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Periódico Alma Máter

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Sociedad

Panorama de la «oferta» electoral en Colombia

25/10/2019
Por: Juan Carlos Arenas Gómez- Profesor Instituto de Estudios Políticos

El análisis de algunos datos de los 117 822 candidatos a las elecciones del 27 de octubre de 2019, plantea preguntas sobre el papel de los partidos al ordenar la oferta electoral, la ausencia de jóvenes en algunas aspiraciones y de la participación efectiva de las mujeres en cargos de representación.
 

Construcción propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Infografías: Mónica Paola Valencia Arismendy.

El próximo 27 de octubre elegiremos en Colombia gobernadores, alcaldes e integrantes de los diversos cuerpos colegiados a nivel departamental y municipal. La lista de aspirantes asciende a la no despreciable cifra de 117 822 candidatos, que se disputan alguno de los 20 428 cargos de elección popular. 

Las asambleas y los concejos son los más codiciados. Para las primeras se postulan nueve candidatos por cada silla disponible y, para los segundos, hay ocho para cada curul. En contraste, el cargo de edil, es decir, el de mayor proximidad con los ciudadanos en los barrios, es el que menos ambición despierta. 

Las gobernaciones y las alcaldías, por su parte, están en una situación intermedia con cinco aspirantes por cada cargo a proveer. Y si miramos las capitales departamentales, se hace más evidente la fragmentación de los aspirantes a estos cargos. De las 32 capitales del país, 26 tienen entre 6 y 15 candidatos en contienda. Este patrón confirma que los puestos mejor dotados tanto de recursos como de influencia son los más codiciados y que los partidos políticos hacen poco por evitar que en estos casos se produzca una explosión de aspiraciones. 

Ausencia de acuerdos mínimos

En medio de una competencia de esta magnitud, se esperaría que los partidos políticos cumplieran con su función de ordenar la oferta electoral. Esto significa presentar un número razonable de alternativas y abogar por que estas ostenten algunas ideas claras y distintas respecto a otros competidores, de tal manera que los electores tengan ante sí opciones reales para escoger. Siguiendo este criterio, esas opciones deben representar una pluralidad de visiones sobre la conducción de los destinos de aquellos lugares que se pretenden gobernar y, desde una perspectiva más general, el sistema debe garantizar que el debate en la opinión pública sea amplio, razonable y sin estigmatización. 

Incluso, desde un punto de vista estratégico, los partidos y los políticos que los integran aumentan sus chances de éxito cuando las alternativas que representan puedan sumar apoyos, coordinar distintas fuerzas, superar los umbrales de dispersión y constituirse en una opción significativa también por el respaldo político subyacente. Pero si los partidos no logran acuerdos mínimos entre sus integrantes, las elecciones siempre serán más caóticas, avalarán más políticos, pero no necesariamente presentarán mejores alternativas para los ciudadanos. Los casos más extremos a los que nos referimos están ejemplificados por ciudades como Medellín, Cartagena, Cúcuta, Popayán, Manizales, Bucaramanga, Riohacha, Villavicencio y Yopal, en los cuales la disputa por la alcaldía se da entre 10 y 15 aspirantes. 

Avales, coaliciones y firmas

Ahora, detengámonos en el respaldo formal que los candidatos reciben de un partido, de una coalición o de un grupo significativo de ciudadanos. Los 17 partidos que actualmente tienen personería jurídica le concedieron el aval a más del 93 % de los candidatos, mientras que el 4.8 % inscribió su candidatura por una coalición que integra dos o más partidos y solo el 2.1 % de los aspirantes respaldó su candidatura a través de firmas.

Quienes más usaron el mecanismo de firmas fueron los candidatos a las gobernaciones; quienes menos, los aspirantes a las juntas de acción local — JAL — y a las asambleas departamentales. La conformación de coaliciones como estrategia fue más recurrente en cargos uninominales: 40 % de quienes se postularon a gobernaciones y 25 % de quienes lo hicieron a las alcaldías. Mientras que el reino en el que los partidos aun controlan la mayor parte del juego político son los cuerpos colegiados. En los concejos y las JAL, por ejemplo, por cada 100 inscritos, 94 recibieron el respaldo de algún partido político. 

A esta descripción hay que agregar dos hechos más. En primer lugar, la participación de mujeres. Los partidos, las coaliciones y los grupos significativos de ciudadanos propician esta participación de manera diferencial. Para los cargos uninominales, esta participación tiene un techo del 15 % en candidaturas a las alcaldías y del 12 % para las gobernaciones. 

De otra parte, los partidos están obligados a integrar sus listas para cuerpos colegiados por lo menos con el 30 % de mujeres, lo que ha permitido que, al menos en términos formales, esta participación se sostenga por el orden del 37 % para los casos de asambleas y concejos, y del 43.7 % en las listas que compiten por las JAL. 

Este panorama deja abiertas tres preguntas: ¿Qué porcentaje de esta participación se concreta efectivamente en elección de mujeres en cargos de representación o de gobierno? ¿Por qué la participación de las mujeres se concreta en mayor medida en los cargos que tienen más proximidad a la comunidad? ¿Qué significa que tales cargos sean los que están más desprovistos de recursos y capacidad de influencia? 

¿Y los jóvenes qué?

En el caso de las gobernaciones no hay candidatos menores de 25 años y para la alcaldía solo representan el 0.8 % de los postulados. De otra parte, los jóvenes entre 18 y 25 años tienen mayor opción de participar en los cuerpos colegiados, y dentro de estos en las JAL (11.5 %) y en los concejos (10.7 %). 

Lo anterior se explica seguramente porque la Ley estatutaria 1475 de 2011 ofrece estímulos económicos a los partidos políticos de acuerdo con la proporción de jóvenes que resulten electos en los cuerpos colegiados, al tiempo que este tipo de postulación constituye el inicio típico de una carrera política que ayudará, en el futuro, a postularse a otra clase de cargo electivo, para los que se requiera mayor experiencia y trayectoria en la lucha política. 

Una observación final. En los últimos años se ha incrementado el número de partidos políticos con personería jurídica, muchos de los cuales carecen de respaldo visible, plataforma y estructuras organizativas serias. Lo inconveniente es que la situación empieza a configurar un nuevo riesgo de hiperfragmentación, situación que había sido superada después de la reforma política de 2003 y a la que resulta muy inconveniente retornar.

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