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La Paz del "no"

03/12/2020
Por: Adrián Restrepo Parra, profesor Instituto de Estudios Políticos UdeA

El gobierno y sus seguidores, en medio del asesinato de líderes sociales, de exguerrilleros y el aumento de las masacres, niegan que esta sea la paz del no.

Después de cuatro años del Acuerdo de paz, la implementación de lo acordado hasta el momento no puede valorarse sin tener presente dos factores: qué se acordó y quién lo está implementando. Sobre lo primero, el Acuerdo consta de seis puntos que fueron ajustados después del plebiscito que ganó el "no". El texto final, firmado en noviembre de 2016, entró legalmente en rigor, con todo y modificaciones, sin perder su carácter integral o comprehensivo.

Es decir, la idea de paz estable y duradera demanda construir la paz territorialmente. Para ello, el Estado debe intervenir por medio de políticas públicas en los territorios más afectados por la guerra para atender allí las principales problemáticas propiciadoras de la violencia. 

Ese carácter del Acuerdo resulta novedoso, porque en la historia de paz del país, los Acuerdos han estado centrados en la desmovilización, la reincorporación y los derechos políticos de quienes hacen parte de los grupos armados sin incluir como parte de los Acuerdos “las causas estructurales” de la guerra.

Por eso, el actual Acuerdo contiene simultáneamente la preocupación por la reincorporación de los exguerrilleros y por la transformación de los factores reales de poder que han incidido en el prolongado conflicto armado. De allí que la reincorporación haga parte de uno de los seis puntos que conforman el Acuerdo Final, mientras los otros puntos contienen las coordenadas para realizar los cambios en el contexto colombiano que contribuyan a lograr una paz estable y duradera.

Sobre quiénes implementan el Acuerdo, la responsabilidad central recae sobre el Estado colombiano porque, como en los otros acuerdos firmados, son negociaciones de gobierno que, una vez surten los trámites legales, alcanzan el estatuto de un compromiso de Estado. Pero es el gobierno, como cabeza de Estado, el responsable de concretar lo pactado. En la implementación del Acuerdo en el país pasamos del gobierno promotor de la negociación de paz al gobierno promotor de las modificaciones a la misma.

El actual gobierno, representante del sector político del "no" ganador del plebiscito, presentó entre sus propuestas hacer ajustes al Acuerdo con el propósito de superar la polarización del país. En consecuencia, el gobierno intentó nuevamente objetar 6 aspectos de la ley que reglamentaba la Jurisdicción Especial para la Paz, acción que obtuvo la respuesta de la Corte Constitucional en la cual esta reiteró su anterior postura sobre el carácter inexequible de la demanda. 

Esa ha sido la acción legal más temeraria del gobierno Duque para acabar con el proceso de paz, especialmente porque entre las objeciones que presentaba estaba la que pretendía la pérdida de la participación política de la guerrilla. Ante la negativa de la Corte, el gobierno ha centrado su esfuerzo en hacer la paz a la manera tradicional, reducida a preservar la reincorporación de los exguerrilleros, labor para la cual tiene a favor la institucionalidad, que en el país han dejado más de diez procesos de paz. 

Este tipo de paz preserva el principal activo del Acuerdo: parar la guerra entre dos partes. Por eso, de un lado, el indicador de éxito del hospital militar semivacío y, del otro, la permanencia del grueso de los exguerrilleros en el proceso de paz con participación política legal. Esta es la paz que, con dificultades, la han realizado distintos gobiernos colombianos a lo largo de aproximadamente 40 años. 

Esta es la paz que el gobierno muestra a nivel internacional, y sin duda debe mostrarse, pero es una paz que, evaluada en el marco del Acuerdo final firmado entre las partes, remite solo a uno de los 6 puntos del Acuerdo. En la agenda del gobierno y su bancada lucen por su ausencia proyectos de ley encaminados a desarrollar los otros aspectos del Acuerdo, entre ellos, el que ha sido considerado fuente del conflicto: la tierra, la implementación del punto reforma rural integral.  

Sin embargo, la línea de defensa del gobierno es aseverar que está cumpliendo integralmente con lo acordado y cuando acepta las dificultades en la implementación suele encontrar responsabilidades de índole externa, la más reiterada es la violencia del narcotráfico. El gobierno y sus aliados, con esta postura, intentan negar que el gobierno actual como cabeza del "no" en el plebiscito prometió una paz mejor para el país, siempre y cuando el Acuerdo fuera ajustado.

Ahora, en medio del asesinato de líderes sociales, exguerrilleros y el incremento de las masacres, Duque y sus seguidores quieren adjudicar las dificultades que vive Colombia al Acuerdo, obviando que ellos mismos lo modificaron y que también son ellos quienes lo están implementando; o sea, quieren negar que esta es la paz del "no".

Este texto fue publicado en La Silla Vacía el domingo 30 de noviembre de 2020


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