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Opinión

Policía democrática

18/09/2020
Por: Adrián Restrepo Parra, profesor Instituto de Estudios Políticos UdeA

«... La formación del personal de policía tiene el reto de cerrar la distancia existente entre los enunciados constitucionales del deber ser de la institución, y las prácticas que respiran bajo el uniforme: machismo, supremacismo, homofobia, marihuanofobia, racismo, etc...»

Los reiterados abusos policiales desdibujan la idea de una fuerza pública representante del Estado democrático, de aquel que acude al uso de la violencia como último recurso y que cuando la utiliza lo hace de forma ponderada, en el marco del respeto por los derechos y las libertades ciudadanas.

Resulta contradictorio que la policía al actuar invoque el principio de protección de la vida de los ciudadanos y sean justamente los ciudadanos los que terminen muertos a manos de sus protectores. La recurrencia de este tipo de hechos da indicio de problemas estructurales, recientemente la manifestación masiva y violenta de ciudadanos rechazando el abuso policial indica la profundidad de la situación.

Tenemos una policía democrática en términos constitucionales, puesto que su deber es velar por ese orden pluralista democrático consagrado en la Constitución. Sin embargo, esa policía democrática es una tarea en proceso de formación porque más que una realidad concreta hace referencia al ideal normativo de la Constitución.

La Constitución buscó profundizar la democracia para acabar con la violencia históricamente vivida en el país, en ese proceso llevamos 30 años donde la violencia misma parece ser el principal obstáculo para profundizar la democracia. De allí la reiterada necesidad de continuar formando el ciudadano de la carta constituyente.

La institución de la policía no es ajena a esa transformación de cultura política, está en ese proceso de cambio y por tanto de crisis. La formación de una policía democrática es un proceso lento y conflictivo, porque los miembros de la policía se reclutan en la misma sociedad que la Constitución propuso transformar: una sociedad con características autoritarias.

El catálogo de derechos ciudadanos y el deber ser de una policía acorde con el Estado democrático contrasta con agentes que ejercen en terreno la autoridad en contra de estos parámetros, hacen uso de la autoridad basada solo en violencia, una fuerza autoritaria. Esta idea de autoridad desdibuja la promesa de democracia constitucional y de una policía que opere en el marco de ella, una policía respetuosa de los derechos humanos.

La formación del personal de policía tiene el reto de cerrar la distancia existente entre los enunciados constitucionales del deber ser de la policía y las prácticas que respiran bajo el uniforme: machismo, supremacismo, homofobia, marihuanofobia, racismo, xenofobia, etc. Asunto más problemático si esto es promovido o tolerado por los superiores.

Prácticas de discriminación amparadas bajo la tradicional idea de la autoridad como poder incuestionable, que no acepta objeción, la cual asocia con cuestionar su orden, autoridad para la cual el silencio de los ciudadanos es síntoma de respeto: “se calla o lo callamos”, “¿quién le dijo que hablara?”, “¡silencio que aquí mando yo!”, “yo soy la ley”, “yo hago respetar el uniforme”.

La autoridad resulta así proporcional al miedo que infunde en los ciudadanos que dice proteger, una autoridad que asusta y que a la vez reclama al ciudadano su confianza. Idea autoritaria de autoridad también embebida por la cuna colombiana: “Cuando hablan los adultos los niños callan”, “a los padres no se les contesta sino quiere perder los dientes”, “eso se hace porque yo mando”, “¡no llore!”, etc. La autoridad no puede ser cuestionada porque quien lo hace es sometido a tormento.

Ese tipo de autoridad está contra el ideal constitucional democrático y también contra la realidad del siglo XXI, en la era global un ciudadano puede tener más información y conocimiento que la generación de sus padres y la misma policía. Por eso, para que el ciudadano acate se requiere razones más que órdenes. De hecho, los policías odian que los ciudadanos les enseñen o recuerden sus deberes y que por lo mismo les exijan respeto por los derechos.

Este proceso de formación policial es lento porque refiere a la modificación de la cultura política institucional. Y es conflictivo porque el cambio dentro de la institución policial viene dándose traumáticamente, los escándalos muestran a unos agentes interesados por una actuación institucional acorde con la Constitución y la democracia del siglo XXI que denuncian prácticas de sus colegas que riñen con el ideal democrático y constitucional.

Conflictividad profundizada porque el descrédito de la institución policial pasa también porque confronta las protestas contra la implementación de políticas deslegitimadas por distintos sectores sociales. Es difícil una percepción positiva de la policía si esta es asociada con una fuerza que defiende políticas ilegitimas. La policía paga los costos políticos de la defensa de un gobierno impopular.

La profundización del proceso de transformación de la policía hacia el horizonte democrático demanda apoyar a los agentes comprometidos con la realización de cambios que conduzcan a la institución hacia la democracia constitucional, continuar con la formación ciudadana para que las personas exijan sus derechos y construir un gobierno dispuesto actuar en ese sentido.

Este texto fue publicado en La Silla Vacía el sábado 12 de septiembre de 2020


Nota

Este es el espacio de opinión del Portal Universitario, destinado a columnistas que voluntariamente expresan sus posturas sobre temáticas elegidas por ellos mismos. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores y no reflejan una opinión o posición institucional de la Universidad de Antioquia.

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