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¿Perspectiva de paz para Colombia?

09/08/2019
Por: Yohan Alexis Chalarca Palacio, Zootecnista, PhD Estudios Sociales Agrarios, coordinador Académico – UdeA Seccional Suroeste.

« ...El restablecimiento del poder del Estado en todo el territorio nacional y el fortalecimiento del aparato militar, parecen ser los únicos intereses en el desarrollo de las acciones emprendidas contra los grupos insurgentes, respaldadas por los paramilitares y mantenida por el ejército nacional... »

Como si fuera fútil un país sin víctimas, sin victimarios; nos cuesta entender la necesidad de no tener la guerra como pretexto, cuesta entender el vacío de nuestra memoria histórica, en ocasiones pienso, que también una de las tácticas de la guerra, aparte de reproducir el miedo, es forzar el olvido en la población civil, como estrategia de defensa a un dolor recurrente, o como bandera de campaña para eternizarse en el poder.

Cuestiona profundamente que continuemos discutiendo la pertinencia de una Justicia transicional, que se convoque a un plebiscito para revocar las altas cortes y algunos líderes políticos agiten la marea para convocar a una nueva constituyente, pareciera que lo que se persigue, es hacer posible la perpetuación de la guerra, y el envalentonamiento de quienes por miedo a ser juzgados, vinculados al proceso de verdad, justicia, reparación, restitución y no repetición, además de despojadores y concentradores de tierra, arremeten contra las justas luchas y no abandonan su ambición de perpetuarse en el poder.

Para nadie es un secreto la grave situación de violencia, terrorismo, masacres, desplazamiento forzado, secuestro y otras muchas formas de violación de los derechos humanos que ha atravesado Colombia a lo largo de su historia, por parte de grupos al margen de la ley, cuyos efectos se le atribuyen de forma directa al estado por acción o por omisión.

Las estrategias hasta ahora implementadas para superar la crísis humanitaria, de conflicto armado y de descomposición social, no entregan resultados alentadores, se explica en parte por la debilidad del Estado para ejercer el control territorial, impidiéndole cumplir cabalmente su rol de garante y protector de los derechos de los ciudadanos; sin embargo no se puede obviar la responsabilidad de los grupos armados ilegales en la violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, lo que hace que los ojos de la comunidad internacional estén siempre puestos sobre Colombia.

Son muchas las acciones que se han emprendido, desde los diálogos de paz con los grupos insurgentes llevados a cabo durante el mandato del presidente Belisario Betancur a inicios de los ochenta, la declaración de la famosa zona de distensión durante el período presidencial de Andrés Pastrana, hasta la Política de seguridad democrática implementada con mayor fuerza durante el primer período presidencial de Álvaro Uribe Vélez y la desmovilización de grupos paramilitares y de autodefensas en la búsqueda de estabilidad social, el fomento de la inversión extranjera directa y la recuperación de la economía.

La seguridad: ¿Un requisito para la paz?

Entender el concepto de seguridad de forma herrada como el poder y la represión arbitraria por parte del Estado, hace que este tema se discuta entre los grandes intelectuales colombianos en este momento coyuntural de la historia.

Este concepto es entendido más como la forma de mantener la soberanía del Estado frente a sus enemigos internos y externos que atentan contra su estabilidad, pero en ningún momento se vislumbra como la forma de entregar bienestar a la ciudadanía.

“Si mágico significa “lo inexplicable”, seguridad se ha convertido en una palabra mágica. Todos la reclaman, todos la ofrecen y nadie, o casi nadie tiene en claro su significado … La seguridad como valor social nos pertenece en la medida en que nuestro norte no es otro que la justicia social y ella precisamente, tiene como fundamento, entre otros, el valor seguridad” (De la Cruz, 2006)

Desde la estrategia de desarrollo humano sostenible, lanzada por los organismos internacionales para la década de los 90, después de la finalización de la guerra fría, aparece el concepto de seguridad humana, lo que pone de manifiesto que la verdadera riqueza de una nación son las personas.

En este sentido la seguridad fue entendida como el fortalecimiento de las instituciones democráticas y del estado de derecho, proporcionando al individuo condiciones adecuadas para su desarrollo personal, familiar y social; de esta forma, en la actualidad la seguridad es vista por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), como un asunto relacionado directamente con el respeto por la vida y la dignidad, que incluye la seguridad económica, alimentaría, sanitaria, medioambiental, personal, comunitaria y política, dimensiones relacionadas con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Acero, 2005)

Como plantea Nelson Socha1, los intereses del Estado siempre han primado sobre las libertades de los ciudadanos, en sus intentos por conseguir la seguridad se atenta de manera directa sobre los valores democráticos planteados en la Constitución de 1991. Para la construcción de políticas de seguridad, no basta con partir de la existencia de conflictos sociales, se debe considerar el dinamismo de las relaciones humanas y la búsqueda de consensos, donde la persona y su dignidad, son el eje transversal de la política de seguridad y la democracia es el marco político, cultural y social en el que deben desarrollarse.

La legitimidad social y política del Estado, ha sido medida por la capacidad para brindar seguridad y paz, en este sentido se justifica el monopolio de la fuerza presente desde la estrategia de seguridad nacional, promovida por los Estados Unidos durante la guerra fría en América Latina, donde la acción militar se centraba en defender la integridad y el dominio del Estado sobre el territorio, en la derrota del comunismo y en mantener el orden público, por los medios que fueran necesarios.

Las estrategias implementadas para conseguir la seguridad, en nada han fortalecido la democracia y alcanzado la paz, analizando el contexto colombiano, la conformación y creación de grupos de autodefensas y el paramilitarismo respectivamente en la búsqueda de control territorial, logra solamente incrementar de forma dramática los casos de violación a los derechos humanos.

En efecto, la noción de seguridad es difícil de aprehender por su significado y carácter cambiante, en la medida en que el lugar que ocupan los países en el sistema internacional, altera sus condiciones para la búsqueda y mantenimiento de la seguridad. Por ejemplo, las condiciones de dependencia de los países periféricos en el sistema mundial y la consolidación de sus diferentes instituciones, generan situaciones que merman o impiden su autonomía y la posibilidad de que puedan trazar su propio derrotero en esta materia (Sánchez, 2004)

En el desarrollo y aplicación de la doctrina de la seguridad nacional en Colombia se puede destacar una serie de políticas orientadas, básicamente, a ganar la confianza de la población civil y a la lucha contrainsurgente. Estas políticas pueden agruparse en una serie de planes que comienzan desde la formulación del Plan Lazo (en 1960), hasta la formulación y aplicación del Estatuto de Seguridad durante la administración de Julio César Turbay (1978-1982). Tales políticas se adaptan y formulan a la luz de las transformaciones experimentadas por el conflicto, cuya etapa inicial se ubica en la lucha estrictamente bipartidista hasta llegar a la consolidación de la lucha contra la acción de guerrillas subversivas, la mayor parte de ellas, de orientación comunista2

La implementación de estas estrategias se hizo posible gracias al poder conferido a la rama ejecutiva y con mayor énfasis a las fuerzas armadas militares para la realización de acciones específicas, como el juzgamiento de civiles por parte de tribunales militares, el entrenamiento militar de autodefensas en las zonas rurales, el establecimiento de zonas de orden público y el acrecentamiento de operaciones militares contra las guerrillas (Leal, 1994).

La implementación de la política de seguridad nacional por mandato internacional, podría decirse, ve sus peores frutos bajo el mandato del presidente Belisario Betancur y sus negociaciones de paz, durante este periodo se da la formación y expansión de los grupos paramilitares, se hace visible la problemática de cultivos ilícitos y narcotráfico, además de un marcado incremento en los actos terroristas.

Los cambios evidentes en las políticas de seguridad no se hicieron esperar en el nuevo contexto de guerra que experimentaba Colombia, el complejo problema social, el terrorismo, el contrabando de armas y el narcotráfico entre otros, que trascienden el carácter nacional y hacen estallar la alerta de seguridad global por la inestabilidad de su democracia y la violación de los derechos humanos.

Los problemas políticos y sociales se siguen mirando desde la óptica militar y las medidas adoptadas son completamente represivas, dejando a un lado el ideal democrático.

Después de la guerra fría, el fin último de estas políticas de seguridad van más allá del dominio del territorio, se impone un nuevo orden de defensa al capitalismo y la democracia liberal.

Leal y Mason (2003), aportan al análisis de la evolución histórica de las políticas de seguridad dos modelos: El primero es la seguridad humana donde los valores y el bienestar de los individuos y las comunidades son los que constituyen el eje del orden global, y el segundo es la seguridad hemisférica cooperativa en la que varios países comparten expectativas confiables de cambio pacífico, redefiniendo sus estructuras militares y las responsabilidades de las instituciones civiles en la seguridad, en este esquema multilateral se amplía el marco de decisión de los estados miembros.

El restablecimiento del poder del Estado en todo el territorio nacional y el fortalecimiento del aparato militar, parecen ser los únicos intereses en el desarrollo de las acciones emprendidas contra los grupos insurgentes, respaldadas por los paramilitares y mantenida por el ejército nacional, además la política de desarme, desmovilización y reinserción es una de las acciones más criticadas en la actualidad.

Las líneas que buscan el fortalecimiento de ciudadanías, es decir, que promueven los actos democráticos son demasiado débiles, su formulación tiene un evidente sesgo hacia el reconocimiento de las fuerzas militares, como la institución del gobierno capaz de asegurar el orden y recuperar el poder del territorio por parte del Estado, en ese sentido la comunidad solo actúa como intermediaria y directa colaboradora en las acciones del Estado.

Aunque la población colombiana reclama mano dura contra las bandas criminales y reclama un ambiente de tranquilidad y seguridad, las políticas hasta ahora implementadas, descuidan de forma tajante otras muchas acciones que deben ser emprendidas para asegurar la sostenibilidad de los actos de paz, la justicia y la reparación de las víctimas, son temas que se diluyen en los debates de nuestros gobernantes y la democracia es solo el distractor para emprender acciones que en poco contribuyen a unas claras perspectivas de paz para Colombia.

Encuentre aquí la versión completa de este texto

Notas

1 Nelson Socha es abogado, ex asesor de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y de la Vicepresidencia de la República. Actualmente es miembro del Equipo de Paz, Conflicto y Civilidad de la Corporación Nuevo Arco Iris.

2 Carolina Galindo Hernández en el artículo “De la Seguridad Nacional a la Seguridad Democrática: nuevos problemas, viejos esquemas”, que hace parte de la investigación “Análisis comprensivo de las interrelaciones entre tendencias actuales de la filosofía política y los estudios sobre las transformaciones recientes del Estado nación en Colombia”, realizada con el apoyo de Colciencias y de la Universidad del Rosario.

Referencias bibliográficas

Acero, H. (2005). La seguridad ciudadana, una responsabilidad de los

gobiernos locales en Colombia, en: Biblioteca Virtual Nueva Sociedad. Documento electrónico: http://www.nuso.org/upload/seguridad/Acero.pdf

De la Cruz, J. (2006). La Seguridad: Valor fundamento de la Paz. Disponible en: http://www.alainet.org/es/active/14727#sthash.EwTChGI6.dpuf

Sánchez, R. (2004). “La seguridad en Europa y América Latina: reflexiones para Colombia”. En: Diego Cardona et. al., Encrucijadas de la seguridad en Europa y las Américas. Bogotá: Centro Editorial. Universidad del Rosario, pp. 276-277.

Leal B., F. (1994), “Defensa y Seguridad Nacional en Colombia, 1958-1993”. En: Leal B., F. y Tokatlián, J. G. Orden mundial y seguridad. Nuevos desafíos para Colombia y América Latina. Bogotá: Tercer Mundo Editores-SID-IEPRI.

Leal B., F. y Mason, A. (2003). Democracia y seguridad en los Andes: hacia una agenda regional. Informe sobre Colombia, Bogotá, Universidad de los Andes, Departamento de Ciencia Política.


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