Opinión

El pasado 2 de junio el profesor Gustavo Duncan de la universidad Eafit de Medellín, publicó en el periódico El Tiempo una columna de opinión titulada "Homenaje a las armas". En ella manifestaba su descontento por el reconocimiento que le otorgó la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nacional de Bogotá al profesor Miguel Ángel Beltrán, en el marco de la celebración de los 50 años de la primera facultad de Ciencias Sociales del país.

Allí se le concedió al sociólogo bogotano junto con otros egresados y profesores, una distinción como egresado sobresaliente. El sustento para tal premio de acuerdo con las autoridades de la facultad, fue una hoja de vida llena de grados académicos y publicaciones científicas, hecho que puede confirmarse en el currículum del profesor.

El descontento de Duncan se basa en dos ideas. La primera es que el hecho de homenajear a un colega suyo que ha sido acusado y condenado por rebelión (en este momento la condena está siendo revisada por la Corte Suprema de Justicia) envia un mensaje errado a la sociedad según el cual es válido tomar partido por uno de los bandos que se confrontan en nuestra guerra.

El segundo motivo, que de acuerdo con Duncan hace ilegítimo el reconocimiento, está referido al ámbito científico. Después de hacer lo que él llama una "rápida búsqueda", encontró que el profesor Beltrán es poco citado y que el impacto de su producción académica es intrascendente debido a que sus escritos pertenecen a un "nicho de mercado" conocido como "pensamiento crítico".

El profesor Mauricio García Villegas en su columna de El Espectador del 3 de junio titulada "Academia capturada", también se posiciona en contra del reconocimiento hacia el profesor Beltrán. Argumenta en la misma línea de Duncan, que el homenaje es "una captura de la academia por parte de los intereses políticos", lo que desde su perspectiva es una mezcla indeseable. Política y universidad para estos dos académicos uniandinos son dos elementos que deben estar escindidos para no desnaturalizarse.

Ambos pronunciamientos hacen eco de una carta firmada por 32 profesores (de los 220 que tiene la facultad) encabezados por el italiano Carlo Tognato, en la que se rebelan frente al premio otorgado por las autoridades de la facultad. La misiva expresa la misma idea de García, en el sentido que con el reconocimiento se envia un mensaje errado a la sociedad sobre el conflicto, en el que mezclan academia y política. Desde la perspectiva de los firmantes, el otorgamiento del premio es otra manifestación de esa tendencia que se presenta en la universidad pública colombiana en la que "grupos específicos han buscado avanzar sus visiones particularistas de la academia al servicio de la política". Denuncian además, en la carta, que no es la primera vez que se hacen ese tipo de homenajes "inspirados por agendas políticas externas que nada tienen que ver con lo académico."

Decir como hacen los tres textos, que lo académico y lo político son dos esferas que si se cruzan se desnaturalizan, es de una puerilidad que ni los mismos autores deben creer. La universidad es una institución alimentada por la savia de la política. Es casi el lugar privilegiado para el debate público en la medida en que es una institución cuyo "objeto comercial" (para utilizar el lenguaje empresarial del profesor Duncan) es la discusión de ideas. Solo la universidad puede sustraerse del frio cálculo mercantil que domina el mundo de los negocios o de la obediencia ciega que caracteriza el mundo burocrático y confesional.

Cuando el exterior se ha tornado oscuro, algunos en la universidad pública colombiana han logrado nadar a contracorriente de la ignominia, tomando posición política. Fue lo que hicieron Héctor Abad Gómez  y Carlos Gaviria Díaz cuando siendo profesores de la Universidad de Antioquia e integrantes del Comité Permanente de Derechos Humanos, se pronunciaron contra los asesinatos de importantes dirigentes sociales a manos de los escuadrones de la muerte. El desenlace de esta toma de partido fue la muerte del primero y exilio del segundo. El martirologio es largo y no es este el lugar para escribirlo. Interesa más bien destacar que lo que pretendían aquellos que causaron las muertes de profesores de las universidades públicas del país a finales de siglo XX y principios del XXI, era acallar su perspectiva política celebratoria de la vida y solidaria con los más desfavorecidos.

No solo a la universidad pública la constituye la política. También a la privada. La universidad del profesor Duncan recibió hace unos años como parte de sus profesores al empresario Pedro Carmona Estanga. El venezolano venía de ser la cabeza de un golpe de estado fracasado en la hermana república. No recuerdo ningún docente de  la universidad pública que denunciara el "mal mensaje" que le mandaba la institución a la sociedad, por el “homenaje a las armas” que se hacía contratando a alguien que pretendió derrocar por la fuerza un gobierno elegido democráticamente. Nadie habló de "academia capturada" por el golpismo. Era lógica y legítima la solidaridad de esa universidad con el empresario venido a menos.

Desde la seguridad que ofrecen las rejas del privilegio corporativo o el apoliticismo declarado, es muy fácil linchar a un colega caído en desgracia por su toma de partido. Es soberbio descalificar a un académico como irrelevante porque pertenece a una escuela distinta a la propia.

La VII Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales realizada en Medellín en noviembre de 2015, en la que se congregaron 800 investigadores de 45 países y promovida por la Unesco, la OEI, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia; era sobre “pensamiento crítico”.

En la universidad pública, alma y nervio de la sociedad colombiana, solo tenemos el principio de la autonomía universitaria como defensa para un exterior en crisis y ese es un principio político.

Nota

Este es el espacio de opinión del Portal Universitario, destinado a columnistas que voluntariamente expresan sus posturas sobre temáticas elegidas por ellos mismos.  Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores y no reflejan una opinión o posición institucional de la Universidad de Antioquia.