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Seis desafíos de la educación en Antioquia para el 2030

13/11/2019
Por: Yénifer Aristizábal- Periodista

El Plan de Educación Antioquia 2030 es una política pública diseñada en conjunto por la Gobernación de Antioquia, la Universidad de Medellín y nuestra Alma Máter, en la que participaron alrededor de 1600 personas de las comunidades escolares de las nueve subregiones.

Escuela rural en la vereda El Cedral en Briceño, Antioquia. Foto: Yénifer Aristizábal G.

Durante este ejercicio de planificación a largo plazo, liderado por la Gobernación, la Universidad de Antioquia y la Universidad de Medellín desde el 2016, se identificaron una serie de advertencias o alertas neurálgicas que tiene la educación departamental hasta el 2030.

La legalización de predios para poder invertir en infraestructura educativa, la logística que permita una adecuada reorganización de los colegios, la articulación de espacios educativos municipales, la formación en pedagogías activas en zonas rurales, la educación indígena y la producción de conocimiento local de las problemáticas, son algunos de los grandes retos identificados en la elaboración de este plan estratégico.

1. Titularidad de predios

Las futuras administraciones tienen un reto relacionado con la infraestructura educativa que, en cabeceras municipales y zonas rurales, reclama mejoras necesarias. Pese a que las escuelas ubicadas en veredas y corregimientos necesitan mantenimiento, existe la imposibilidad de invertir recursos públicos allí porque en 1808 predios no se cuenta con la titularidad o aún no se define su situación jurídica.

Esto corresponde al 42 % de los terrenos que hace dos años presentaban esta limitación, pues desde entonces se ha intensificado una campaña para la formalización de predios escolares que permitan la inversión de dineros públicos. «Nos encontramos con que las plantas físicas están ubicadas en muchos casos en terrenos que donó algún dueño de una finca o la iglesia», indica Gustavo Jaramillo Franco, subsecretario de Planeación Educativa de Antioquia.

2. Reorganización de colegios

El Ministerio de Educación Nacional determinó la capacidad departamental para tener  hasta 417 rectores y con ellos realizar el Plan de Reorganización del Sector Educativo, propuesto por el Gobierno nacional, para lograr un «uso eficiente de los recursos».

«Con esta cantidad limitada de plazas en el 2014, se obligó a reorganizar todo el departamento», explicó Jaramillo Franco y aclaró que desde entonces se anexó a cada establecimiento educativo un conjunto de centros y sedes escolares. «Aparecen rectores que de un momento a otro tienen 30 o 40 sedes y antes tenían solo una institución educativa», sin embargo, la posibilidad para que ese rector haga presencia y administre sus sedes se complica por cuenta de limitaciones logísticas, además de que se requiere pensar pedagógicamente la propuesta para que la sede principal se articule con las demás, en especial las rurales.

3. Articulación de la infraestructura educativa

En los municipios antioqueños, la infraestructura educativa está compuesta no solo por instituciones o centros educativos, sino también por casas de la cultura o parques educativos. Un desafío para cada nueva administración municipal es la articulación de esa infraestructura.

Los parques educativos fueron construidos como una apuesta municipal de la educación y sirvieron como eje de todos los servicios educativos del departamento, pero el trabajo entre escuela y parques ha tenido una piedra en el zapato que consiste en que maestros de escuela, pagados con recursos del Sistema General de Participaciones, lideraban procesos en estos

La labor fue suspendida, ya que los recursos para el parque deben ser municipales, mientras que los del Sistema General de Participaciones están destinados al funcionamiento de las escuelas departamentales y llegan directamente del Gobierno central.

«El parque sí se puede utilizar como servicio, pero este no es una escuela, y los recursos no se pueden mezclar, entonces se requiere que los alcaldes asuman el liderazgo frente al parque. A eso lo denominamos “ecosistemas de innovación”, donde se integran las ciudadelas educativas y otros espacios culturales o de formación, pero ese ejercicio hay que acabarlo de hacer», para esto sugiere Jaramillo la conformación y funcionamiento pleno de Sistemas Locales de Educación —Siled—.

4. Formación de maestros en pedagogías activas

En el departamento hay 3567 centros educativos y sedes rurales que deben trabajar con pedagogías activas o modelos educativos flexibles. Muchas de estas sedes no cuentan con dotación ni con formación de maestros. La formación de 9160 docentes rurales y la dotación de estos centros y sedes educativas, son necesarias para fortalecer la educación rural en Antioquia.

«Es posible que tengamos grupos pequeños de niños o jóvenes que no sean suficientes para poner una escuela y que además estén muy alejados de los centros educativos, allí hay que poner modelos flexibles para garantizar que puedan acceder a la educación. Esto pasa por adecuar los currículos para que sean pertinentes a la región», explicó el profesor Gilberto Obando, de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia.

5. Apuesta por la educación indígena

El departamento cuenta con tres grandes grupos indígenas: los Embera, los Guna-Dule y los Zenú, y, recientemente, se ha iniciado un trabajo con indígenas Nutabe de Sabanalarga de la mano de la Gerencia indígena. La apuesta educativa con estos grupos es particular y actualmente se construye con ellos, teniendo en cuenta la jurisprudencia y la normativa para estos pueblos ancestrales.

«En la salida a territorio encontramos que los pueblos indígenas tienen necesidades en temas comunes como infraestructura educativa o formación de maestros, pero hay elementos adicionales que tienen que ver con la comunidad y su cosmovisión, que es muy diferente a nuestra mirada occidental», resaltó Jaramillo Franco.

6. Necesidad de investigación local

En el departamento se identificaron problemáticas que tienen que ver con la vulnerabilidad de los niños y niñas frente a problemas como el microtráfico y a otros a los que están expuestos en su tiempo libre. «Salen de la escuela y no tienen nada que hacer. El sistema debe ahondar en ello, pero ¿cómo lo podemos hacer si no tenemos conocimiento local amplio de estas problemáticas?», cuestionó el educador.

Participación de las comunidades

Esta política pública se trabajó con una amplia participación de las comunidades en cada subregión de Antioquia, se realizaron alrededor de 40 talleres, en tres fases de trabajo, para recoger sus insumos y apreciaciones técnicas.

«Se convocó no solo a comunidad educativa, sino a gremios, grupos poblacionales, representantes indígenas y organizaciones de la sociedad civil. Esperamos que esto sea un mecanismo de garantía y legitimidad para que las comunidades les puedan decir a los futuros gobiernos: tenemos un plan, ¿ustedes cómo lo van a implementar?», explicó Obando.

Este documento, resalta el profesor Obando, plantea la educación como un derecho más allá de un servicio, y que, aunque esto no es nuevo, esta concepción está ligada más a la necesidad de que se pueda acceder efectivamente a ella, que sea pertinente y responda a las necesidades sociales. «Esto le da un lugar distinto a la gestión educativa y viene de la mano de otros cambios a nivel global», advirtió el profesor Obando.

Este plan será presentado en diciembre y servirá de «sombrilla» para que los alcaldes electos formulen los planes de acción educativos municipales.

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