Opinión

La Universidad de Antioquia ha vivido en distintos momentos de su historia situaciones difíciles de violencia y terror. En la década de los ochenta, bajo el imperio de las mafias de la droga y de agentes paraestatales, fueron asesinados más de una decena de estudiantes y profesores: Leonardo Betancur, Luis Felipe Vélez, Héctor Abad Gómez.

En 1998, las autodefensas universitarias, ligadas a las Autodefensas Unidas de Colombia, intervinieron en la universidad asesinando a profesores y estudiantes, y establecieron, en consonancia con lo que hacían en el país, un régimen de terror. Mataron a Jesús María Valle, destacado defensor de Derechos Humanos, Hernán Henao, director del Instituto de Estudios Regionales y Gustavo Marulanda, estudiante de filosofía. Estos dos últimos crímenes los ordenó Carlos Castaño y fueron ejecutados por actores internos de las autodefensas universitarias.

Los atentados contra la comunidad universitaria se redujeron notablemente durante el proceso de negociaciones de paz, como también sucedió con las acciones de militancias políticas que utilizaban la violencia. Pero así como el proyecto de pacificación de la sociedad está en una seria crisis, se está viniendo abajo en el campus universitario la armonía que permitía que la universidad desarrolle su proyecto educativo.

El lunes primero de marzo difundieron en la Universidad de Antioquia un panfleto firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), amenazando a profesores, sindicatos y organizaciones estudiantiles. Pocos días después fue atacada con puñal y herida en un pulmón la profesora Sara Fernández, quien es Secretaria de la Asociación de Profesores, una de las organizaciones amenazadas.

Este acto, el más grave atentado al Alma Mater que se ha producido desde finales de los noventa, conduce nuevamente a la universidad al dominio de la violencia. Así, se ha puesto en marcha un proyecto de violencia puramente destructiva contra la comunidad universitaria que persigue atacar a quienes expresan su inconformismo por las injusticias, la corrupción y la pobreza.

Esta situación estuvo precedida por la equivocada decisión del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien mediante el “Protocolo de Reacción contra Explosivos en Universidades”, autorizó el 22 de febrero la entrada del ESMAD al campus universitario con el fin de impedir el uso de explosivos por parte de los capuchos, capturarlos y judicializarlos. Nada de esto se produjo.

El alcalde mostró que no tiene ni astucia política ni conocimiento objetivo para tomar decisiones responsables. Si por razones extremas la fuerza pública debe entrar a la universidad, debe hacerlo respetando los derechos humanos y la integridad de los universitarios.

El alcalde se estrelló con algo que no se había imaginado: enfrentar un actor violento que se camufla dentro de una comunidad universitaria enfurecida por la intromisión de la bota militar en el campus. Y desató así fuerzas telúricas que han traído de nuevo la violencia destructiva a la universidad. El alcalde es entonces responsable políticamente por las consecuencias dañinas que ha generado su decisión precipitada e inconsulta.

Pero debo decir que todo esto no es el Alma Máter de Antioquia. A pesar de esta historia de violencia, la universidad está más allá de lo que la irracionalidad de la violencia pueda causarle, violencia que no pertenece a su naturaleza, ya que en su esencia está ser esencialmente humanística y en sus ideales está realizar un gran proyecto de inclusión orientado a superar, por medio de la educación, algunas de las desigualdades sociales existentes en el país.

La universidad es un espacio del pensamiento en el cual los profesores y estudiantes deben valerse de la razón para argumentar, discutir, controvertir. La racionalidad se refiere a la capacidad de las personas para desarrollar procesos de justificación, seguirlos y poder hacer uso de ellos. Un universitario es ante todo una persona que argumenta, un jugador del juego de dar y pedir razones.

La universidad debe tener autonomía para poder alcanzar su función más propia, que es alcanzar la verdad. De la autonomía se sigue la libertad de cátedra, de investigación y, en general, de opinión. Los derechos a la libertad de cátedra, enseñanza y asociación, y a la libertad de pensamiento, son derechos de los profesores, establecidos en la Constitución, que deben ser garantizados por las autoridades universitarias.

Esta idea de universidad sufre en este momento la violencia destructiva de las AGC que intervienen brutalmente para atacar a militancias políticas de izquierda que no necesariamente lideran los tropeles. Los encapuchados, a partir de una romantización de la protesta violenta, han terminado siendo parte de un proceso de violencia destructiva contra la universidad.

Es inaceptable entonces tanto el enaltecimiento de los manifestantes violentos como la solución paraca de las AGC. Son dos asuntos distintos, pero inadmisibles. La autonomía universitaria debe ser defendida a ultranza, y no debe ser amenazada nuevamente por la violencia. Esta amenaza la destruye.

Nota