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Incertidumbre económica en entes territoriales por COVID -19

09/04/2020
Por: Jennifer Restrepo de la Pava - Periodista

Con simulaciones, expertos en economía de la Universidad de Antioquia analizan posibles escenarios financieros de los entes territoriales debido a la COVID -19. Según las predicciones, los ingresos de libre destinación en municipios y departamentos colombianos se podrían reducir en un 10 % y un 20 %.

La mayoría de los municipios que estarían afectados son categoría 6, es decir, los más pobres. Foto cortesía: Gobernación de Antioquia. 

Aunque aún no se conoce la magnitud de los impactos económicos en los 1.102 municipios y 32 departamentos de Colombia debido a la coyuntura actual, economistas calculan que, por lo menos, 8 departamentos y 368 municipios superarían la proporción de gastos permitidos por la ley.
 
Así lo advierte el trabajo realizado por el Grupo de Investigación de Macroeconomía Aplicada, de la Facultad de Ciencias Económicas, en el que a través de simulaciones, exploran dos posibles escenarios ante la pandemia de la COVID - 19.

Algunas medidas adoptadas por alcaldes y gobernadores para minimizar las pérdidas económicas en sus territorios como la suspensión del cobro de impuestos, la modificación de las vocaciones productivas de las fábricas de licores y las inversiones en infraestructura en salud en tiempo récord, conllevan una reducción en los ingresos de libre destinación. 

Cabe destacar que pese a que los ingresos disminuyen, los gastos de funcionamiento que son poco flexibles, se mantienen constantes.

«En este sentido, se realizó una simulación con dos escenarios posibles relativamente optimistas: Una caída de los ingresos corrientes de libre destinación –ICLD– del 10% y una caída del 20%. Y con esto se estima la cantidad de municipios y departamentos que incumplirían Ley 617, y por ende tendrían menos ingresos, problemas de acceso al crédito, y otras consecuencias. Este ejercicio se realizó usando los datos del Departamento Nacional de Planeación para los 1.101 municipios medidos», explica el estudio. 

Uno de los investigadores, Edwin Esteban Torres Gómez, explicó que hay un riesgo muy alto de que muchos municipios incumplan estos límites de los indicadores, «Fundamentalmente dos indicadores que se deben ver muy afectados por esta situación, el primero y el más importante es el de la Ley 617 de 2000 y el indicador de Ley 358 de 1997». 

Según el análisis, el indicador de Ley 617 del 2000 mide la relación entre los gastos de funcionamiento de municipios y departamentos y la generación de ingresos corrientes de libre destinación, que son los recursos que están usando ahora los entes territoriales para atender la pandemia. 

«Teniendo en cuenta su categoría, los departamentos y los municipios tienen unos límites para este indicador. Por ejemplo, un municipio de categoría especial, como Medellín, tiene un límite del 50%, es decir, que sus gastos en funcionamiento no pueden superar el 50 % de sus ingresos corrientes de libre destinación. En los municipios de categoría 6 (los más pobres), el límite es el 80%», señaló el profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UdeA.

Si algún municipio o departamento sobrepasa ese límite de gastos de funcionamiento, enfrentará  varias implicaciones con el Ministerio de Hacienda.
Por su parte, el indicador de Ley 358 de 1997 que mide la sostenibilidad de la deuda, también tendría problemas por la disminución en los ingresos corrientes y la presión actual para contratar deuda nueva.

«Por lo cual, el panorama para municipios y departamentos resultaría bastante oscuro, sin posibilidad de financiar su funcionamiento con recursos propios y con restricciones para el acceso al crédito y a recursos del Sistema General de Participación –SGP-», indica el estudio. 

Urabá antioqueño. Cortesía Gobernación de Antioquia. 

Panorama municipios colombianos

Escenario 1: reducción del 10% del ICLD

Para la vigencia 2018, 49 municipios colombianos sobrepasaron el límite del indicador de Ley 617. En el primer escenario simulado por los expertos, con una disminución del 10% de los ingresos, de 49 pasaríamos a 180 municipios, de los cuales, 170 son categoría 6. Sin embargo, de acuerdo con la investigación, este escenario es el más optimista de los dos planteados. 

Escenario 2: reducción del 20% del ICLD


En esta simulación, con una reducción del 20 % de los ingresos, 368 municipios incumplirían la Ley 617. La investigación señala que estos municipios tendrían restricciones de acceso al crédito, problemas para apalancar su funcionamiento, pérdida de recursos e incapacidad para generar políticas y programas para mitigar los efectos de la pandemia en sus territorios. Además, concentrados en los municipios de categoría 6, es decir, los más pobres.

Según los expertos, estos entes territoriales no podrán acceder a recursos de crédito ni con bancos públicos o entidades privadas, además, corren el riesgo de bajar la categoría, lo que implica que se reducen los salarios para funcionarios públicos sobre todo en primer nivel, y lo más importante. Si sobrepasan el límite del indicador 617 pierden acceso a unos recursos que distribuye el Gobierno Nacional a través del Sistema General de Participación –SGP- que son recursos que se asignan de acuerdo a la eficiencia administrativa y fiscal por parte del Departamento Nacional de Planeación. 

En pocas palabras, «vamos a tener un montón de municipios desfinanciados, sin acceso a crédito que no van a tener como hacer políticas para reactivar su economías y mucho menos como pagar sus gastos de funcionamiento y tampoco van a tener posibilidades de atender la coyuntura actual», agregó el profesor de economía Edwin Gómez.

Municipios de Antioquia 


De acuerdo con los economistas, si se analizan específicamente los municipios del departamento de Antioquia, el nivel de incumplimiento estaría por encima del promedio nacional. 

«Para 2018, en Antioquia, 5 municipios incumplieron con su indicador de 617. Sin embargo, si se da una disminución generalizada de los ICLD del 10%, la cifra pasaría a 37 municipios. Si la disminución es del 20%, serán 67 municipios, llevando a un escenario en el que habría más de la mitad de los municipios de Antioquia con problemas de financiamiento y restricción para acceder a recursos del crédito», advierte la investigación. 

El estudio concluye que en todos los municipios, la baja dinámica económica implicará necesariamente deducciones directas en el recaudo del impuesto de industria y comercio.

Panorama departamentos

«En lo que respecta a los departamentos, se tiene que 4 departamentos sobrepasaron el límite en la vigencia de 2018. Al plantear los escenarios anteriores, se tiene un incremento del 100% de los departamentos de incumplen la ley. Es decir, 8 departamentos incumplirían el límite del indicador», señalan los expertos. 

En los departamentos, de acuerdo con los economistas, se reducirán los ingresos por licores (especialmente en Antioquia, Caldas, Cundinamarca y Valle) y también los ingresos por impuesto vehicular, degüello, entre otros.

Sugerencias para el Gobierno Nacional

Imagen cortesía Pixabay. 

La investigación enfatiza que el Gobierno Nacional «debe buscar mecanismos que permitan canalizar las ayudas, recursos y programas para enfrentar el COVID-19 mediante los entes territoriales, buscando mejoras en la descentralización y el uso de los recursos, y asegurando que se llegue a todos los rincones del país. Es necesario que se diseñe un plan de reactivación económica de largo plazo y para eso será necesario flexibilizar la Ley 617 del 2000 y la Ley 358 de 1997. La mejor forma de enfrentar la problemática actual es remando todos en la misma dirección»

Al respecto, el coordinador del Grupo de Macroeconomía Aplicada, Mauricio López González, explicó cómo podría ser esa flexibilización de la Ley 617 ante estas circunstancias. 

«Por este año se pueden modificar los topes establecidos por ley y se pueden exonerar de la penalización a los municipios que incumplan la Ley. Al final de año, se sugiere analizar los casos de incumplimientos uno a uno, para determinar las causas, si estas son por el COVID - 19, el Gobierno podría ser más laxo en sus sanciones. Modificar la Ley 617  es una necesidad sentida desde hace varios años» explicó Mauricio López. 

La descentralización de los recursos para afrontar la pandemia es uno de los principales temas a analizar.

«El Gobierno se está apalancando durante esta contingencia con recursos del Fondo para la Mitigación de la Emergencia -FOME, que a su vez se alimenta del Fondo de Ahorro y Estabilización, FAE, que usa recursos de los departamentos, sin embargo, todas las políticas y recursos están en cabeza del Ministerio de Hacienda, la solicitud es que busque mecanismos para que los recursos se descentralicen y los departamentos y municipios también tengan acceso a esos recursos para atender a su población» dijo el profesor Edwin Torres. 

El coordinador del Grupo de Macroeconomía Aplicada, reiteró que los principales afectados serían para los municipios y los departamentos «En realidad tenemos tiempo, no son acciones que debamos tomar de inmediato, pero entre más rápido mejor, porque se le da claridad y certeza a los municipios en cuanto a la forma que han de gestionar sus recursos y manejar su hacienda».

Los economistas, además, hacen un llamado al Gobierno Nacional para hacer partícipe a los entes territoriales de los recursos del Fondo para la Mitigación de la Emergencia -FOME, pues los municipios y departamentos presentan necesidades claras de recursos para atender a su población por la contingencia. 

Lee la investigación completa:


 

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