Especiales

La cronología de Medellín muestra, a comienzos de la década del noventa del siglo XX, hechos que marcaron la ciudad y le dieron un rumbo sinuoso, conflictivo y a veces contradictorio por el que todavía transita: en 1990 se creó la Consejería Presidencial para Medellín y su Área Metropolitana, y se abrieron para la ciudad espacios de concertación entre gobierno local, comunidades, empresarios, organizaciones no gubernamentales y universidades; en 1991 se alcanzó una extraordinaria cifra de homicidios (6.349) que dio a la ciudad la categoría de “ciudad más violenta del mundo”, y en 1993 murió Pablo Escobar Gaviria, a quien se atribuyó la responsabilidad de ese epíteto. En adelante, fue especialmente notoria la fragmentación y extensión territorial del ejercicio de violencia por parte de algunos grupos que defendían intereses particulares.

Entre 1992 y 1993, cuando todavía era difícil de explicar ese contexto de violencia, el Instituto de Estudios Políticos, IEP, realizó una investigación sobre la función institucional y la imagen social de la Policía en Medellín (Restrepo et. al. 1994), la cual constituyó un punto de entrada a un campo de reflexión intrincado y cambiante: la violencia urbana en Medellín y las políticas de seguridad para combatirla. A partir de aquel trabajo, al cual subyacía una preocupación por la legitimidad estatal y la legalidad de las actuaciones de sus gobiernos o sus agentes, se abrió un campo analítico en el que se cruzaban problemas diversos: pobreza y exclusión, segregación urbana, narcotráfico, violencia homicida, organizaciones armadas y protección violenta de negocios, miembros de aparatos oficiales y actividades delincuenciales, agencias estatales descoordinadas, regímenes penales y política criminal.

La revisión de los diagnósticos referidos a esta problemática (Restrepo, Pérez y Vélez, 1997), la crítica a la idea de “crisis” para calificarla (Vélez, 2012) y el estudio riguroso de una de sus expresiones más intensas, la violencia homicida (Pérez y Vélez, 1997), permitieron diferenciar problemáticas, criticar conceptos, revisar estadísticas y discutir lugares comunes sobre las causas de la violencia, los actores involucrados en ellas y el lugar de la institucionalidad en su control y prevención. Esta reflexión seminal dio lugar a la línea de investigación “Criminalidad, violencia y política criminal” en el grupo Estudios Políticos, línea que posteriormente se localizó en el grupo Hegemonía, Guerras y Conflictos bajo las denominaciones “Guerra, castigo y política criminal” y “Seguridad: conflictos, violencias y políticas”.

La línea de investigación se fue enriqueciendo con el estudio de las agencias, políticas y prácticas locales dirigidas a combatir la criminalidad. Por un lado, se analizó la forma como en la ciudad se fue consolidando una noción de “seguridad”, y la manera como la selectividad de amenazas y bienes protegibles beneficiaba a determinados sectores de la ciudad y desprotegía a otros (Restrepo; Pérez y Vélez, 1997). Por otro lado, se discutió el concepto “seguridad ciudadana”, su confusión con la noción de orden público y los problemas que implicaba esa confusión en el diseño de la política criminal en Colombia (Pérez; Vanegas y Martínez, 1999). Para comprender el alcance de la respuesta institucional y social a “la cuestión criminal”, se analizaron igualmente visiones oficiales y sociales predominantes sobre el “delito y los delincuentes” en Medellín (Pérez, 2012). También se descifraron ambigüedades y ambivalencias de las políticas de seguridad ciudadana puestas en práctica en el mismo momento de irrupción del conflicto armado en las ciudades; la tendencia creciente a su privatización y el uso que de ella hacían múltiples actores locales tales como el gobierno municipal, las comunidades, los combos, las bandas y los grupos armados ilegales (Vélez, 2001).

Las investigaciones en la línea Seguridad: conflictos, violencias y políticas se fueron extendiendo a otros actores y procesos que fueron determinantes en la yuxtaposición del conflicto nacional armado a la entonces denominada “violencia urbana”. Se realizaron estudios referidos, no a las figuras descollantes del mundo criminal de entonces (capos, jefes de bandas o grupos paraestatales, guerrilleros y paramilitares), sino a la forma de organización en red que fueron adoptando, y en la que convergían “de manera controlada y en constante tensión, los múltiples y variados protagonistas de todas las guerras y de todas las negociaciones adelantadas en Medellín en la década del 90” (Alonso; Giraldo y Sierra, 2006, p. 159). De manera simultánea se analizaron procesos de desmovilización, desarme y reinserción (DDR) en los cuales Medellín fue pionera y que, por lo menos en la ciudad, lograron parciamente su objetivo y generaron otros efectos: ruptura de algunos monopolios de la violencia, desconcentración del poder armado, facilitación del rearme de algunos grupos que reconfiguraron la criminalidad y que adoptaron aprendizajes de grupos paramilitares, desplazamiento de antiguos liderazgos y olvido de las víctimas y de los procesos de memoria y no repetición (Alonso, 2007; Sánchez, 2007).

En esta línea de investigación se estudiaron también problemas y escenarios mucho más localizados. De un lado, se investigó la (in)seguridad en el entorno inmediato universitario; es decir, en un entorno aparentemente conocido y habitado por investigadores y estudiosos del tema que, sin embargo, sería descubierto como un lugar de análisis “desconocido y raro”. Un lugar sobre el cual (como ocurría con otras universidades y campus del país) no se producía conocimiento, aunque se acumulaban incesantemente opiniones; y sobre el cual, por tanto, no se tomaban decisiones meditadas e informadas, o acciones coherentes con el problema que se pretendía o se decía atender. Allí se reproducían lugares comunes parecidos a los que pululaban en el entorno urbano, se confundían (in)seguridad y convivencia y se adoptaron medidas de “seguridad” ineficientes o contraproducentes. La trampa securitaria había estado servida durante un buen tiempo, no solo en un lugar especialmente seguro, sino en un lugar que era también paradójicamente el lugar del saber, de la ciencia y de la crítica (Pérez et. al., 2014; Pérez et al., 2016).

Por otro lado, en el IEP se realizaron estudios en algunos barrios de la ciudad, más enfocados en niños, niñas y adolescentes, en los factores de riesgo frente al reclutamiento, la vinculación y el uso de ellos por parte de actores armados, y en las ofertas institucionales para atender la problemática. Se cuestionó la idea del “reclutamiento” y se advirtieron factores distintos de atracción de bandas y combos (reconocimiento, socialización, adopción de valores como lealtad y solidaridad), para jóvenes que crecían en entornos de prácticas autoritarias y violentas (Alonso et. al, 2016).

Actualmente, pese a los avances logrados en la ciudad, la línea se ocupa en los problemas de la gobernanza de la seguridad en Medellín, y participa de alianzas y espacios de reflexión sobre la problemática en Medellín y el Área Metropolitana, en los cuales se pretende retomar aquellos ejercicios de concertación que resultaron tan importantes hace décadas para orientar el rumbo de la ciudad.