas (SAT) para prevenir y controlar las principales enfermedades transmitidas por vectores. Dicho proyecto fue destacado por el DNP como uno de los mejores manejados del país en 2016, y se concentró en dejar en las comunidades el conocimiento necesario “como mecanismo de prevención y control de estas enfermedades, complementado así las actividades de las autoridades de salud”.

También están los estudios que durante décadas las universidades e institutos han hecho como base para generar lineamientos de políticas públicas, como el macroproyecto de regalías departamentales realizado por la Alma Máter en el trienio 2014-2016, que dejó lineamientos para el ordenamiento pesquero en el golfo de Urabá, o los numerosos aportes en buenas prácticas y lineamientos para políticas nacionales de salud encargados durante años por el Ministerio de Salud y Protección Social.  

La política de ciencia empieza en la academia

Sin descuidar problemas estructurales como la corrupción y el clientelismo, muchas estrategias pueden amainar el efecto de estos desacuerdos ciencia-gobierno. Un ejemplo es el esfuerzo, en cierta forma único, de Corpoica, por convertirse en el centro de investigación que debe ser. Con el liderazgo de Juan Lucas Restrepo, el proyecto de laboratorios territoriales aprovechó programas como Tiempo de volver y hoy emplea a 140 investigadores con formación doctoral para aumentar la productividad del campo y fortalecer el sector más delicado para la autonomía nacional y comunitaria. 

Esquemas similares en los ámbitos regionales podrían significar un empujón definitivo en el desarrollo a largo plazo y la autonomía del conocimiento. Lo que sigue faltando es voluntad y coordinación. Hay ideas divergentes de desarrollo, en las que Gobierno y academia no logran ponerse de acuerdo. 

Para estudiosos como la investigadora Jenny Perdomo, del Instituto de Estudios Regionales —INER—, la idea de desarrollo que enarbola el Gobierno se limita a construir infraestructura para que el agro y la minería saquen sus productos a exportar, lo que puede conducir al país a ser de nuevo una economía primaria, basada en materias primas a las que no se les agrega valor. Valor cuya semilla está en la investigación nacional.

Al respecto, la vicerrectora Arbeláez Montoya apunta una falencia que puede ser solucionada desde la academia misma: el alejamiento que hay entre lo científico y lo político, que suele ser interpretado como algo negativo y no como un pilar de la vida en sociedad. 

“Los investigadores no están siendo formados en las capacidades colectivas esenciales cuando se trabaja en asociación con entidades y comunidades”, comenta, y añade que “en todas las áreas deberíamos tener formación en capacidades éticas, políticas y sociales”.

Una mejor formación en este terreno puede llevar a una más eficiente y organizada movilización política para defender y promocionar ante la población la importancia de las capacidades científicas, y para proponer estrategias y proyectos más eficientes y articulados con las necesidades de cada ámbito político y social. 

“Seguir invirtiendo el dinero de regalías con decisiones cortoplacistas arriesga a perder la posibilidad de tener cambios estables a largo plazo que signifiquen verdadero desarrollo”, concluye y alerta la profesora Arbeláez Montoya.